Las acusaciones denuncian que una deficiente investigación policial mediatiza el juicio por el tiroteo de los 'Miguelones'

La policía dio más credibilidad a la versión de la familia acusada y dejó de hacer una serie de pruebas vitales para el caso

EUROPA PRESS/Valladolid

El Ministerio Fiscal y la acusación particular en el juicio que se sigue por el tiroteo de 'Miguelones' contra 'Monchines' registrado en junio de 2004 en Valladolid, donde dos hermanos del primero de ambos clanes gitanos están acusados de dar muerte a tiros a un miembro de la segunda familia y de herir a otros cuatro, denunciaron hoy, en la octava y última jornada celebrada en la Audiencia Provincial, que la deficiente investigación efectuada por la Policía Nacional ha condicionado y complicado dicho proceso judicial.

Ambos acusadores, público y particular, se mostraron unánimes al censurar con dureza el informe inicial elaborado por la policía a raíz de que se produjeran los hechos por cuanto, según criticaron, dio por válida la versión ofrecida por el menor de los dos 'Miguelones' acusados, Miguel J.G. ('Pitu'), cuando desde el principio se autoinculpó y aseguró ser el único responsable del tiroteo.

A ese "gravísimo error" las acusaciones achacan que la policía tan sólo efectuara la prueba de kit de residuos al citado joven para comprobar si efectivamente había disparado y, en cambio, no se hiciera lo propio con su hermano mayor, el también acusado Manuel, y el padre de ambos, Carlos, contra quien finalmente no se ha seguido la causa pero que pasó casi medio año en prisión por estos hechos.

"El problema es que la policía, movida por la fama que los 'Monchines' tienen en Valladolid, ha dado únicamente credibilidad a la versión de los acusados", sentenció el letrado Francisco Gómez Llorente, que ejercita la acusación particular en representación del fallecido y de los heridos.

A ello añaden los acusadores que ni siquiera la policía conservara las ropas de los tiroteados tras ser asistidos en el Hospital Clínico Universitario, algo que hubiera sido de gran importancia para determinar las distancias a las que fueron efectuados los disparos.

Aunque los acusadores difieren en la calificación de los hechos, ya que el fiscal entiende que Miguel y Manuel J.G. son autores de un delito de homicidio y tres delitos de tentativa de homicidio por los que pide para cada uno 35 años de cárcel, frente a los 51 años que solicita la acusación particular por entender que hubo "alevosía" y por ello se trata de asesinato y tentativas de asesinato, sí mantienen una posición unánime respecto de que el día de autos no hubo intercambio de disparos entre ambos clanes gitanos.

Y es que entienden que no ha quedado acreditado que los 'Monchines' utilizaran arma de fuego alguna y, en cambio, sí se ha probado que las doce balas percutidas sobre las 14.30 horas del día 15 de junio de 2004 en la confluencia de las calles Faisán y Pavo Real, en el barrio de Pajarillos, partieron de las dos pistolas Star y Walter que portaban los dos 'Miguelones' acusados, quienes, curiosamente, no sufrieron ni un solo rasguño.

Doce tiros y ocho dianas

Aunque el 'Pitu' exculpó a su hermano y sostuvo que las dos pistolas las disparó él para salvar su vida, ya que le salieron al paso miembros del clan rival, las acusaciones consideran "increíble" su versión, sobre todo porque el joven explicó que apretó el gatillo a la carrera y sin apuntar a sus adversarios.

"De los doce tiros efectuados sólo erró cuatro, ya que con el resto hizo diana en las víctimas", advirtió el fiscal, quien añadió que eso prueba que en el tiroteo participó igualmente su hermano mayor, máxime cuando en las lesiones de los heridos se aprecian también dos trayectorias bien diferenciadas.

En cuanto al origen de la reyerta, tanto el fiscal como la acusación particular, que desechan la legítima defensa o el miedo insuperable esgrimidos por la defensa como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, están convencidos de que la familia de los 'Miguelones' no estaba dispuesta a permitir que la 'Monchín' Aroa R.C, esposa de 'Pitu', mantuviera su decisión de abandonar a su marido, sobre todo cuando se hallaba esperando su primer hijo.

"Las acusaciones han fracasado"

Frente a lo declarado por las acusaciones pública y privada, que amén de las citadas penas de cárcel solicitan indemnizaciones por valor de 336.000 y 500.000 euros, respectivamente, el letrado de la defensa, ejercida por Marcos García Montes, insistió en su petición de solicitar la absolución de sus patrocinados, en el caso del mayor de los hermanos porque no participó en los hechos y en el del menor porque, según entiende, actuó en defensa propia.

Para este último, alternativamente y en caso de sentencia condenatoria, solicitó una pena mínima de 7 años por delito de homicidio y tres delitos de lesiones.

En cualquiera de los casos, García Montes no dudo al asegurar que "las acusaciones han fracaso", en referencia a que no lograron determinar cuál de los dos hermanos portaba una u otra pistola y quién de ellos disparó contra el fallecido y las cuatro personas que resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

"Con eso, nos podemos ir todos para casa porque las acusaciones han fracasado", insistió el letrado, quien achacó a la frustración de los acusadores las denuncias públicas formuladas contra la policía por la investigación realizada. "Han tenido dos años para traer a esta sala las pruebas y no lo han hecho", concluyó el defensor, no sin antes criticar tanto al fiscal como al representante legal de las víctimas por jugar durante los ocho últimos días a la "ceremonia de la confusión".