Defensa se enfrenta a la demanda de 35 soldados de Castilla y León por su cese a los 45 años

Grupo de militares durante unos ejercicios.
Grupo de militares durante unos ejercicios. / R. OTAZO

Un despacho de abogados coordina la reclamación con la que buscan una salida profesional de la tropa

JORGE MORENOValladolid

Un despacho jurídico de Madrid se ha hecho cargo de la reclamación que 18 soldados, que trabajan en unidades de la provincia de Valladolid, han presentado esta semana frente al Ministerio de Defensa, y por la que reclaman una solución laboral a su cese dentro de las Fuerzas Armadas, tras cumplir los 45 años.

La ley de Tropa y Marinería del año 2006 establecía que aquel personal que ingresase en esta escala, tras pasar un proceso de selección, tenía la opción de firmar un contrato de permanencia, cuyo límite son los 45 años. A partir de esa edad, conllevaba su cese en el Ejército. Según la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), en las unidades de Valladolid (Ejército de Tierra y del Aire) se verían afectados por el cese 211 soldados en el periodo 2017-2023 (unos 8.931 en toda España).

Solo en Valladolid, entre este año y el que viene, el cese por edad abarcaría a 20 personas. El periodo en el que más soldados se verían obligados a dejar las unidades en España sería en el año 2029, cuando la cifra de salidas por cumplir los 45 años llegaría a los 4.336.

Estos datos, y la preocupación por el futuro que acarrea entre las familias de estos militares, está en el fondo de esta demanda, que coordina el despacho jurídico Hebrero & Asociados, que ya tiene el respaldo de 35 soldados de Castilla y León (18 de acuartelamientos de Valladolid, 12 de Salamanca y 5 de Segovia).

Escrito al subsecretario

Hace unos días, ATME ha presentado un escrito al subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho, a quien corresponde la Política de Personal y Reclutamiento, en el que solicitan que se dé una solución laboral a este colectivo, que vaya más allá de la prestación indefinida del Estado de 600 euros, incompatible con otro trabajo. El sueldo de un soldado es de unos 1.100 euros al mes.

Esta reclamación administrativa se ampliará con más números de soldados a principios de agosto. Los letrados de ATME entienden que la ley de Tropa del 2006 es inconstitucional en cinco de sus artículos, «porque discrimina a estos militares y atenta contra el principio de igualdad de todos los trabajadores, ya sean públicos o privados. Este grupo está en un limbo profesional, al que no se le aplica ni Estatuto de los Trabajadores, ni el Estatuto de la Función Pública», explican.

A este respecto, los demandantes plantean que se incumplen varias directivas de la UE, en relación con lo que sucede en el ámbito civil, donde se permite convertir muchos contratos temporales en fijos o indefinidos. La Asociación de Tropa sostiene que tanto el llamado contrato de larga duración, que firmaron estos soldados, como las campañas que desde hace 25 años ha venido realizando el Ministerio de Defensa para reclutar a este personal, establecían reincorporaciones laborales tras el cese, formación y promoción profesional dentro de la Administración pública, circunstancias que «ya se han incumplido sistemáticamente».

Por ello recuerdan que otros países occidentales han dado una salida a estos militares, mediante empleos de vigilantes en ministerios, museos, o ayuntamientos, lo que evitaría contratar seguridad privada.

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