Resistencia del entorno del narcotráfico a la reforma del 29 de Octubre

Viviendas del 29 de Octubre.
Viviendas del 29 de Octubre. / R. OTAZO

El Ayuntamiento contrata dos técnicos sociales y un mediador gitano para trabajar con las familias más conflictivas

J. Asua
J. ASUAVALLADOLID

Hay trabajo por delante, más allá de la obra pura y dura. La reforma del polígono de viviendas del 29 de Octubre, situado en el corazón del barrio de Pajarillos, ha logrado, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, un amplio respaldo por parte de los vecinos de los 23 primeros bloques –129 de 138 viviendas visitadas ya han dado su visto bueno–, pero se ha topado con un foco de resistencia previsible. Según consta en un informe de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), fechado el pasado lunes, algunos vecinos «no ven favorable dicha actuación por la mayor presencia tanto policial como de personas ajenas al barrio, que pueden perjudicar determinadas actividades que vienen desarrollándose en la zona». Es una manera eufemística de referirse a las familias que se dedican al narcotráfico en esas calles y a las que no les interesa tener cerca a nadie que les pueda entorpecer el negocio. Buena parte de ellas están enganchadas ilegalmente a los suministros energéticos y cuentan en las fachadas y cubiertas de sus casas con elementos ilegales, que se van a eliminar, lo que propicia también la reticencia a facilitar cualquier tipo de autorización, según se recoge en el mismo documento.

La Concejalía de Servicios Sociales ha contratado dos trabajadores sociales y un mediador gitano para abordar con estos núcleos la situación. Mientras que la licitación de la obra ya está en marcha, aún queda una importante labor, ya que en la mayoría de los casos las comunidades de propietarios están sin constituir, con lo que no se pagan cuotas ni hay interlocutores representativos (presidentes). También hay pisos ocupados ilegalmente, propietarios a los que no se ha podido localizar e inquilinos que no pueden presentar un contrato que acredite la situación de arrendamiento.

Durante los próximos meses el equipo contratado, en colaboración con la Policía Local, tratará de poner en orden todas estas situaciones con el objetivo de afrontar la reforma con las mayores garantías. El Ayuntamiento destina más de tres millones de euros este año a la primera fase de la rehabilitación de esta deteriorada barriada, en la que los vecinos más antiguos han mostrado buena disposición por las actuaciones que se proponen, según afirman los técnicos de VIVA. En la reunión del consejo de administración de la sociedad se aprobó el protocolo de selección de arrendatarios de las viviendas de alquiler social y se informó sobre la adquisición de cincuenta pisos con una inversión de tres millones de euros, destinados a acoger a familias con escasos recursos.

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