Desestimado el recurso del fiscal contra la absolución de dos hermanas acusadas de prostituir a una prima en Tordesillas

Desestimado el recurso del fiscal contra la absolución de dos hermanas acusadas de prostituir a una prima en Tordesillas

La sentencia aseguraba que la denunciante «disfrutaba de libertad de movimientos, contaba con su pasaporte y tenía abierta una página en una red social»

ICALValladolid

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestimó el recurso de segunda instancia presentado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que absolvió a dos hermanas dominicanas acusadas de obligar a prostituirse a una prima en Tordesillas, y las que se acusó en su momento de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y obstrucción a la Justicia.

La Audiencia absolvió en diciembre a las dos hermanas, a quien la Fiscalía acusaba de trata de seres y de obligar a prostituirse a una prima en un club de la localidad vallisoletana, a la que trajeron a España engañada en febrero de 2015, y para quienes el Fiscal pedía penas que sumaban más de 19 años de cárcel.

La Sección Cuarta de la Audiencia argumentó su fallo en las «numerosas contradicciones» de la víctima a la hora de relatar lo sucedido y aseguró que no «ha ofrecido la suficiente credibilidad, habiendo quedado desmentidas diversas afirmaciones que ella había ido realizando, lo que ha provocado que tuviera a su vez que ir cambiando su versión de los hechos».

A su vez, también sostiene que a lo largo del juicio quedó probado que la denunciante tenía libertad de movimientos para viajar, no había sido privada de su pasaporte y teléfono móvil y, además, mantenía contactos con su familia y abierta una página en una red social.

Este fallo se produce a pesar del testimonio del jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Valladolid, el encargado de la investigación, que durante el juicio aseguró que se trataba de un caso «claro, de manual» de trata de seres humanos, en el que las acusadas controlan a la víctima con amenazas a los familiares y con la advertencia de que su situación en España es irregular y que si acuden a la Policía serán deportados.

Durante el juicio, el abogado de las acusadas aportó como pruebas unas fotos obtenidas en el Facebook de la víctima en las que ésta aparece junto a sus primas disfrutando de una comida en Santander en abril de 2015, y otras junto a un chico en Benidorm en el mes de agosto de ese mismo año, y puso en duda de que esas imágenes correspondieran a las de una persona que estuviera siendo explotada sexualmente. Además, el letrado también dejó entrever que la víctima denunció su situación ante la Policía con la intención de que se abriera un proceso judicial para que de esta forma no fuera deportada a su país una vez que el visado había caducado.

En este sentido, la principal acusada, Marcia L.P. negó durante el juicio que ejerciera cualquier tipo de amenazas sobre la víctima y aseguró que lo único que hizo fue prestarle 6.000 euros para poder venir a España, dinero que recuperó. Además, también insistió en que fue su prima la que decidió trabajar en la prostitución y que su relación siempre fue cordial hasta que pasados varios meses y a la vuelta de un viaje suyo a Santo Domingo, dejó de visitarla y de atender a sus llamadas telefónicas.

Cabe recordar que para Marcia L.P., la Fiscalía pedía 11 años y tres meses por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por otro relativo a la prostitución y uno más de obstrucción a la justicia. A su hermana Cirila L.P., la acusaba de delitos de trata y tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual pedía ocho años de cárcel. Además, en concepto de indemnización conjunta reclamaba 60.000 euros por los daños morales.

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