Termina la pesadilla para los vecinos de los pisos ocupados en Santovenia

El edificio del número 3 de la calle Marqués de San Felices, en Santovenia, cuenta aún con cámaras y vigilancia durante las 24 horas. /J.S.
El edificio del número 3 de la calle Marqués de San Felices, en Santovenia, cuenta aún con cámaras y vigilancia durante las 24 horas. / J.S.

Después de tres años conviviendo con okupas, veinte juicios han logrado desalojarlos

J. Sanz
J. SANZValladolid

Solo dos de los seis inquilinos legales de un bloque de medio centenar de viviendas, situado en pleno corazón de Santovenia de Pisuerga, soportaron la presión de convivir durante más de tres años con una veintena de okupas de casi la mitad de un inmueble que quedó abandonado a su mala suerte a raíz de la quiebra en 2013 de la constructora que lo levantó un lustro antes. Su pesadilla ha terminado, aunque puede que tarde para muchos de ellos, después de tres largos años de batalla judicial por parte de la entidad bancaria que asumió la propiedad del denominado Edificio Isla.

Los dueños tardaron dos años en conseguir la titularidad del inmueble, con entrada por el número 3 de la calle Marqués de San Felices, y otro más en culminar los procesos judiciales individualizados con cada uno de los inquilinos ilegales para forzar su desahucio. A día de hoy, según confirmaron ayer fuentes de la entidad y de la propia comunidad de vecinos, ya no quedan okupas en un bloque que desde julio del año pasado cuenta con seguridad privada y cámaras durante las 24 horas del día. La vigilancia física, de hecho, aún se mantiene «para evitar que puedan volver a entrar más personas y garantizar la seguridad de los pocos vecinos que han resistido la difícil convivencia con los okupas», aclaran las fuentes ­consultadas.

Cronoogía

2008
La constructora Jopisa inicia la construcción del Edificio Isla (122 pisos) en Santovenia.
2013
Jopisa quiebra. En la segunda fase solo viven seis vecinos.
2014
Comienza el expolio del bloque y las primeras ocupaciones.
2016
Veinte okupas conviven con los vecinos y la propiedad, un banco, contrata seguridad privada.
2017
Concluye el proceso de desalojo. Los dueños reformarán las casas para sacarlas a la venta.

La vuelta a la normalidad de un edificio que nació gafado prácticamente desde el inicio de su construcción en 2008, en pleno estallido de la crisis inmobilaria, aún tardará en producirse. «Muchas de las viviendas están muy dañadas, faltan radiadores y otros elementos sustraídos durante los últimos años y en algunos pisos hay muchísima suciedad», resumen los propietarios antes de aclarar que su intención es «iniciar las labores de limpieza, rehabilitación y normalización del bloque en las próximas semanas de cara a poder sacar a la venta los pisos, en principio, antes de que acabe el año». Trabajo, desde luego, tienen por ­delante.

El bloque en sí estaba destinado a formar parte de una amplia urbanización de 122 viviendas que se iba a desarrollar en tres fases. La primera se concluyó y habitó con normalidad; la segunda –la del número 3 de Marqués de San Felices– también se terminó, pero solo se vendieron seis pisos antes de la quiebra de la constructora (Jopisa), y la tercera se ­quedó literalmente en el chasis, y así sigue.

Así que ya en 2014, apenas un año después de la entrada en concurso de acreedores de la promotora, los vecinos comenzaron a notar «cosas raras» en forma de marcas en las puertas –las típicas que dejan los ladrones para marcar sus objetivos– y enseguida se sucedieron los robos de radiadores, puertas o cableado. Después comenzó la ocupación ilegal de los pisos vacíos de una manera tímida, pero que se fue acelerando a medida que avanzaban los meses hasta alcanzar un punto, en marzo del año pasado, en el que estaban censados allí la friolera de 22 okupas, muchos de ellos empadronados formalmente en el ­municipio y recibiendo también allí su correo.

Llave en mano

La situación llegó a ser insostenible en un inmueble que carecía de servicios básicos en las zonas comunes –la electricidad se tuvo que cortar y con ello dejaron de funcionar los ascensores– y en el que, al parecer, uno de los primeros inquilinos ilegales se encargaba de realquilar los pisos a los recién llegados, literalmente llave en mano, después de tirar la puerta y cambiar el bombín.

La acumulación de suciedad, la proliferación de robos, los incendios –llegaron a quemar cableado para sacar el cobre en el garaje– y, sobre todo, los problemas de convivencia llegaron a un punto sin retorno en el que cuatro de los vecinos legales decidieron hacer las maletas. Fue entonces cuando la entidad bancaria, que para entonces llevaba ya dos años de litigio en un juzgado burgalés –de allí era la constructora– para asumir la titularidad del inmueble, decidió poner seguridad en el ­portal.

Tampoco la presencia física de vigilantes y las cámaras consiguieron ahuyentar a los okupas. Así que hubo que esperar al final del proceso administrativo de cambio de propiedad para que la entidad bancaria que la asumió comenzara a acudir a los juzgados, ya por la vía penal, hasta conseguir las sucesivas órdenes de desahucio que han vaciado el ­bloque.

«La ocupación de una vivienda es una práctica ilegal, y más en esas condiciones, en las que estaban haciendo la vida imposible a los vecinos y destrozando los pisos; así que poco a poco hemos ido ganando ­todas las sentencias –tuvieron que sentar uno a uno en el banquillo a los más de veinte okupas– y ya se han ejecutado los desalojos», reiteran los propietarios del Edificio Isla.

Los okupas, al menos, desalojaron voluntariamente las viviendas sin más incidentes que la presencia en uno de los pisos de dos perros abandonados en su interior que lo habían destrozado. «Ahora queremos reconducir la situación cuanto antes, devolver la tranquilidad a los dueños de las viviendas y facilitar que puedan recuperar sus vidas cuanto antes», añaden desde la entidad.

Los vigilantes de seguridad, hasta que eso ocurra, continuarán apostados día y noche en el Edificio Isla.

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