La Fiscalía pide procesar a los ediles de Valladolid Blanco y Sánchez por prevaricación

El exalcalde, Javier León de la Riva, junto al concejal Alfredo Blanco. / HENAR SASTRE

El Ministerio Público sostiene ante la jueza su implicación en la firma de tres avales por el soterramiento del tren

Jorge Moreno
JORGE MORENOValladolid

Eran conocedores del trámite administrativo que se estaba realizando ante los bancos, para avalar con dinero público la operación del soterramiento de ferroviario, entre los años 2008 y 2011. Con este argumento, la Fiscalía de Valladolid ha solicitado a la magistrada de Instrucción 4, Verónica Marcos Rodríguez, la imputación de los exconcejales del Partido Popular en el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, por un presunto delito de prevaricación por los avales que el alcalde Javier León de la Riva aceptó ante las entidades financieras. Fueron aportados por el actual gobierno municipal al juzgado, al conocer la reclamación de los bancos.

La solicitud de procesamiento del Ministerio Público a la jueza se ha realizado esta semana, y después de analizar tanto las declaraciones que prestaron los dos ediles, a inicios de este año, como de las pruebas documentales aportadas por el Servicio Jurídico municipal. Blanco es el único que continúa en el Consistorio, ya que Sánchez está jubilado y cesó en mayo de 2015.

Son en total tres cartas o avales (’comfort letter’) las que sustentarían la imputación de la Fiscalía, pero en estos dos casos por los presuntos delitos de prevaricación, no por falsedad documental, como ha sucedido con el anterior regidor, Javier León de la Riva, que sí suscribió los documentos.

El aval al crédito del soterramiento que rubricó el anterior regidor garantizaba el pago del 25% del préstamo (100 millones de euros) por parte de las arcas municipales, en el caso de que no se cumpliera el contrato.

Información sobre el trámite

De este modo, los exediles de Hacienda (Alfredo Blanco) y de Infraestructuras y, posteriormente de Seguridad, (Manuel Sánchez), según la Fiscalía, tuvieron información del procedimiento para avalar financieramente la operación del ferrocarril a su paso por la capital.

La magistrada deberá ahora resolver en los próximos días si acepta esta petición de procesamiento por un presunto delito de prevaricación administrativa, cuyas penas para funcionarios públicos y autoridades, por dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas, está castigado con inhabilitación para empleo y cargo público por un tiempo de entre nueve a quince años.

Declaraciones

El exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco declaró el pasado 11 de enero ante la jueza desmarcándose de la firma del aval que León de la Riva había suscrito el 26 de enero de 2011.

El edil del PP añadió que no tuvo ninguna participación en la autorización de la firma de la carta, y menos como concejal tuvo conocimiento de la misma, puesto que su área no era la competente. Sí que concluyó ante la magistrada que el departamento que debía de conocerlo era el de Infraestructuras, que dirigía entonces Manuel Sánchez, pero sin inculparle a él directamente.

Blanco sí que asumió que él asistía a las reuniones de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, encargada de gestionar todos los asuntos relacionados con el futuro del ferrocarril a su paso por la capital (construcción de los nuevos talleres de mantenimiento de Renfe, variante de mercancías, y proyecto para el soterramiento del tren). Su participación en esta mercantil lo era, dijo, en representación del Consistorio vallisoletano.

En la declaración de enero, Blanco reconoció, no obstante, que antes de la firma del contrato préstamo, en enero del 2011, se trasladó la necesidad de fijar una serie de garantías bancarias, cuya negociación fue encargada a un miembro de la sociedad pública, en la que participa también la Junta y el Ministerio de Fomento. El edil llegó incluso a recordar en sede judicial que consultó con los técnicos municipales sobre qué era eso de la ‘comfort letter’ porque no lo conocía.

Según su versión, los técnicos de su área le indicaron que la concejalía no era competente al ser la operación ferroviaria una materia del departamento de Infraestructuras, que entonces dirigía su compañero político Manuel Sánchez.

Este, cuando declaró el 9 de febrero de este año, afirmó ante la jueza que había enterado por la prensa de la existencia de la carta de conformidad o aval, coincidiendo con las manifestaciones del actual alcalde, Óscar Puente, que la dio a conocer públicamente en diciembre del 2015, seis meses después de que el nuevo equipo municipal llegase al Ayuntamiento.

Responsabilidad en solitario del exalcalde

Aunque el exalcalde Javier León de la Riva asumió en solitario en diciembre del 2016 su responsabilidad en la firma del aval, de lo que calificó como un trámite más dentro del contrato para el crédito de 400 millones de euros que suponía la operación del soterramiento, acordado con seis entidades, lo cierto es que la Fiscalía pone en cuestión esta tesis, y ha proyectado la acusación pública hacia los otros dos concejales, a los que pide ahora procesar. León de la Riva, que está imputado en estas diligencias, declaró que desconocía la trascendencia mercantil de lo que firmó.

Tanto PSOE como VTLP censuraron cuando conocieron los documentos el hecho de que no hubieran pasado por el Pleno municipal la operación, algo en lo que coincide la jueza. Precisamente por ello, el equipo municipal que está personado en la causa recurrió el auto de sobreseimiento provisional que dictó Marcos a principios de este año.

Los letrados municipales consideraron, sin embargo, que el concejal popular «estaba al tanto» de los avales, circunstancia que Alfredo Blanco ha negado. El edil rehusó pronunciarse sobre ello y expresó su respeto por los tribunales. "Hay de dejar trabajar a la justicia. Yo estoy absolutamente tranquilo, y esperemos a que la jueza resuelva", añadió Blanco.

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