El Tribunal de Recursos Contractuales declara nulo el contrato de la ORA de Zamora

  • Estima el recurso presentado por el PP y obliga al Ayuntamiento a elaborar de nuevo los pliegos

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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) ha declarado la nulidad de los pliegos del contrato de la ORA, la grúa y los aparcamientos subterráneos de las plazas de la Constitución y San Martín al estimar el recurso interpuesto por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora.

El Consistorio tendrá que elaborar un nuevo contrato al entender el Tribunal que el recurrido une en un único contrato prestaciones carentes de suficientes relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional, en lugar de licitarlas, "como sería menester", separadamente o dentro de lotes diferenciados de un mismo contrato "para que sean objeto de adjudicación individualizada e independiente".

De esta forma, el Tarccyl paraliza el proceso de licitación y adjudicación hasta que el Ayuntamiento elabore un nuevo pliego. Ante esta resolución cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, una vía judicial a la que el alcalde, Francisco Guarido, ha anunciado ya que no se acudirá. Además, ha explicado que optarán por trocear el contrato para cumplir la resolución.

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Clara San Damián, explicó que trabajan desde hace tiempo en este contrato, el más importante del Consistorio de la capital, con la petición en varias ocasiones de reuniones de la comisión informativa correspondiente. "Dijimos que habíamos detectado en este expediente oscurantismo y falta de transparencia, que no se nos dio ninguna información y no pudimos ver el pliego de condiciones administrativas, tan solo el pliego de las técnicas", aseguró sobre un pliego en el que asegura que detectaron "numerosas irregularidades desde el punto de vista jurídico".

Sostiene también Clara San Damián que la documentación ahora anulada atentaba "gravemente" contra los intereses del Ayuntamiento y de los zamoranos, por lo que decidieron presentar el recurso en vía administrativa. "Entendíamos que diez años era un tiempo excesivo y que hipotecaba por 15 millones de euros a todos los zamoranos. Entendíamos también que el incluir tres objetos en un mismo contrato atentaba gravemente a los intereses de las pequeñas y medianas empresas de Zamora porque limitaba la concurrencia de las empresas zamoranas", manifestó la concejala del PP, quien añadió que la concesión administrativa no era la modalidad correcta porque no había riesgo operacional para la empresa y que no había una consignación presupuestaria en el presupuesto de 2016 ni se garantizaba la subrogación de los trabajadores.

"Esta resolución para nosotros supone que hemos evitado un grave problema en el Ayuntamiento de Zamora. Hemos evitado con esta paralización que se hipoteque por 15 millones de euros a todos los zamoranos y creemos también que vamos a favorecer la concurrencia de las pequeñas y medianas empresas de Zamora y evitamos un gran negocio para alguna empresa multinacional", sostiene San Damián, quien pidió al alcalde que convoque "de manera inmediata" la junta de portavoces y una comisión informativa.

Además, la portavoz de los populares se puso a disposición del equipo de Gobierno y pidió al alcalde que escuche al PP y tenga en cuenta sus aportaciones como oposición ya que hasta ahora "nos están respondiendo con arrogancia, con soberbia y con una temeridad manifiesta en la gestión".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, ha asegurado que la contratación por separado de los tres servicios supondrá un sobrecoste cifrado en 4 millones de euros en diez años y confía en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) amplíe el plazo para que el Ayuntamiento cuente con un nuevo contrato que está anulado por sentencia judicial desde el año 2006.