Los promotores se topan con los tribunales para expandir la capital vallisoletana con 6.672 viviendas

El Páramo de San Isidro, donde se ubican los nuevos talleres de Renfe, es la única zona autorizada para nuevas viviendas./Ricardo Otazo
El Páramo de San Isidro, donde se ubican los nuevos talleres de Renfe, es la única zona autorizada para nuevas viviendas. / Ricardo Otazo

Una nueva sentencia del TSJ rechaza el desarrollo de Las Riberas al no acreditar su necesidad

J. Asua
J. ASUA

Hay espacio y planeamiento urbanístico en vigor para construir en la denominada ciudad compacta y evitar desarrollos alejados de la trama ya consolidada de la capital vallisoletana. Los promotores urbanísticos topan con los tribunales. Otra vez. En este caso, han sido los propietarios de los suelos de Las Riberas, en el sur del término municipal, los que han visto desestimada su pretensión para tumbar un acuerdo municipal, adoptado en noviembre de 2016, que denegó una modificación del PGOU para proseguir con la tramitación de estos terrenos de 399 hectáreas en total –250 de ellas netas de uso residencial– en las que se pretendían edificar 6.672 pisos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, en sentencia del pasado 12 de abril, rechaza las intenciones de los dueños y maneja los mismos argumentos que tanto este órgano como el Supremo han esgrimido en la mayor parte de las resoluciones sobre las áreas homogéneas (las reservas de suelo residencial en la periferia de Valladolid) que, con el nuevo PGOU, vuelven a ser consideradas como rústicas, con excepción de la del Páramo de San Isidro, donde se ubican los nuevos talleres de Renfe.

El tribunal considera que la necesidad de los pisos que se propone no está acreditada y menos cuando en la propia memoria de los promotores de Las Riberas se reconoce que en el Plan General aún hay suelo entre los espacios ya urbanizados para construir 42.923 viviendas. Añade la sala los cuadros de población de la capital, que registran una disminución de los 315.522 habitantes de Valladolid en 2010 a los 301.876 de 2016, una caída que, a su juicio, no apunta a un incremento de la demanda inmobiliaria cuando existe superficie excedente dentro de las rondas para satisfacerla.

Tanto Ecologistas en Acción como el gobierno de izquierdas del Ayuntamiento han sido contundentes para poner freno a un planteamiento de expansión que consideraban «salvaje» y que, de haber prosperado, hubiera incrementado la factura de mantenimiento del municipio al obligar a dotar de servicios a esas zonas de periferia, según defienden.

150 millones invertidos

Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valladolid (Aspriva) consideran los argumentos judiciales manejados en las últimas sentencias contra las áreas homogéneas «poco flexibles y algo arriesgados», ya que cierran la vía a unos suelos que pueden ser necesarios en un futuro y cuya tramitación es compleja. Fuentes de la entidad señalaron ayer que la inversión en esas extensiones de barbecho urbanístico ha superado los 150 millones de euros y es lógico que los propietarios quieran sacarles rendimiento y pugnen por sus derechos. Así, consideran que el Ayuntamiento debería haber barajado «un término medio» a la hora de establecer la reservas de suelo de cara al futuro. A día de hoy, la única bolsa de terreno en el extrarradio que tiene todas las bendiciones para salir adelante –ahora está en exposición pública– es la del Páramo de San Isidro, donde se asienta el nuevo complejo de mantenimiento de trenes, que se inaugurará en el tercer trimestre de este año. En 2013, el TSJ tumbó este desarrollo al considerar que las 4.610 viviendas no eran necesarias, pero el pasado año, en lo que Ecologistas define como una «pirueta legal», les dio el visto bueno. Estos pisos son la compensación a los propietarios de los terrenos por la cesión para las instalaciones ferroviarias. La importancia para el empleo de este complejo debió pesar en el cambio de posición de los magistrados. La organización verde recurrió en casación ante el Supremo, pero el alto tribunal lo rechazó.

La sentencia conocida ayer, contra la que cabe recurso, pone prácticamente el punto final por la vía judicial a un intenso debate abierto en la ciudad tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. A pesar del repunte de la construcción en el último año, con 43 licencias para 515 nuevas viviendas ( se recuperó el nivel de autorizaciones de 2009), el ritmo de crecimiento previsto, tanto de demanda de nuevos hogares como de población en el municipio, no hace augurar especiales necesidades. A ello se une la obligación del Ayuntamiento y del resto de administraciones de la Sociedad Alta Velocidad de sacar rendimiento a los suelos que se liberen con la operación de integración ferroviaria, especialmente en la zona del Paseo de Farnesio, unos ingresos que permitirían recuperar la inversión inicial en los nuevos pasos y pasarelas previstas.

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