Militares y guardias civiles piden en la ONU no ser discriminados en sus pensiones

Control de tres agentes de la Guardia Civil en busca de sustancias estupefacientes. /EL NORTE
Control de tres agentes de la Guardia Civil en busca de sustancias estupefacientes. / EL NORTE

Una decena de afectados de la provincia reclama su equiparación a sus compañeros víctimas de terrorismo

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Una veintena de militares profesionales, guardias civiles y policías nacionales de Castilla y León (ocho de ellos de Valladolid) en situación de retiro, han presentado un escrito ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que denuncian la violación del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto a un trato discriminatorio que vendría cometiéndose por el Gobierno español, por no reconocer igual trato respecto a las pensiones que se conceden a compañeros de sus mismos cuerpos, que han sido víctimas con daños por terrorismo.

Los afectados, que superan los 300 en toda España, consideran que aunque tienen reconocida la pensión extraordinaria de retiro conforme a un decreto de 1987, que aprobó la ley de Clases Pasivas del Estado, por incapacidad permanente ocasionada en acto de servicio, no se les está abonando por parte del Gobierno central en el importe del 200% de su haber regulador.

Recuerdan también que se les aplica trato discriminatorio respecto a otros compañeros de armas y seguridad, por la diferencia de que el suceso haya sido causado por un delincuente o un terrorista. Para el abogado Fernando Osuna, que ha asumido este pleito con afectados de Asturias, Cantabria, Cádiz, Badajoz, La Coruña, Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Madrid, Tenerife, Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla o Zaragoza, «las lesiones que pueden sufrir en uno u otro caso afectan de igual modo a la capacidad funcional, por lo que no puede discriminarse en el ejercicio de sus funciones».

200% de la base

La mayor parte de los reclamantes en Castilla y León son guardias civiles, que tuvieron que retirarse por accidentes profesionales en acuartelamientos o en el servicio.

Según Osuna, a estos últimos se les reconoce la pensión íntegra pero se les limita el importe de la misma a la cuantía fijada cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

«Si una bala sale de una pistola de un terrorista se les abona el 200%, mientras que si procede de un delincuente o un atracador el recorte puede llegar a veces 600 euros al mes. De este modo, unos reciben un trato privilegiado frente a los otros», indicó el letrado.

Recusación de juez andorrano

En el escrito remitido hace unos días ante el Consejo Europeo de Derechos Humanos, dependiente de la ONU y con sede en Suiza, se recuerdan sentencias de 2015 y 2016 de la Audiencia Nacional, en las que se reconoce la vulneración del Ministerio de Economía y Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. En las mismas se dice que no se pueden reducir las pensiones, que se les ha reconocido al jubilarse por incapacidad permanente derivada de un acto de servicio. En la mayoría de los casos las lesiones son por accidentes ocurridos durante la jornada laboral.

Los demandantes sostienen que Hacienda les abona cantidades inferiores en función de la causa.

La reclamación acumulada ante el organismo de la ONU se realiza después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no se la admitiese a trámite.

En la demanda contra el Estado español, los afectados recusaron a uno de los jueces del TEDH que estaba designado por el Principado de Andorra. Sostienen que este juez debería de haberse abstenido porque España participa en la gestión del país andorrano.

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