León de la Riva, otra vez en el banquillo por un delito de prevaricación

Javier León de la Riva en los juzgados de Angustias
Javier León de la Riva en los juzgados de Angustias, acompañado por su abogado José María Tejerina, donde fue interrogado sobre el aval del crédito del soterramiento. / Gabriel Villamil

El juzgado número 4 abre juicio oral contra el exalcalde de Valladolid y dos de sus exediles por avalar 400 millones del soterramiento

EL NORTEVALLADOLID

Con fecha 28 de julio de 2017 se ha notificado Auto de 24 de julio, del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, por el que acuerda la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra Francisco Javier León de la Riva por los delitos de prevaricación y falsedad documental y contra Alfredo Blanco Montero y Manuel Sánchez Fernández por los delitos de prevaricación.

Llegada a los juzgados de Alfredo Blanco (izquierda) y Manuel Sánchez (derecha, en primer plano) con su abogado José María Tejerina.
Llegada a los juzgados de Alfredo Blanco (izquierda) y Manuel Sánchez (derecha, en primer plano) con su abogado José María Tejerina. / A. MINGUEZA Y R. OTAZO

Conforme al Auto queda acreditado que Francisco Javier León de la Riva, como Alcalde, firmó tres Cartas de Conformidad en el marco de la operación de soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid, sin tramitar ningún procedimiento, ni obtener ningún informe ni autorización y que lo hizo sabiendo la ilegalidad de su actuación. La primera, el 28 de julio de 2008 que avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. La segunda el 24 de septiembre de 2010 que avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros y la tercera, el 14 de febrero de 2011 que avaló un crédito de 400 millones de euros a la Sociedad.

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El Auto afirma que se firmaron las Cartas de Conformidad «sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León». Respecto de la tercera Carta de Conformidad, la firmada en 2011, añade y «sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento».

El Auto continúa afirmando que «El referido documento contenía extremos no reales, falta verdad en la narración de los hechos y supone la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto. Así afirmaba en el punto 4º que el Ayuntamiento de Valladolid declaraba en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del represente documento…han sido debidamente realizados y adoptados y que no existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en éste y en todos los documentos referidos y que las personas firmantes de este documentos, en nombre y representación de la mismas poseían facultados de suficientes al efecto. Finalmente señalada al pie de la firma de Francisco Javier León de la Riva en su condición de Alcalde, que se rubricaba en ejecución de los acuerdo internos suficientes adoptados a este respeto».

La magistrada instructora afirma que «En la fecha de la firma de las referidas cartas de compromiso, Alfredo Blanco Montero y Manuel Sánchez Fernández eran respectivamente, como ya se ha indicado, Concejales de las Áreas de Hacienda y de Planificación, Infraestructuras y movilidad, así como miembros, junto con Francisco Javier León de la Riva, del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A, habiendo participado además en las reuniones de los miembros de la sociedad en las que se trató la necesidad de emitir esas cartas de compromiso, facilitándoles la oportuna documentación al respecto y la necesidad de su emisión. Alfredo Blanco y Manuel Sánchez también tenían conocimiento de las garantías que las entidades bancarias exigían para la financiación de la Sociedad, de la suscripción por el entonces alcalde Francisco Javier León de la Riva de las sucesivas cartas de compromiso emitidas hasta la de enero de 2011, de que la emisión de esas cartas se hizo sin seguir los preceptivos trámites administrativos en el Ayuntamiento y de que no se había solicitado ningún informe a la Secretaria o a la intervención Municipal, y ello con la intención de eludir el control municipal sobre la firma de tales cartas de compromiso que obligaban al Ayuntamiento de Valladolid».

El Auto concluye que “Con fecha 25 de agosto de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, tras la tramitación del oportuno expediente de revisión de oficio, ha declarado la nulidad de pleno derecho de la Carta de Conformidad firmada con fecha 26 de enero de 2011 por Francisco Javier León de la Riva, en su condición de Alcalde de la cuidad. A raíz de ese recurso, el Ayuntamiento (a excepción de las personas indicada en este auto) ha tenido conocimiento de la existencia de las dos primeras cartas de conformidad a que se refiere el presente”.

El Juzgado concede un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento, personado como acusación particular, para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación.

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