Tres empresarios informáticos vallisoletanos confirman al juez que realizaron trabajos para Sacyl

El magistrado les interrogó sobre cuatro facturas de 858.000 euros, cuya existencia niegan en la Junta

J. MORENOValladolid

Tres empresarios informáticos vallisoletanos confirmaron ayer al juez de Instrucción número 4 que realizaron trabajos para la Consejería de Sanidad, entre los años 2006 y 2007, y cuyo pago se realizó a través de cuatro facturas que sumaron 858.000 euros. Estos pagos son investigados por el juez después de que el pasado año el titular de Primera Instancia número 12 detectase irregularidades en el concurso de acreedores de Castilla Informática Consulting (CIC), en donde se cuestionaron dichos importes que dos funcionarios de la Junta por la falta de realización.

Los empresarios de CIC que declararon ayer como imputados fueron Juan V. G., José María V. G. y José E. R., que estuvieron al frente de esta empresa informática. Los tres declararon cerca de tres horas ante su letrado y el abogado de la empresa Ingenus Team, propiedad del industrial Juan Posadas, que se considera perjudicada en la consignación de estos importes dentro de la masa concursal.

Los tres empresarios explicaron al magistrado en que consistían los trabajos de asistencia informática que les encargaron desde la Gerencia de Sacyl, y que se realizaron por parte de un equipo de 40 personas en las oficinas que CIC tenía en García Morato, así como en las sedes de la Consejería de Sanidad.

Reconocieron además que era habitual que primero hicieran los trabajos por necesidades urgentes, para luego recibir la adjudicación de la Junta con el expediente administrativo. En este sentido indicaron que durante los años 2002 y 2003, periodo en el que se recibieron las transferencias de Sanidad siendo consejero Carlos Fernández Carriedo y gerente de Sacyl, Antonio Sáez, facturaron «sin ningún contrato de adjudicación» a la Junta trabajos informáticos por importe de 1,5 millones de euros, cantidad que no cobraron hasta finales del 2004 cuando por el Consejo de Gobierno reconoció dicho pago.

«Esta forma de actuar en la Administración era normal ya que se recibieron las competencias y se trabajaba sobre la marcha», explicaron al juez. En el caso de las cuatro facturas, la Junta ha indicado que estos trabajos fueron realizados por otras empresas ajenas a CIC. Ingenius Team sostiene que las facturas se elaboraron para perjudicarle en la constitución de la empresa Nodalia, en diciembre del 2007. El reparto de acciones en esta se hizo por el activo de CIC y Ingenius Team, y la acusación particular mantiene que las facturas de 858.000 euros se elaboraron para elevar el activo de CIC y controlar así Nodalia una semana antes de su constitución. La declaración de los empresarios se hizo sin la presencia del Ministerio Fiscal, algo que ha sido cuestionado por el abogado de la acusación. La Fiscalía pidió en su día el archivo de las diligencias.

A la vista de las declaraciones de ayer, el juez decidirá en las próximas horas si llama a declarar a otra persona relacionada con la gestión de CIC y Nodalia. Mientras tanto deberá escuchar a los funcionarios de la Junta, Jesús García Cruces y Valentín Elena Casado, que durante el concurso de acreedores en Primera Instancia 12 negaron en la sala de vistas que dichas facturas respondieran a trabajos realizados para Sanidad. El juez quiere aclarar si existe o no falsedad documental o falso testimonio.

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