La Fiscalía del TSJ recurre el archivo del viaje a Japón de Centeno y pide más diligencias

Alfonso Centeno el día que declaró en Burgo en el TSJ. /R. ORDOÑEZ
Alfonso Centeno el día que declaró en Burgo en el TSJ. / R. ORDOÑEZ

Un error en la tramitación impidió que el instructor César Balmori conociera la solicitud de pruebas que reclamó la fiscal

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma ha recurrido el auto de sobreseimiento contra el alcalde de Olmedo y procurador de las Cortes regionales, Alfonso Centeno, por el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió archivar hace 17 días la investigación por un viaje turístico a Japón que habría hecho en 2007 el hoy parlamentario y su esposa.

Un traslado al país nipón, según una denuncia que remitió un Juzgado de Barcelona, que se habría pagado, supuestamente, por la constructora Isolux-Corsán, que recibió contratos de la Diputación Provincial de Valladolid durante los años en los que Centeno fue vicepresidente. El viaje de Centeno y su mujer estaba valorado en 11.504 euros.

El auto de sobreseimiento provisional del magistrado instructor, César Balmori, concluía que de los correos electrónicos que se aportaron sobre este viaje, así como la factura que presentó el procurador del Partido Popular, no se podía determinar la existencia de un delito de cohecho por supuestamente recibir una dádiva o regalo en consideración a su cargo institucional.

El instructor, que tomó declaración a Centeno el pasado 7 de junio y 34 días después decidió a la vista de otra documentación archivar el caso, descartó que pudiera tratarse de un delito de cohecho, prescrito tras 10 años. Reconocía, no obstante, que lo único que no estaría prescrito y podría investigarse, siempre que se confirmase que hubo un acto injusto en favor de la constructora por el precio del viaje y las gestiones del mismo, era un presunto delito de prevaricación.

Problemas de reparto con Lexnet

La petición de reapertura del caso se formula conforme a los plazos fijados en el auto respecto a los recursos que el Ministerio Público podía presentar. Por un lado, el de tres días por el de reforma ante el instructor, y de cinco días en el supuesto de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que preside José Luis Concepción.

Pues bien, la Fiscalía Superior, que dirige Lourdes Rodríguez, ha formalizado ambos, argumentando que no se puede cerrar una investigación sin que haber analizado otros datos.

En concreto, la fiscal del caso, Purificación García Sobrino, ha solicitado a Balmori diligencias que anteriormente había reclamado al juez y que, paradójicamente, su petición documental no había llegado a su poder, por un problema de comunicación telemática de Lexnet. Por vicisitudes del reparto de asuntos en Burgos, la petición de la fiscal llegó después de que Balmori hubiera firmado el auto de archivo de Alfonso Centeno.

Fuentes judiciales indicaron que las diligencias que se han vuelto a reclamar «permitirían comprobar mejor los hechos y la realidad del pago del viaje». La Fiscalía del TSJ había pedido un listado de operaciones celebradas entre la Diputación de Valladolid, Sodeva y la empresa Isolux-Corsán, «supuestamente pagadora de la dádiva».

Sin embargo, el juez instructor en su auto advirtió que la investigación judicial no podía encaminarse con carácter preventivo a la obtención de la ‘notitia criminis’, cosa que pueden hacer la Policía o el Ministerio Público. "Dicho de otro modo, el juez no instruye para ver si hay indicios de delito, sino porque los hay", señala el auto de sobreseimiento del pasado 10 de julio.

Completar sala de lo Penal

Con el archivo, César Balmori dejó así sin efecto la solicitud de un informe a la Guardia Civil ya que consideró como pruebas suficientes la declaración del exvicepresidente de la Diputación de Valladolid y la factura aportada.

Tanto el instructor como la Sala del TSJ deberán resolver en los próximos días y antes de agosto. En el segundo caso, si Balmori rechaza la solicitud de la Fiscalía, la Sala de lo Civil y Penal tendrá que completar la terna de jueces con el nombramiento de un integrante de alguna de las Salas de lo Social y Contencioso-administrativo. Siete son los integrantres que por turno establecido cubren las ausencias, entre las que se excluyen los dos presidente de las salas.

Actualmente, José Luis Concepción preside el órgano que puede investigar y juzgar a los aforados, como es el caso del procurador Alfonso Centeno, junto con el magistrado Ignacio de las Rivas Aramburu y César Balmori.

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