La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para Ángel Prada por un delito de prevaricación

La Fiscalía Provincial de Zamora pide la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el diputado provincial en la Diputación de Zamora y alcalde de Rosinos de la Requejada, Ángel Prada Barrios, por un presunto delito de prevaricación por haber permitido supuestamente que su hija ocupara dos plazas incompatibles entre sí, la de secretaria-interventora en los Ayuntamientos de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria, y la de personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Galende.

Así se desprende del escrito de acusación y solicitud de apertura de juicio oral del Ministerio Fiscal, en el que pide también una condena de ocho años de inhabilitación para la hija del diputado, que ejerció ambos cargos desde el 22 de noviembre de 2005, en el que tomó posesión, hasta el mismo mes de 2011, en el que se tuvo conocimiento de la situación irregular por la denuncia de un particular.

El escrito de calificación llega apenas un mes después de que Prada Barrios presentara a finales de octubre en la Diputación de Zamora un escrito de renuncia a todos los cargos y áreas que tenía encomendadas en la institución provincial y de que abandonara el Grupo Popular para pasar al grupo de no adscritos.

Ahora la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación, concretamente de comisión por omisión, porque aunque «conocedores de la irregularidad cometida» tras la denuncia de un particular, no iniciaron un procedimiento de revisión del nombramiento de la acusada. Es más, «conocedores de que se iba a proceder por parte de la Administración autonómica a la revocación de su nombramiento como funcionaria interina y actuando ambos acusados de común acuerdo con la finalidad de impedir la actuación sancionadora», decidieron que la hija solicitara la excedencia voluntaria en el Ayuntamiento de Galende.

De esta forma, uno en calidad de alcalde y otra como secretaria, se considera que paralizaron durante tres años el inicio del expediente revisor del nombramiento para impedir la pérdida del puesto de trabajo. Finalmente, el nombramiento fue declarado ilegal por la Administración autonómica el 24 de julio de 2014.

La Fiscalía considera autores de todos los hechos imputados a los dos acusados, el político y su hija, quienes actuaron «siendo conocedores de la existencia de irregularidades administrativas en su actuación y vulnerando de forma expresa y abiertamente la regulación que rige en la contratación laboral y administrativa en la entidad local de la que formaban parte».

El fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, sostiene en su escrito que el 24 de octubre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Zamora la convocatoria para cubrir por personal interino el puesto de secretaria-interventora de clase tercera de la Agrupación de municipios de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria, y el puesto le fue adjudicado a la acusada, «habiendo sido propuesta por el órgano de selección en el que el presidente era el acusado» como presidente de la Agrupación de municipios.

Esta elección se hizo, según recoge el escrito, «cuando era evidente que la acusada incumplía flagrantemente las normas establecidas para acceder a dicha convocatoria», ya que la base tercera del concurso establecía «con claridad» que los aspirantes no debían estar incursos en causa de incompatibilidad, lo cual se daba en el caso de la aspirante. Aun así, ésta manifestó en declaración jurada que no estaba incursa en causa de incompatibilidad y tomó posesión del cargo el 22 de noviembre de 2005, simultaneando el ejercicio de ambos hasta el mes de noviembre de 2011.

Fue en ese momento cuando se tuvo conocimiento de la situación irregular por la denuncia de un particular. Ahora será la defensa de los acusados la que escriba su escrito de calificación sobre un asunto que se resolverá en juicio.