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ALICIA PÉREZ
Viernes, 26 de mayo 2017, 18:34
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La Fiscalía de Zamora sostiene que había un engranaje para obtener beneficios en la denominada como trama solar de Zamora, que se ha juzgado con jurado popular durante esta semana en la Audiencia Provincial.
Ese engranaje, término que utilizó el fiscal tras las críticas a la denominación como trama solar que hicieron los abogados de la defensa, tenía la finalidad de que los cinco acusados obtuvieran un beneficio económico, según apuntó la Fiscalía, un supuesto plan urdido que no existe para la defensa.
En su escrito de conclusiones finales, el fiscal mantiene la acusación para el exjefe del Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora, José Francisco Bahamonde, de un delito de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios. Para las otras cuatro personas que se han sentado en el banquillo durante las cinco jornadas del juicio, el hijo de Bahamonde, Javier Bahamonde; la socia de este y amiga del padre, Blanca Blanco; el exjefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente, y el expresidente de Pevafersa Vicente Fernández Manso, mantiene la acusación de un delito de tráfico de influencias, aunque con la reducción de la pena de prisión de un año y medio de cárcel a un año, por cuestiones procedimentales. De forma alternativa a esta pena, pide para los cuatro encausados una multa como autores cooperadores necesarios de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
El abogado de la defensa, Javier Gómez de Liaño, elevó a definitivas sus conclusiones por «la no culpabilidad y la no existencia de los hechos punibles en los cinco acusados». Defendió el letrado que las acusaciones que hace el Ministerio Público son imaginarias y que por lo tanto, no son, ni como hechos ni como conductas, merecedoras de un reproche. «Las imputaciones que el Ministerio Fiscal hace a los acusados son fruto de un error, cuando no de una acusación gratuita, y esto lo sostengo desde el mismo momento que conocí este asunto», manifestó Gómez de Liaño, quien añadió que este proceso le pareció una fábula desde que comenzó a trabajar en él.
Lanzó también el abogado contra el contrato presentado por un expresidente de Pevafersa porque las pruebas «tienen que tener un origen lícito», algo que rebatió la Fiscalía al recordar que el documento fue aceptado como prueba por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Muy crítico con el Ministerio Público se mostró Gómez de Liaño al asegurar que se trata de un caso de «a ver si encuentro algo», de «tirar la caña a ver si pesco algo», lo que calificó como «una miseria de la justicia procesalmente hablando en Derecho».
La otra abogada de la defensa, María Dolores Márquez de Prado, insistió en la inocencia de los cinco defendidos y en que ha quedado plenamente acreditado que «no merecen el más mínimo reproche». Sostiene que los exjefes de Industria y de Iberdrola se ajustaron al procedimiento legal y que el resto de acusados no pidieron favor alguno a Bahamonde porque «nada podía hacer en un procedimiento reglado y tasado». Era, para Márquez de Prado, un delito imposible, como «matar a alguien con un conjuro».
Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, se dirigió al jurado para explicar la labor del Ministerio Fiscal. «Estoy aquí porque, basándome en un interés público, he considerado que había que llevar a juicio este procedimiento», explicó a los miembros del jurado popular.
«Van a tener que juzgar que el señor Bahamonde era jefe de Industria, la persona de la que dependían los parques fotovoltaicos, y era un funcionario público que no debería aceptar nada», manifestó. «El hecho de que aceptara el 10 de octubre de 2006 el contrato de compraventa de acciones de Sol Sayago, cuando era el jefe de Industria, eso, ya en sí, es un delito porque él ha violado sus deberes de imparcialidad como funcionario público», defendió el fiscal, quien considera que hay un delito también en que firmara autorizaciones para la empresa en la que antes se le había ofrecido participar y en no abstenerse en la autorización de instalaciones fotovoltaicas a esta sociedad en la que después entró su hijo. «Este es el cohecho, ni más ni menos», afirmó la acusación, «no hace falta recibir el dinero, con el consentimiento es suficiente».
Respecto al delito de tráfico de influencias, considera «asombroso» el fiscal que un padre no sepa que su hijo forma parte de una sociedad, como declaró José Bahamonde sobre la relación de su hijo con Sol Sayago. Duda también la Fiscalía de que el exjefe de Industria y el exjefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente, «personas con un prestigio y una experiencia profesional», no supieran lo que firmaban en el contrato del 10 de octubre de 2006, documento que los acusados sostienen que no llegó a tener validez, mientras que el fiscal cree que lo redactó el hijo de Bahamonde como asesor jurídico de la empresa Pevafersa. Asegura el fiscal jefe que los acusados de tráfico de influencias obtuvieron un beneficio y que hubo una influencia directa sobre Bahamonde.
Considera el fiscal en cuanto al delito de negociación prohibida a funcionarios, del que acusa al exjefe de Industria, que se aprovechó de su cargo para obtener unas participaciones fotovoltaicas y que también «se aprovecharon los demás».
«Se buscaba un beneficio, un negocio», apuntó el Ministerio Fiscal, «ese era el negocio boyante y no querían perder su participación».
El lunes se fijará el objeto del veredicto en la Audiencia Provincial y los miembros del tribunal del jurado se retirarán a deliberar.
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