Los cuatros ediles de Valladolid Toma la Palabra asumen su culpa por desconvocar la consulta del soterramiento

Saravia. María Sánchez, Alberto Bustos y Rosalba Fonteriz.
Saravia. María Sánchez, Alberto Bustos y Rosalba Fonteriz. / ALBERTO MINGUEZA
  • Saravia, Sánchez, Bustos y Fonteriz firman una carta en la que defienden el compromiso electoral que adquirieron

En pleno debate abierto por la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de no realizar una consulta popular sobre el soterramiento, los cuatro ediles del grupo municipal de Valladolid Toma la Plabra (en el que se integran IU y Equo) han difundido una carta en la que reconocen su responsabilidad en esta desconvocatoria, pero insisten en que se debe de hacer mejor para dar participación a los vecinos.

«Asumimos nuestra parte de culpa: no hemos sido capaces de generar las condiciones para un proceso participativo menos apresurado. Pero no consideramos un error haber defendido que, aun así, la consulta debía hacerse», dice la carta conjunta que suscriben los concejales Manuel Saravia, María Sánchez, Alberto Bustos y Rosalba Fonteriz.

Los ediles de VTLP se reafiman en que era un compromiso electoral la convocatoria de la consulta bajo «convicción política y ética de que gobernar es decidir con la gente y no por ella, especialmente en los grandes asuntos de ciudad». Haber hecho otra cosa, por tanto, habría sido traicionar nuestros principios y a quienes nos confiaron su apoyo», dicen.

El Grupo Municipal reconoce que la capital lleva más de dos décadas hablando de «forma recurrente del soterramiento del ferrocarril».

Los cuatro cargos municipales de VTLP sostienen que «los jugosos terrenos públicos» que debían financiar el Plan Rogers no han podido salir aún al mercado, y han ido perdiendo valor progresivamente», lo que ha generado un punto muerto y, «lo que es peor, con créditos ya contraídos e intereses engordando la deuda cada día que pasa».

Presión de los acreedores

Los concejales, sin embargo, se plantean en su carta pública como otros sectores ciudadanos si ¿se puede pagar el soterramiento, al menos tal y como se imaginó?, o si ¿hay alternativas que resuelvan adecuadamente los problemas?

Los cuatro concejales reconocen que en la solución del problema «la presión de los acreedores obliga a presentar un plan de viabilidad el próximo 30 de septiembre». Ello ha llevado a reducir muchísimo el tiempo disponible para desarrollar un proceso de información, deliberación y decisión con participación de toda la ciudad, dicen.

Por ello. «las condiciones para llevar a cabo una consulta no eran, desde luego, las deseables. Como es lógico, otras formaciones y colectivos así lo señalaron, pero creímos que era preferible una consulta mejorable a la toma de una decisión de tal calado sin que la ciudadanía tuviera voz. Lo intentamos hasta el último momento, pero, si a las circunstancias adversas se sumaba la falta de consenso en el método, la empresa era inviable», concluyen.