La instrucción por la muerte de la niña Sara afronta su recta final

Dos policías conducen al sospechoso esposado después de registrar el domicio famliar de la Calle Cardenal Torquemada. /RTVCyL
Dos policías conducen al sospechoso esposado después de registrar el domicio famliar de la Calle Cardenal Torquemada. / RTVCyL

Las acusaciones confían en que la jueza dicte un auto de imputación sobre la base de una autopsia que apunta a una muerte violenta de la pequeña

J. Sanz
J. SANZ

«La autopsia es contundente a la hora de determinar que la niña sufrió una muerte traumática y de descartar que falleciera fruto de un mero accidente», apuntan fuentes jurídicas de la investigación del crimen de la pequeña Sara, la niña de 4 años que, según todos los indicios, perdió la vida el 3 de agosto después de sufrir malos tratos y posibles abusos sexuales. La instrucción del caso afronta a estas alturas la recta final y las acusaciones personadas en la causa, una particular en nombre del padre biológico y dos populares, confían en que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 dicte «en breve», presumiblemente a comienzos del próximo año, un auto de imputación que concrete la acusación sobre la madre de la víctima, Davinia M. G., de 37 años, y su novio, Roberto H. H., de 36, al entender que las pruebas, tanto físicas como indiciarias –no hubo testigos directos de lo ­ocurrido–, son concluyentes, como mínimo, en cuanto a que fue una muerte ­violenta.

La secuencia

11 de julio.
La madre de Sara lleva a la niña de 4 años al Servicio de Urgencias del Campo Grande y tanto el pediatra como la médico, con formación forense, que la examinan coinciden en sospechar que podía haber sufrido malos tratos. Así que avisan a la Policía Nacional. La niña recibe el alta.
2 de agosto.
El novio de la madre llama al 112 y alerta de que la niña se encuentra muy mal debido, según alegó, a una caída.
3 de agosto.
La niña muere en el Clínico víctima de malos tratos y de posibles abusos sexuales. Su madre y el novio son detenidos. Ambos defienden su inocencia

La jueza, desde el mismo día de los hechos, mantiene en prisión preventiva tanto al presunto autor material, el novio de la madre, como a la propia progenitora. Ambos, en principio, son sospechosos de la comisión de los delitos de asesinato, malos tratos, omisión del deber de socorro y posibles abusos sexuales.

Caídas accidentales

Y nadie más que Roberto H. H. había la mañana de autos en el domicilio familiar de la calle Cardenal Torquemada, en La Rondilla, al cuidado de las dos hijas de Davinia. El 112 recibió la primera llamada de auxilio a las 10:30 horas del 2 de agosto y los agentes y sanitarios que acudieron a la vivienda se encontraron con la pequeña en parada cardiorrespiratoria. Tanto el novio de la madre como ella mismo, minutos después, justificaron que había sufrido una caída accidental. La niña de 4 años moriría horas después, ya el día 3, en el Clínico. Los dos sospechosos siempre han defendido su inocencia sobre la base de que la pequeña se caía con frecuencia y esa, en principio, sería su tesis ­exculpatoria.

Por el juzgado han desfilado ya tanto los acusados como algunos familiares, así como policías y sanitarios que atendieron en su día a la pequeña, y las acusaciones consideran que, en principio, «ya no sería necesario pedir más testimonios». Con lo que de ser así, y a falta de los resultados de algunas pruebas, como las de ADN, los abogados dan prácticamente por concluida una instrucción que, aún después de levantar la jueza el secreto de sumario, se ha mantenido bajo un discreto hermetismo por parte de las defensas de los detenidos y de las ­acusaciones.

La última en sumarse a la causa como acusación popular fue la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavasymt), a la que pertenece también la letrada del padre, y que se ha sumado esta semana a la que ejercía la asociación Clara Campoamor. Las tres y las defensas esperan ahora el momento de presentar sus escritos de acusación o exculpatorios en cuanto la jueza concrete los delitos, de ser así, que imputa a los sospechosos. La madre, militar de profesión, ­permanece confinada en una cárcel militar y él está recluido en la prisión provincial.

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