Nueve de cada diez edificios de más de 40 años de antigüedad presentan un buen estado de conservación

Solo el 18% de los 9.672 inmuebles obligados a pasar la inspección técnica la han realizado

J. A.VALLADOLID
La Victoria es uno de los barrios con más inmuebles obligados a pasar la ITE. / G. VILLAMIL/
La Victoria es uno de los barrios con más inmuebles obligados a pasar la ITE. / G. VILLAMIL

El parque de viviendas más veterano de la ciudad goza de buena salud. Así se desprende de los datos aportados por la Concejalía de Urbanismo sobre las inspecciones técnicas de edificios, un requerimiento legal, que en Valladolid entró en vigor en 2010 y que obliga a las comunidades de propietarios de inmuebles de más de cuarenta años a revisar a fondo los edificios para detectar posibles patologías y evitar problemas de salubridad o seguridad. Nueve de cada diez análisis realizados durante 2011 han sido favorables, lo que, en opinión de los técnicos municipales, «pone de manifiesto un importante grado de cumplimiento de los ciudadanos del deber de conservación».

Los informes que maneja el departamento que gestiona Cristina Vidal reflejan un repunte en estas revisiones. Si en un principio costó que los portales e inmuebles afectados asumieran el deber de pasar esta 'ITV' urbanística por el desconocimiento de la norma y el miedo que generaba asumir una derrama inesperada, la publicación de un bando de Alcaldía a principios de 2011, en el que se recordaba el deber de chequear los bloques, provocó un incremento notable de estas inspecciones.

En 2010 tan solo se presentaron 19, pero a partir del requerimiento de la máxima autoridad municipal han sido 1.773 las comunidades que han abordado el examen, que conlleva la realización de un diagnóstico que afecta a cubiertas, fachadas, instalaciones de redes eléctricas o de gas, así como de las propias viviendas.

No obstante, aún quedan 7.889 portales u otro tipo de edificaciones antiguas que deben abordar el análisis, según los datos del Ayuntamiento, que contempla sanciones de entre 10.000 y 300.000 euros para quienes no cumplan con la ley.

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