Condenados por usar documentación de una prima, lograr créditos y no pagarlos

La vista oral se iba a desarrollar hoy, aunque fue innecesaria su celebración ya que las partes llegaron a un acuerdo y el magistrado presidente del tribunal adelantó el fallo de la sentencia, que cobra firmeza debido a que los encausados y sus abogados han anunciado que no recurrirán la resolución judicial.

En concreto, la sentencia condena a los dos encausados por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso ideal medial con un delito continuado de estafa.

A Laura D.S.R. le ha impuesto un año, nueve meses y un día de prisión y nueve meses de multa a razón de tres euros al día -810 euros-, mientras ha condenado a Alberto O.P. a dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de tres euros, además del abono por parte de los dos, de forma conjunta y solidaria, de indemnizaciones que suman 4.477,55 euros.

Los hechos por los que formuló acusación la Fiscalía y que según han dicho a Efe fuentes jurídicas han aceptado los dos acusados, ocurrieron cuando actuaron «en connivencia», movidos por el deseo de procurarse un beneficio económico, e idearon la forma de conseguir dinero, de manera que Alberto O.P. contactó con una prima suya en enero de 2016.

Relató entonces el acusado a su prima que tenía problemas judiciales y económicos, por lo que necesitaba como favor que le dejara sus datos y una copia de su DNI para abrir una cuenta bancaria en una entidad de ahorro de Toro (Zamora), con el fin de que los acreedores no pudieran ejecutarle.

La mujer accedió y se abrió la cuenta, tras lo que el acusado cambió el número de teléfono en el que se recibían los mensajes informando de los movimientos de la cuenta a su propio teléfono.

En febrero del mismo año, requirió otra vez a su prima para que le entregara una copia de su nómina, en este caso con la excusa de ver el porcentaje de IRPF que le iba a tener que pagar por la tributación de los ingresos que tuviera en la cuenta de la entidad de ahorro.

Con esta documentación, los acusados solicitaron créditos a distintas mercantiles o sociedades para obtener préstamos, sin que devolvieran el dinero prestado. El ministerio público solicitaba en principio, provisionalmente, antes del acuerdo entre las partes, cuatro años y medio de prisión y el pago de una multa de doce meses con una cuota diaria de ocho euros para cada acusado.