El TSJ condena a la UVA a readmitir a siete docentes que despidió en 2017

Aula de la Facultad de Económicas y Empresariales de Valladolid. /Gabriel Villamil
Aula de la Facultad de Económicas y Empresariales de Valladolid. / Gabriel Villamil

Las sentencias, recurridas al Supremo, reconocen que la Universidad realizó «fraude» al encadenar contratos hasta 30 años

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Significativo el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León contra la política laboral llevada desde la Universidad de Valladolid durante las tres últimas décadas.

Al menos siete sentencias del alto tribunal regional, del pasado mes de marzo, han reconocido el derecho de siete profesores a ser readmitidos o, en su caso, a indemnizarles por parte de la UVA con cantidades que superan globalmente los 420.000 euros, después de que fueran despedidos por la universidad en 2017.

Seis de los fallos revocan sentencias de los Juzgados de lo Social de Valladolid y declaran la improcedencia de los despidos, condenando a la UVA a readmitir a los docentes en el mismo puesto de trabajo, con el abono de los salarios dejados de percibir durante este último año. En caso contrario, debe indemnizar con 65.679 y hasta los 90.432 euros por cada uno de los siete fallos.

Según las resoluciones judiciales, los docentes afectados venían prestando sus servicios en las facultades y escuelas universitarias de la UVA, con contratos de diferentes modalidades (administrativo de colaboración temporal, de profesor asociado y contrato de profesor ayudante). Los magistrados señalan que los demandantes impartieron diferentes asignaturas de manera autónoma y libre y todos ellos obtuvieron, desde el año 2013, el título de doctor.

Justificación del despido

El TSJ no comparte, para justificar el despido de ellos, el argumento de la UVA de que «la ausencia de presupuesto legal de acreditación de calidad por parte de la Agencia de Evaluación y Acreditación de Castilla y León (Aneca) fuera la circunstancia determinante de la no contratación en la modalidad de profesor doctor y su salida de la universidad». Este requisito comenzó a pedirse desde el año 2013, por lo que el TSJ afirma que la UVA podría haber resuelto hasta marzo de 2017.

«Una cosa es no poder optar a una concreta modalidad contractual, por no reunir uno de los requisitos legalmente exigidos, y otra muy distinta venir desde hace más de 30 años destinando a un trabajador a cubrir necesidades permanentes de la actividad docente a través de contratos de duración determinada», sostienen los jueces, que remarcan que los profesores además de impartir la docencia, corregían y revisaban los exámenes, firmaban actas y atendían las tutorías.

Las sentencias del TSJ, que han sido recurridas por la Universidad de Valladolid ante el Tribunal Supremo, cnsideran que las sucesivas prórrogas y encadenamiento de los contratos de los profesores universitarios se han realizado «en fraude de ley» en algunos casos, por lo que no pueden sino declararse como despidos improcedentes.

Al tener antigüedades desde 1985 a 1992, los jueces aplican unas indemnizaciones de 45 días por año, hasta la el periodo de febrero del 2012, cuando entró en vigor la Reforma Laboral, cuyo cómputo sería de 33 días hasta el día del despido.

Doctrina del TJUE

Durante el último año, los servicios jurídicos de la UVA no han parado de defender su posición no solo en los Juzgados de lo Social, donde se debatió inicialmente estos despidos, sino también en el Tribunal regional con los recursos. Ahora toca esperar hasta el 2019 para saber si confirman por el Supremo las sentencias.

De esta batería de pleitos, uno de los fallos, el de una docente que fue contratada como profesora asociada en 1995 y estuvo vinculada a la UVA hasta mayo de 2017, ha visto reducida la indemnización hasta los 24.372 euros.

La razón del TSJ está en la aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (conocida como el fallo Diego Porras) que en septiembre de 2017 determinó que cuando el despido fuese por causas objetivas, en el caso de los trabajadores que finalicen sus contratos temporales, la indemnización debe de ser de 20 días por año.

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