La Fiscalía pide 35 años de prisión para los cuatro procesados por el caso Samaniego

Para Luis Javier Samaniego, hijo del anterior; Antonio Bernardo Samaniego, sobrino, y Miguel Ángel Rodríguez Papín, contable, ocho años de prisión para cada uno de ellos.

El escrito de acusación del Ministerio Público llega cinco días después de la presentación del mismo por parte de la acusación particular, que ejerce el propio Ayuntamiento, quien solicita penas que en su conjunto suman 45 años de prisión para los cuatro imputados por el caso Samaniego, relativo a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que la institución local pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del Servicio de Mantenimiento.

De manera que a día de hoy, una vez presentados los dos escritos de las acusaciones, solo falta por conocer la postura de las defensas para cerrar definitivamente los preámbulos judiciales del futuro juicio que llevará al banquillo de los acusados a Luis Alberto Samaniego, quien se expone a un conjunto de condenas que suman 15 años de prisión, 39 de inhabilitación y multas por valor de 537.849 euros, cantidad considerada como beneficio ilícito obtenido, junto con otras cuantías por importe de 95.000 euros; su hijo Luis Javier, por los mismos delitos, que se enfrenta a 10 años de cárcel y 23 de inhabilitación, idénticas penas que la acusación particular solicita por los otros dos encausados: el primo del principal inculpado y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los ochenta, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

El auto de imputación de todos ellos, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 el 30 de mayo de 2017, y ratificado por la Audiencia Provincial el 11 de diciembre, concreta que las trece empresas familiares a las que el exfuncionario derivaba las obras públicas emitieron 1.316 facturas al Consistorio en ese periodo por las que percibieron 10,9 millones de euros. En la resolución judicial, se estima que el quebranto económico para las arcas del Ayuntamiento ascendió en esos casi tres lustros a 2,4 millones, un dinero que se desglosa en 671.877 euros por sobrecostes en la facturación, 893.268 por ausencia de bajas al no haber existido libre concurrencia, otros 537.849 por beneficio ilícito y 361.653 por intereses de demora. El auto cerró entonces una instrucción de tres años, que se abrió tras la denuncia presentada ante la Fiscalía en junio de 2014 por el entonces concejal del PSOE y ahora alcalde, Óscar Puente.