La Fiscalía investigará si una filial de Asaja Valladolid compró locales con ayudas destinadas a formación

Tablón de anuncios en la sede de de Asaja en Valladolid. /Alberto Mingueza
Tablón de anuncios en la sede de de Asaja en Valladolid. / Alberto Mingueza

La actual directiva de la organización agraria teme que el expresidente Lino Rodríguez, que controla la cooperativa con Gerardo Rico, desaloje las tres oficinas arrendadas a Campo Abierto y que liquide los inmuebles

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

Dos socios de la cooperativa Campo Abierto, filial de Asaja Valladolid, han presentado un escrito de denuncia en la Fiscalía de Valladolid para que investigue las operaciones de compra de los locales que sirven como sede de la organización agraria en Peñafiel, Medina y Rioseco pero que son propiedad de la cooperativa filial. Aseguran en su denuncia que dichos locales se compraron con fondos públicos que habían sido concedidos a la organización agraria vallisoletana para cursos de formación.

Según el escrito, que tiene fecha de entrada en la Fiscalía de este lunes 31 de julio, dicha compra no fue acordada por la asamblea de socios ni por parte del consejo rector. La cooperativa, indican, en la fecha de la adquisición de las sedes, no disponía de ingresos económicos para realizar tal operación de compra de los inmuebles. Los denunciantes, miembros de Asaja Valladolid, exponen que la cooperativa fue creada en 1998 para la compraventa de productos agrícolas y actuaba a modo de central de compras y posterior venta a sus socios. Posteriormente desapareció y en 2004 retomó su actividad para dedicarse al cobro de comisiones por la tramitación de planes de mejora y la intermediación en contratos de seguros agrarios.

En el local de Peñafiel radica también la sede social de la patatera Campo de Peñafiel, de la que es administrador único Lino Rodríguez, el expresidente de Asaja, y acoge además la sede de la organización en esa comarca. Fue adquirido en marzo de 2002 por 120.000 euros y, según los denunciantes, se utilizaron fondos de las cuentas de las que era titular , otra de las filiales de Asaja, que entre 1996 y 2003, según figura en los autos.

5,8 millones de euros en ayudas públicas recibieron cinco sociedades filiales de Asaja para cursos destinados a los agricultores entre 1996 y 2003

También procedía de las mismas cuentas de Yficar el dinero que sirvió para comprar en 1996 el local de Rioseco, por 96.000 euros. Para la sede de Medina, que se adquirió en 2012 por un precio de 105.000 euros, se suscribió un préstamo hipotecario de 75.000 euros y el resto se abonó mediante transferencia cargada a la cuenta de la Asociación Remolacheros de Valladolid, también investigada en otras diligencias abiertas contra el exdirigente agrario. En la actualidad, Gerardo Rico es presidente de Campo Abierto y Lino Rodríguez, vicepresidente. Los denunciantes ocuparon cargos en la directiva de esa cooperativa y también de Asaja.

Patrimonio

Por el uso de esas sedes, Asaja paga un alquiler, ya que los locales son propiedad de Campo Abierto. Los denunciantes, indican en su escrito a la Fiscalía, «temen que los investigados, Lino Rodríguez y Gerardo Rico, como miembros del consejo rector de Campo Abierto, adopten el acuerdo de resolver los contratos de arrendamiento de alquiler de las oficinas de Asaja Valladolid y procedan a su posterior venta, liquidando a continuación la cooperativa y adjudicándose el patrimonio de tales ventas en perjuicio de Asaja Valladolid». Argumentan que la organización «es la verdadera titular y propietaria de tales inmuebles por cuanto los fondos para la adquisición de los mismos procedieron de la misma, conforme las actas aportadas a las diligencias».

Cinco filiales de la organización recibieron 5,8 millones de euros para cursos y actividades de formación entre 1996 y 2003 a través de la Fundación Tripartita de la Formación en Empleo, según confirmó en un oficio el Ministerio de Empleo y Seguridad Social al Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, que investiga desde 2013 la querella del extesorero de Asaja, Alberto Cano, contra el expresidente Lino Rodríguez por supuestos delitos de malversación y estafa. Estas sociedades son, además de Yficar, el Grupo Derco, Productores de Patata de Valladolid, Ecoambiente y Desarrollo, y Remolacheros de Valladolid.

Respecto de esta nueva denuncia sobre su gestión al frente de la organización, el expresidente de Asaja, Lino Rodríguez, se limitó a señalar que en las gestiones y negociaciones para la adquisición de los locales estarían implicados los propios denunciantes, Pedro Antonio y Félix Sacristán, así como miembros de la actual directiva de la organización agraria vallisoletana, liderada por Juan Ramón Alonso.

A juicio por facturas falsas

Esta denuncia es la última de un rosario de querellas y contraquerellas que se suceden desde 2013 y en la que el exdirigente agrario y sus colaboradores más íntimos son los protagonistas. El primer asunto por el que Rodríguez y su esposa se sentarán en el banquillo se tramita en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid. La Fiscalía ha solicitado cuatro años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos y una multa de 1,6 millones por presentar facturas falsas para captar subvenciones públicas por más de un millón de euros para la sociedad cooperativa Campo de Peñafiel, de la que Rodríguez es administrador único. En el auto de apertura de juicio contra el matrimonio por delitos de falsedad en documento mercantil, fraude de subvenciones e intento de fraude se les impone el pago de una fianza de 750.000 euros para garantizar las responsabilidades civiles, bajo aviso de embargo. Rodríguez tramitó para Campo de Peñafiel, a través de la sociedad Sodeprin –al frente de la cual está su esposa–, subvenciones que le fueron concedidas para poner en marcha un almacén de patatas con el requisito de generar diez puestos de trabajo. La Junta, que concedió la subvención, detectó en 2013 que al menos ocho facturas de proveedores que se le presentaron para justificar el gasto eran falsas y además no se cumplió la obligatoriedad de crear esos puestos de trabajo. La Administración regional también está personada como acusación y pide siete años de prisión para Rodríguez y la misma pena para su esposa como cooperadora necesaria.

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