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Alicia Pérez
Martes, 11 de noviembre 2014, 15:11
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La subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, y el presidente de la Diputación, Fernando Martínez-Maíllo, se han reunido en el salón del plenos del Palacio Provincial con un primer grupo de alcaldes y secretarios municipales para impulsar la aplicación de las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno con el objetivo de racionalizar la situación económica de los ayuntamientos y de erradicar la morosidad en el sector público.
La implantación de la factura electrónica, que será obligatoria desde el 15 de enero de 2015, así como el uso de la plataforma electrónica de la Administración General del Estado para ahorrar recursos han sido los asuntos más destacados de la reunión informativa.
En esta primera ronda informativa, se había convocado a una treintena de alcaldes y secretarios de ayuntamientos con la finalidad de informar, recordar e impulsar diversas medidas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidas por el Gobierno de España y que obligan a las administraciones públicas, en este caso a las entidades locales.
Así dentro del conjunto de reformas que ha promovido el Gobierno para racionalizar la situación económica y erradicar la morosidad en el sector público, se contempla el impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas. Se trata de un documento electrónico que cumple con los mismos requisitos legales que la factura tradicional y será obligatoria para proveedores a partir del 15 de enero de 2015 para importes superiores a 5.000 euros.
Además, se pondrá en funcionamiento el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), una plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado a través de un único punto.
Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán adherirse a este sistema a través de la página https://face.gob.es, en la que también podrán obtener un manual de funcionamiento.
Esta modalidad de factura será obligatoria para todos los proveedores de la Administración, obligación de la que podrán ser excluidas reglamentariamente las facturas cuyo importe sea superior a 5.000 euros.
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