Casi seis de cada diez contratos municipales recaen en empresas de Valladolid

Ese es precisamente uno de los datos que destaca en el análisis. De los 216 nuevos contratos a concurso celebrados el pasado año, el 69% (150) fueron adjudicados a firmas con menos de 250 trabajadores. Lo más importante respecto al fomento de la economía local es que 123 de total se rubricaron con empresas de Valladolid (57%), de los que 92 recayeron en firmas en la ciudad y 31 en negocios de la provincia. El importe de la actividad contractual alcanzó los 64,1 millones de euros en 2016, de los que 53,3 se tramitaron mediante procedimiento abierto. Si se aplica el porcentaje de adjudicaciones locales al montante, se puede estimar que uno 30 millones de gasto municipal se quedaron en el terreno.

El estudio no permite hacer una comparación con ejercicios anteriores, ya que en 2015 la instrucción se aplicó ya muy avanzado el segundo semestre, aunque el autor del informe, el vicesecretario municipal, califica el resultado de «bien visible» en lo que se refiere a la eficacia de las medidas para dar entrada a negocios más modestos y con sede en la provincia. En este caso, la división en lotes de los contratos ha sido fundamental a la hora de que las pymes hayan podido acceder a estos procesos de licitación.

El informe dedica un epígrafe a la transparencia e integridad en la contratación, con las que se pretende favorecer la competencia en igualdad de condiciones. La Secretaría General considera que los datos permiten asegurar que se está fomentando con concurrencia competitiva y objetividad en las adjudicaciones. De los contratos celebrados el pasado año, el 86% se llevó a cabo mediante procedimientos ordinarios y el 83% a través de concurso abierto. La utilización del negociado sin publicidad solo supuso el 1,25%, mientras que los contratos menores representaron el 12,73% del total, «pero con una tendencia a reducirse, pues en 2015 llegaron al 13,65%».

El documento destaca un aspecto que suele complicar bastante la relación entre la administración y la empresa. Según se subraya en el estudio, las medidas de transparencia impuestas han permitido reducir la litigiosidad al asegurar «una mayor objetividad e igualdad en el trato en las licitaciones y permitir a todos los participantes formular alegaciones durante todo el procedimiento de adjudicación, sin perjuicio de los recursos que estimasen oportuno interponer». Además, se matiza que este nuevo sistema «no ha supuesto una carga adicional de trabajo significativa, así como tampoco retrasos en la tramitación de los expedientes».

Ahí van los datos. El departamento califica de «escasísimos» los recursos interpuestos, con solo diez, lo que supone el 4,63% sobre los 216 contratos. Ocho fueron desestimados –cinco en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) y tres en vía administrativa–, otro prosperó en sede municipal y únicamente uno ha cogido la senda de los juzgados y está pendiente de sentencia. Respecto al recurso que ha sido estimado en instancia administrativa, «no ha conllevado coste indemnizatorio alguno» al haberse resuelto antes de la adjudicación, con lo que se ha vuelto a sacar a la licitación cuando se corrigieron las deficiencias detectadas, se explica.

Otro de los aspectos que analiza el estudio elaborado por el departamento de Secretaría General es el de la sostenibilidad económica de los contratos. Traducido, mayor calidad en las obras, servicios y suministros, al mismo tiempo que se ajustan al precio acordado (sin las desagradables sorpresas de los modificados) y sin cambios imprevistos en su ejecución. Así, solo en seis de los 216 expedientes tramitados el pasado ejercicio se han registrado modificaciones imprevistas, lo que supone el 3%. El documento destaca que la supervisión de todos los proyectos, independientemente de su cuantía, y la revisión de los pliegos técnicos, junto con la utilización de la ampliación de plazo de garantía de la obra o suministro como criterio matemático de valoración de las ofertas, han contribuido a favorecer esa sostenibilidad que se buscaba.

Importante también ha sido, según recoge el análisis, la incorporación de criterios sociales, ambientales y de fomento de la innovación en los procesos. El 100% de los contratos los ha tenido en cuenta al elaborar la documentación y como condición de ejecución. En especial, se lee en el informe, «no se ha admitido ninguna oferta que no garantizase a los trabajadores el salario previsto en el convenio colectivo del sector», mientras que los desempates en las ofertas «siempre» se han realizado sobre la base de criterios sociales. Respecto a la innovación, en 2016 se ha celebrado un contrato específico de compra pública –seis autobuses eléctricos con recarga en parada–, aunque este aspecto «se valora preceptivamente en todos los contratos».