La cuenta atrás para el desahucio de una madre okupa

La Junta obliga a una mujer enferma y a su hijo de 13 años a abandonar la casa que ocupan desde hace un año porque no han respetado el proceso de adjudicación

Mónica Santos en la vivienda que ocupa desde hace un año y que tiene que abandonar antes del 19 de agosto. / Gabriel Villamil
Lorena Sancho Yuste
LORENA SANCHO YUSTE

Las cortinas del salón de este bajo de la avenida Vicente Mortes rezan cada día la frase de la felicidad para que a sus moradores no se les olvide: ‘La vida es bella’, en castellano, varias veces, y combinada por otro puñado en inglés (life is beautiful), italiano (la vita è bella) y francés (la vie est belle). «Me las regalaron», interrumpe Mónica Santos, para aclarar el por qué de la frase. «Fue un regalo, como todo lo que hay en esta casa, los muebles, las lámparas, los vinilo, los cuadros...todo gracias a grupos de facebook, a amigos y a ciudadanos que me han ayudado a hacer de este piso un hogar para mi hijo», prosigue.

Un hogar. Como el que tenía antes de romper su relación sentimental con su pareja, con la que vivía. Antes de quedarse en la calle con un hijo de 12 años y una jubilación no contributiva de 368 euros mensuales por una enfermedad degenerativa que depende de ocho pastillas diarias y un respirador nocturno. Eso buscaba en este bajo de la avenida Vicente Mortes cuando un buen día, hace ahora un año, se decidió a poner una cerradura a la puerta –«estaba abierta», puntualiza– y a ocupar de forma ilegal una vivienda protegida de la Junta de Castilla y León. «¿Qué hacía? Mi madre tiene casa, sí, pero es la mitad que ésta y viven mi hermana, mi cuñado y dos niños, que están en paro, no podía quedarme en la calle con un niño», relata entre lágrimas.

Con esfuerzo y colaboración de conocidos, esta mujer de 42 años ha ido tapando las hendiduras que el robo de radiadores y tubos habían dejado en las paredes antes de que ella accediera, solapó los destrozos de las puertas, adquirió grifería y estufas y acondicionó el piso con un termo para que su hijo pudiera tener agua caliente. Un hogar al que iba dando forma, en el que iba reconstruyendo una vida rota por la salud y la falta de recursos. Hasta que un «chivatazo» delató su situación ilegal y le sentó en el servicio territorial de Fomento en un intento desesperado por pedir que este bajo pueda seguir siendo su hogar. «Quiero pagar, sé que se están pagando 62 euros de alquiler y con mi pensión puedo pagarles, pero no me dejan. Solo insisten en que tengo que respetar el listado de adjudicación de estas viviendas y que hay gente por delante que necesita esta casa».

32 «angustiosos» días

El 19 de mayo, Mónica Santos firmó la notificación en la que la Junta le advertía de que si en un plazo de tres meses no abandona esta vivienda presentará una denuncia contra ella. Tres meses que caducan el 19 de agosto , dentro de exactamente 32 días. «Y no encuentro solución, no tengo dónde ir, nadie me ayuda, ni la sociedad de vivienda de Valladolid, ni la Junta, ni stop desahucios, ni el defensor del pueblo. Nadie, ni sé dónde acudir ya», se lamenta entre sollozos.

Desde el Servicio Territorial de Fomento la respuesta es tan clara como tajante. Mónica Santos está ocupando una vivienda en contra de la voluntad de la Junta de Castilla y León porque «no ha utilizado el procedimiento legal para su adjudicación» y, por tanto, deberá abandonarla cuanto antes. Aseguran haberle dado la opción de ocupar una vivienda en el medio rural o de que viva «con su madre, con alguna amistad o como ella crea oportuno» hasta que le toque el turno de adjudicación asignado en la lista de espera, que es el 67 en un registro de 91 para acceder a una vivienda de las reservadas para aquellos casos de realojo urgente. Pero a esta vallisoletana no le convence. «Mi hijo está matriculado en el instituto Ferrari, va bien en los estudios, tiene su vida aquí, con sus amigos, con su gente y no le puedo trastocar. Y sobre todo mi salud, que necesito de tratamiento constante, de un centro de salud próximo y que estoy pendiente de una operación y sin vehículo para desplazarme, no puedo ir a vivir a un pueblo», insiste una y otra vez.

En este tipo de casos, que en los últimos cuatro años han sumado 14, la Junta asegura que siempre se trata de que las personas que ocupan la vivienda la abandonen de forma amistosa, con un plazo para que puedan encontrar otra casa y explicando los perjuicios a los que se enfrentarían de no salir de la misma. «Siempre se habla con ellos previamente, nunca se interpone una denuncia sin haber intentado una solución», insisten desde la Administración, quienes precisan que en todos los procedimientos judiciales los okupas han sido condenados por delito de usurpación de vivienda.

Mónica Santos es consciente de que se expone a la expulsión del registro de demandantes de casas sociales, pero no ve solución. «No la hay, porque nadie quiere ver que estoy enferma y con un hijo, que no nos podemos quedar en la calle y que soy consciente de que me metí en una casa vacía ¿Pero qué hubieran hecho los demás en mi situación?». Y mira a su alrededor. A sus sofás prestados, a sus puertas lacadas. Y a sus cortinas, las que dicen eso de que ‘La vida es bella’.

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