Los padres aseguran que no autorizaron al Clínico incinerar el cuerpo de su bebé

La presidenta de esta entidad, Carmen Flores, considera el caso puede ser «grave», porque parece que «alguien» del centro sanitario «decidió ‘motu proprio’» deshacerse del cadáver «cuando este no es patrimonio del hospital» y es un acto que hubiera requerido de la autorización de los progenitores. El Clínico, en un comunicado emitido a primera hora de la tarde, defendió su actuación, aseguró que ha procedido conforme a la ley y argumentó que las «desavenencias familiares» –la pareja de hecho llevaba separada seis meses– «han podido provocar una disfunción en la información» ante los «continuos cambios opinión».

Los padres y hermanos de Ainara, como se iba a llamar la niña, mantienen que en ningún caso ellos autorizaron esa incineración en el hospital. Todo lo contrario. Comunicaron al servicio de asistencia social del Clínico que querían llevarse los restos desde el primer momento. De hecho, llegaron a contratar los servicios de la funeraria municipal Nevasa el 17 de enero, después de solicitar, dos días antes en el Registro Civil de Valladolid, licencia de enterramiento bajo la modalidad de incineración, según la documentación que aportan. Cuando el pasado lunes 22 de enero la empresa municipal trasladó un coche fúnebre a las instalaciones hospitalarias para recogerlos, se les comunicó que no había cuerpo ni cenizas.

Ana Luisa Veizaga, de 40 años de edad, nacionalidad boliviana y residente en Valladolid desde hace tres lustros, ingresó en el centro sanitario el 10 de enero por un sangrado. Salía de cuentas ocho días después –el 18– tras un embarazo que se había desarrollado con total normalidad. Sin embargo, en el paritorio llegaron las complicaciones. El bebé nació muerto por un «prolapso del cordón umbilical», según recoge el Clínico en su nota. Aunque se realizaron maniobras de reanimación, según asegura una hija de la paciente, presente en ese momento, no dieron ningún resultado. Ana Luisa, que se encuentra muy afectada, llegó a tener a Ainara en sus brazos con el objetivo de ir asimilando su pérdida.

Complicaciones posteriores en su estado de salud obligaron a ingresarla en la UCI durante cuatro días y el cadáver se llevó a las cámaras del depósito. Mientras sus hijos y amigos comenzaron las gestiones para buscar una funeraria, además de solicitar al hospital más tiempo para recoger el cuerpo, apareció el padre, Diego Orlando Pilco, quien reclamó sus derechos como progenitor para participar en la decisión.

Según relatan, ambas partes se pusieron de acuerdo y se determinó que él se hiciera cargo de los gastos del servicio funerario, por los que ha abonado 614 euros, que ahora le devolverá Nevasa. No obstante, la rama materna ya había recaudado dinero de amigos y conocidos durante una misa en recuerdo de la niña, celebrada en la Iglesia de La Antigua el día 14 de enero a las 19:00 horas.

Sin parar de llorar durante su relato, la madre no se explica lo ocurrido, ni el trato recibido en las instalaciones de Sacyl. «El lunes por la noche, cuando ya sabíamos que el cuerpo de mi hija no estaba, subieron dos doctoras a mi habitación y una de ellas, a la que no conocía, me dijo que yo le había dado la autorización para dejar a mi niña en el hospital; que le había dicho que no teníamos medios económicos para incinerarla, cuando mis hijos ya habían decidido que nos la íbamos a llevar y lo sabía la asistente que nos atendió», subraya esta mujer que trabaja como empleada del hogar.

Tercia en la conversación una de sus amigas, que le ha acompañado en este duro momento, para preguntar si ese procedimiento tan trascendente no requiere de ningún documento, de ninguna firma. «¿Alguien se puede creer que eso se puede hacer de palabra?», se cuestiona, además de destacar que el trauma que estaba sufriendo Ana Luisa por la pérdida de su hija y los problemas de salud posteriores le hacían estar enormemente afectada para tomar decisiones. Aseguran que en todo momento estuvo acompañada por la familia y que no dijo a ningún médico que quería que el hospital se hiciera cargo de los restos de Ainara.

Ayer, la pareja fue recibida por la máxima responsable médica del hospital. Diego Pilco, un ecuatoriano con once años de residencia en España y que trabaja como albañil, salió decepcionado. «Nos ha dicho que no entiende lo que ha podido pasar, que si estábamos buscando una ayuda o una indemnización y que hiciéramos lo que creyésemos conveniente; sí ha reconocido que alguien se ha podido saltar el protocolo», relataba a El Norte de Castilla. Fuentes del hospital negaron por la tarde esta versión. El progenitor recalca que buscan que un caso así no se vuelva a repetir. «Es muy doloroso para una familia, es un bebé y tienen que revisar cómo han actuado; queremos que esto no le pase nunca a nadie», insistió el progenitor.

El caso ya está en manos de la Asociación del Defensor del Paciente. La entidad se ha dirigido a la Fiscalía para solicitar una investigación a fondo para depurar responsabilidades, si las hubiera. Su abogado, Santiago Díez, aclara que la Ley de Policía Sanitaria Mortuoria de Castilla y León establece que el cadáver debe ser entregado a la familia para su inhumación o incineración y que no se pueden tratar los restos como residuos sanitarios, cuando la criatura había cumplido los nueve meses de gestación y estaba, como se dice en términos ginecológicos, ‘a término’. Díez mantuvo ayer las primeras conversaciones con los padres y, con todas las cautelas, apunta que, de confirmarse, además de una negligencia, podrían derivarse responsabilidades penales.

Para Carmen Flores, presidenta de la asociación, «cuando hay algo irregular hay que investigar qué es lo que ha pasado». «¿Que ha habido una negligencia y lo han querido ocultar? No lo sé, pero como no lo sé y como todo me parece muy extraño y muy esperpéntico y no es la primera vez que pasa en España, concretamente en Madrid, es la Fiscalía la que debe ocuparse de pedir toda la documentación a la familia y al hospital», argumentó. A su juicio, «cualquier persona con dedos de frente sabe que esta actuación, por mucho que la quieran adornar, es irregular». Flores insiste en que era «un bebé y no un feto» y cuestiona, también, si la madre no tendría que haber sido ingresada antes viendo el desenlace del embarazo.