El Norte de Castilla

El PP confía en que los grupos «recapaciten» para aprobar la ley del alto cargo con el mayor respaldo

Reunión de las Cortes con instituciones zamoranas en la Catedral de Zamora
Reunión de las Cortes con instituciones zamoranas en la Catedral de Zamora. / A. PÉREZ
  • La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes se reúnen en Zamora para preparar el pleno en el que se debatirá el texto

El Grupo del PP en las Cortes de Castilla y León confía en que los grupos parlamentarios en la oposición, a excepción de Ciudadanos, de quien ya tiene garantizado el apoyo, recapaciten hasta el pleno del próximo martes y el Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos salga adelante con el mayor respaldo posible. Así lo deseó el portavoz popular, Juan José Sanz Vitorio, tras la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de las Cortes para decidir el orden del día de la sesión plenaria.

Ambas reuniones tuvieron lugar hoy en la Capilla de Santiago de la Catedral de Zamora, en una iniciativa que llevará al Parlamento autonómico por lugares emblemáticos e históricos de todas las capitales de provincia con el objetivo de acercar esta labor a la sociedad, según explicó la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente.

«Hasta justo antes del debate, estamos dispuestos a encontrar cuanto más respaldo mejor», afirmó Sanz Vitorio, quien negó que haya un informe contrario de los letrados de la institución regional y se mostró crítico con las formaciones que han mostrado su rechazo al proyecto. Manifestó el portavoz de los populares que esta iniciativa ha supuesto una puesta frente al espejo de algunos regeneradores que cuando se han mirado al espejo, no les ha gustado lo que han visto de sí mismos. «Se ha descubierto que no tienen ninguna voluntad real de regeneración», manifestó sobre «unos regeneradores de boquilla y de teatro».

Aseguró además que se han tenido en cuenta algunas consideraciones que hicieron los letrados de las Cortes y que otras se aprobarán en pleno y se incorporarán como enmiendas de los grupos el próximo martes. Hizo referencia también a las críticas «malintencionadas» sobre que la ley no tiene carácter retroactivo, una retroactividad que conllevaría, según defendió, vulnerar la elección que de los procuradores hace el propio ciudadano.

«Nos parece absolutamente razonable y lo vamos a respaldar», incidió sobre un texto que sin embargo volvió a encontrar el rechazo de los grupos salvo del de Ciudadanos. Su portavoz, Luis Fuentes, aseguró que no es el proyecto de ley que quiere el Grupo parlamentario pero es un avance en todos los temas de regeneración, según considera el procurador. Además, se mostró de acuerdo con que se lleve a la próxima sesión plenaria al ser una ley que ya ha estado en una ponencia. «Es el momento adecuado de que llegue a debate», defendió.

Sobre lo que definió como «la polémica de la semana», el portavoz socialista, Luis Tudanca, aseguró que es una operación de maquillaje y que no hay nada en el proyecto de ley que suponga un avance en regeneración democrática. Es más, afirmó que con los votos del PP y de Ciudadanos se aprobará un proyecto que retrocede en el control y la vigilancia que había que hacer a los altos cargos.

Sobre esta «connivencia» de PP y Ciudadanos se mostró crítico el portavoz regional de Podemos, Pablo Fernández, quien calificó el proyecto de ley  no de regeneración democrática sino de degeneración democrática. «Tanto el PP como Ciudadanos son a la regeneración democrática lo que Trump al feminismo», ironizó.

Insistió además Pablo Fernández en que el texto adolece de defectos graves y carencias jurídicas que requerirían un mayor estudio y que continuase el debate.

«Se ha cometido un acto de absoluta injusticia», aseguró el procurador de IU-Equo, José Sarrión, tras la inclusión del asunto en el orden del día del próximo pleno. Tildó Sarrión el proyecto de ley del postureo y añadió que en muchas cosas la norma será menos dura que la normativa nacional. «Los propios servicios jurídicos emiten unas notas de que puede ser inconstitucional y antiestatutaria», defendió y explicó que IU estudiará si inicia acciones judiciales al respecto.