Cargos y excargos de la Junta coinciden en que se hubieran abstenido en autorizar fotovoltaicas a familiares

Altos cargos y excargos de la Junta de Castilla y León han coincidido en asegurar que se hubieran abstenido en el caso de estar en el puesto de José Francisco Bahamonde como jefe del Servicio de Industria de Zamora y de tener que firmar autorizaciones de instalaciones fotovoltaicas a sociedades a las que pertenecían familiares. Lo han hecho en la cuarta jornada del juicio con jurado popular de la trama solar en la Audiencia Provincial de Zamora, un día después de que la actual secretaria territorial de la Junta y sucesora de Bahamonde en la Jefatura de Industria, Carmen Rodríguez Maseda, apuntara a la existencia de una incompatibilidad para que Bahamonde firmara las autorizaciones a sociedades en las que aparecía su hijo, Javier Bahamonde González.

El exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora entre 2004 y 2007, Óscar Reguera, explicó que él se abstendría por el deber de imparcialidad o de apariencia de imparcialidad. Sin embargo, insistió en que la ausencia de ese deber de abstención en un acto reglado, como es la autorización de parques solares, no presupone determinar que el acto sea parcial.

«Yo me hubiera abstenido, pero por un compromiso moral, estético, de cumplimiento de la norma y cuyo incumplimiento determinaría una cierta reprobación administrativa», señaló asegurando que si el acto en el que no se ha producido la abstención no es injusto, tan solo se podrá reprobar a la persona como funcionario público y no por un ilícito. «Si nos ponemos estupendos en la vida, llega un momento que, de pura escrupulosidad, llegamos a ser extrañamente legalistas», afirmó ante el tribunal del jurado.

Se pronunció también sobre ese deber de abstención el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien entiende que cuando alguien tiene que firmar una resolución en la Administración y sabe que esa resolución tiene algún interés, lo normal es solicitar al superior la abstención y que sea otra persona quien la firme. «Yo de hecho lo hago. Soy consejero de alguna empresa pública que utiliza por ejemplo derechos mineros y cuando me toca resolver sobre algo relacionado con esos derechos, me abstengo», ejemplificó.

Comparecieron además, en la jornada dedicada a los testigos propuestos por la defensa de los cinco acusados, dos exjefes de Industria en Castilla y León en el periodo en el que también lo fue Bahamonde, el de León, Emilio Fernández Tuñón, y el de Palencia, Francisco Jambrina, quien además fue consejero de Medio Ambiente.

Jefe del Servicio de Industria de Palencia entre 2004 y 2008, Francisco Jambrina fue preguntado por el fiscal qué hubiera hecho en el caso de que su esposa hubiera pedido una autorización mientras él era el responsable de autorizarlas en la provincia palentina. «Si yo hubiera tenido ese conocimiento, no la hubiera pedido o la hubiera pedido habiendo primero renunciado a mi puesto de trabajo», afirmó el exconsejero, quien explicó que los jefes de Industria no tenían que comprobar quién formaba parte de las sociedades que pedían las autorizaciones y que estas se tenían que dar si se cumplían todos los requisitos establecidos.

En este sentido, el director general de Energía y Minas aseguró que no existe la obligación de comprobar las sociedades ni los componentes que piden la autorización, sino que lo que se hace normalmente es solicitar las escrituras, «porque no se tiene obligación de saber las empresas que sean dueñas».

Por su parte, el exjefe de Industria de León entre 1998 y 2008, Emilio Fernández Tuñón, dijo que era imposible que se pudieran alterar los trámites de las autorizaciones porque estos dependían de tres o cuatro consejerías y había entre 15 y 20 pasos distintos antes de la propuesta de autorización al jefe del Servicio. «Es totalmente imposible que favoreciera a alguna persona. Pueden intervenir entre 30 y 40 funcionarios distintos. Cuando Industria eleva la propuesta de resolución, ha pasado por muchas manos», señaló sobre un procedimiento en el que considera por el contrario, que se incurriría en prevaricación si se cumplen punto por punto todos los requisitos y no se firma la autorización.

Coincidieron todos en explicar que se trata de un proceso reglado y tasado y que además afecta a otras administraciones como los ayuntamientos o servicios de la Delegación Territorial competentes en materia de urbanismo y en aspectos medioambientales. «Es un cúmulo de papeles, de trámites necesarios, y si se cumplían, se procedía a la autorización», manifestó el exdelegado Óscar Reguera, quien cree que en el caso de que se autorizaran sin cumplir los requisitos establecidos, sería fácil de comprobar y de probar porque dejaría pruebas.

Entre los testigos propuestos por los abogados de la defensa, estuvo Francisco Javier Valle, exadministrador de la sociedad Sol Sayago, quien negó que hubiera habido un reparto de beneficios en esta entidad, sino que el dinero obtenido por la venta de una parcela en Bermillo de Sayago se reinvirtió en la puesta en marcha de otras dos instalaciones fotovoltaicas.

Por las declaraciones a las preguntas formuladas por el fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, quien ejerce la acusación, la cuantía de ese beneficio se estima entre 600.000 euros y un millón de euros de una venta total de 24 millones por una potencia instalada de tres megavatios.

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