Sareb desalojará a 14 inquilinos de Arroyo que no pagaban la renta por falta de servicios

Edificio de Arroyo de la Encomienda donde residen los vecinos que serán desalojados. /RODRIGO JIMÉNEZ
Edificio de Arroyo de la Encomienda donde residen los vecinos que serán desalojados. / RODRIGO JIMÉNEZ

Los vecinos critican a la sociedad bancaria por no negociar alquileres y opciones de compra de los pisos

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Catorce residentes de un edificio en la urbanización Sotoverde, en Arroyo de la Encomienda, están recibiendo estos días las sentencias de al menos cuatro juzgados de Valladolid en las que se les pide que dejen sus pisos tras la demanda que ha promovido la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se hizo con este edificio procedente de Bankia. La entidad fue la encargada de financiar este inmueble a la constructora riojana Urbalid XXI, pero ésta entró en concurso a finales del 2010 durante la crisis.

Con anterioridad, la promotora trató de buscar liquidez alquilando los pisos con contratos de cinco años de duración, en los que se establecían rentas de entre 300 y 400 euros al mes, y donde se incluían los gastos de comunidad.

Unos contratos de alquiler que pasaron a manos de Sareb, el denominado 'banco malo', creado en 2012 por el Gobierno para gestionar los activos inmobiliarios de díficil salida. En el caso de esta promoción, la transmisión del edificio se realizó en diciembre de 2012, y con ella también las rentas de los inquilinos.

Falta de pago para el gas

El edificio, situado en la calle Arnaldo de Vilanova 8, consta de cuatro portales con plazas de garaje y trasteros. «El inmueble llegó a estar lleno en el 2011, pero luego la comunidad comenzó a tener problemas por falta de pago por el gas para la calefacción y limpieza. Y la gente comenzó a marcharse», explica Félix R., uno de los dos únicos propietarios del edificio, que lleva ejerciendo como presidente un lustro. Por su piso pagó antes de la 'búrbuja' más de 200.000 euros.

Durante estos años, los moradores que ahora se pretenden desahuciar se convirtieron en vigilantes de esta propiedad del Sareb, a la que iban comunicando el estado de abandono y los riesgos por robos que se iban produciendo. Enganches a la red eléctrica en cada una de las plantas, retirada de radiadores, grifería y puertas interiores fueron algunos de los 'ataques' que registró el edificio.

«Hemos llegado a pasar verdadero pánico porque había noches que escuchabas golpes para arrancar marcos y puertas. De hecho, un día nos organizamos y pillamos a un grupo en el garaje cuando pretendían cargar el material. Llamamos a la Guardia Civil, ya que no nos convencían que eran también inquilinos», explica una vecina, cuyo desalojo está fijado para mayo.

Según explican los moradores, algún ocupa llegó incluso a dormir en uno de los trasteros «huyendo de la justicia». «Tratamos de echarles avisando a Iberdrola para que les cortasen la luz, y no nos quedó más remedio que poner una puerta blindada en el cuarto de los contadores para dificultar que se engachasen al de la comunidad», dicen.

Estas alertas sirvieron hace tres años para que Sareb diera el paso de abonar las cuotas de la comunidad de los pisos que habían pasado a ser de su titularidad.

«Y desembolsó de golpe 22.000 euros. El administrador que tenemos trató una y otra vez de comunicar con ellos para resolver los problemas, pero nadie se hacía cargo. Debíamos el mantenimiento del ascensor, y llegamos a estar en 2015 sin calefacción durante unos meses. La piscina apenas se ha utilizado por la suciedad que tenía y porque no había fondos para mantenerla», relata el presidente.

Sonia, una de las inquilinas que será desahuciada, explica que cuando se constituyó la comunidad, la constructora que le arrendó el piso debía a la misma 12.000 euros.

«Al cabo de meses, tuvimos que pagar a Hacienda las rentas porque la promotora adeudaba 827.000 euros del 2013. Nos llegó una carta para que hiciéramos los ingresos, y tuvimos que adelantar las cuotas porque Sareb no pagaba».

Sareb alega para estos desahucios el impago de rentas. «Hemos estado años pidiendo que nos dijesen cuál era el número de la cuenta y hemos estado abandonados. Éramos nosotros los que pagamos la comunidad para tener calefacción y agua. Nos hemos cansado de pedir que nos renovasen los contratos», explica Faela, que pagaba 423 euros de alquiler mensual.

Los inquilinos se quejan además que Sareb no haya cumplido con algunas de las condiciones de sus contratos, en los que se recogía que tenían opción a compra, «pero nadie nos ha dicho nada. Ni quieren vender ni alquilar. Hemos tratado de negociar antes del juicio, pero no hay manera. Si van a echar a una jubilada, yo no voy a ser menos», dicen.

Transmisión de la propiedad

Desde hace 30 meses, el edificio dispone de vigilante las 24 horas y cámaras, con las que se pretende evitar los robos y la ocupación.

«El inmueble no está lleno de ocupas porque estuvimos nosotros alertando a la Guardia Civil constantemente para evitar también que se vendiera droga», dice una inquilina. De estas operaciones aportaron fotos y grabaciones que permitieron realizar varias intervenciones, también de la Policía Local.

Los dos únicos propietarios se quejan de que en todo este tiempo Sareb no ha acudido a las Juntas de la Comunidad, en las que los inquilinos no tenían voto al no ser titulares de los pisos. Lamentan también que no se haya negociado una salida antes de proceder al desahucio.

La semana pasada un Juzgado de Instancia dictó la primera sentencia en la que ordena a la inquilina a pagar 5.550 euros por las rentas dejadas de abonar, desde noviembre de 2015 a diciembre del 2017. Además de las costas, acuerda, a petición de Sareb, su «lanzamiento de la vivienda» para el 8 de mayo.

El magistrado da la razón a Sareb puesto que considera que la inquilina ha incumplido el pago de la renta, y el hecho de que el 'banco malo' no le comunicase que se había quedado con el inmueble no implica que no pague el alquiler.

«La transmisión de la propiedad no afecta al arrendamiento, de forma que el arrendatario podrá continuar en el uso y disfrute del inmueble y como contrapartida debe continuar con el pago de la renta al nuevo propietario», dice el fallo de Primera Instancia 8 de Valladolid.

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