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El diputado provincial de Zamora y alcalde de Rosinos de la Requejada, Ángel Prada, a su salida del Juzgado de lo Penal tras el juicio
Piden ocho años de inhabilitación para un diputado y su hija

Piden ocho años de inhabilitación para un diputado y su hija

La Fiscalía considera que fueron conscientes de la incompatibilidad que existía para ocupar dos plazas de forma simultánea, pero decidieron no actuar

Alicia Pérez

Lunes, 13 de junio 2016, 22:08

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La Fiscalía Provincial de Zamora pide ocho años de inhabilitación para cargo público para el diputado provincial de Zamora, no adscrito a ningún grupo tras su renuncia a la militancia del PP por este procedimiento, y alcalde de Rosinos de la Requejada, Ángel Prada, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Esta pena también es la que pide el fiscal para la hija del político por haber compatibilizado durante cinco años dos plazas incompatibles, la de secretaria interventora como interina en los Ayuntamientos de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria, y la de personal laboral indefinida al servicio del Ayuntamiento de Galende, todas localidades de la comarca de Sanabria.

Antes de finalizar el juicio, Ángel Prada se mostró «muy sorprendido» de las acusaciones de la Fiscalía de que retrasó o no inició el expediente de revocación del nombramiento como secretaria de su hija, que incurría en una irregularidad y que la juez titular del Juzgado de lo Penal determinará si también en un delito. «Que se haga justicia y que se mire el expediente porque yo en todos los sitios me he abstenido», aseguró, mientras su hija afirmó no saber que la plaza de secretaria interina era incompatible con trabajar también como personal laboral. Estos trabajos los ejerció a la vez desde el 22 de noviembre de 2005, cuando tomó posesión, hasta el mismo mes de 2011, en el que se tuvo conocimiento de la situación irregular por la denuncia de un particular que además es familiar de los encausados.

Uno de los testigos que ha declarado durante la vista ha sido el director general de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, quien explicó que la Administración regional requirió al Ayuntamiento de Rosinos para que iniciara el expediente de revocación del nombramiento de secretaria. La falta de respuesta del Ayuntamiento del que es alcalde Ángel Prada llevó a la Dirección General a iniciar de oficio el expediente. «Lo lógico hubiera sido que el Ayuntamiento de Rosinos hubiera iniciado el expediente. Como no lo hizo, lo hicimos nosotros de oficio», aseguró ante la juez titular del Juzgado de lo Penal de Zamora.

El fiscal entendió probado, según las conclusiones definitivas, que se trata no de una irregularidad administrativa sino de un delito de prevaricación «no por el nombramiento ilegal sino por lo que ocurre después, que es lo que merece un reproche penal». «Se ha compatibilizado y se han vulnerado las normas en el nombramiento como secretaria de los ayuntamientos, pero les dicen que el nombramiento es ilegal y a partir de aquí comienza la prevaricación porque son conscientes de la irregularidad y deciden no actuar», defendió el fiscal jefe de Zamora.

Por su parte, los abogados de la defensa aseguraron que no ha habido mala fe por parte de nadie en este asunto y que se ha podido cometer irregularidad pero no un delito.

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