Cerco judicial al ‘violador del ascensor‘ por las agresiones sexuales de Madrid y Segovia

Pedro Luis Gallego, durante el juicio por el crimen de Leticia Lebrato (1994)./
Pedro Luis Gallego, durante el juicio por el crimen de Leticia Lebrato (1994).

Una de las cuatro víctimas, que fue raptada y violada, ha reconocido en fotos a Pedro Luis Gallego

J. Sanz
J. SANZValladolid

El cerco judicial sobre el mayor depredador sexual que ha conocido la capital vallisoletana, y puede que a estas alturas ya todo el país, Pedro Luis Gallego, comienza a estrecharse. Una de las últimas víctimas de la oleada de secuestros y violaciones registradas entre los meses de diciembre de 2016 y junio de este mismo año ha señalado en una rueda de reconocimiento fotográfica al temido ‘violador del ascensor’ como el hombre que la raptó a punta de pistola en las inmediaciones del Hospital de la Paz (Madrid), la trasladó atada con bridas a Segovia en el maletero de su coche y después la agredió sexualmente en su domicilio de la calle Dámaso Alonso, en la ciudad del acueducto, donde residía desde hacía dos años, según confirmaron ayer fuentes del caso.

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Así que a las pruebas de restos biológicos (ADN) ya acumuladas contra Pedro Luis Gallego, hoy de 59 años y en libertad desde hace cuatro años exactos –fue liberado el 14 de noviembre de 2013–, se sumaría ahora una más tangible a expensas de las ruedas de reconocimiento por las que aún deben pasar otras dos víctimas, a las que no pudo raptar. El «irrefrenable» violador vallisoletano, como llegaron a definirle los informes psiquiátricos, que ya advirtieron en los años noventa de que «era irrecuperable para la sociedad», fue detenido el pasado 14 de junio acusado de secuestrar, violar y robar a dos jóvenes y de intentarlo con otras dos. Así que se enfrenta de nuevo, como ya ocurriera entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, a penas estratosféricas que solo por los dos secuestros y violaciones consumadas podrían alcanzar los 42 años de prisión, al margen de los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y robo con violencia y de las dos citadas tentativas de rapto con fines evidentemente sexuales.

«No estaba a gusto»

Otra muesca más para un delincuente sexual, además de ladrón, que inauguró su historial en un lejano 1979, con el robo de un coche, y que sumó su primera condena por agresión a una mujer en 1981. Después dejaría una ristra de víctimas hasta llegar al fatídico 1992, cuando raptó, violó y asesinó a la burgalesa Marta Obregón (el 22 de enero) e hizo lo propio, aunque ella se resistió y no consistió perpetrar la agresión sexual, con la vallisoletana Leticia Lebrato, a la que arrebató la vida el 19 de julio en Viana. Los dos crímenes, sumados a dieciocho violaciones demostradas en menos de un año, le llevaron a ser condenado a penas que sumaban 273 años, dos meses y dieciséis días en los años noventa. Solo había pasado entre rejas veinte años, once meses y veintiocho días cuando recuperó la libertad (sin más cargos que el de conciencia) en 2013.

El tiempo que estuvo encarcelado pudo conocer los presidios de Valladolid, Teixeiro (La Coruña), Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá Meco (Madrid), de la que salió ocultando su rostro con una braga, gafas de sol y una visera hoy hace justo cuatro años.

Pues bien, el más que reincidente depredador sexual, ahora rebautizado por los medios madrileños como el ‘violador de La Paz–, fue detenido el pasado 14 de junio y un par de días después pudo sumar un nuevo presidio a su historial, la cárcel madrileña de Navalcarnero. Allí, según las fuentes consultadas, «no estaba demasiado a gusto –sus supuestas víctimas eran madrileñas– y protagonizó un amago de suicidio» hace menos de dos meses, el 18 de septiembre, cuando fue encontrado tendido en su celda junto a unas pastillas. Estuvo hospitalizado por ello y después, una vez recibido el alta, fue trasladado de vuelta a uno de los presidios en la que pasó buena parte de su última condena, la veterana prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, donde permanece recluido a la espera de un juicio en el que, de ser condenado, presumiblemente no volvería a pisar la calle.

«La instrucción está muy avanzada, a la espera de los informes psicológicos de las víctimas –por las secuelas– y las nuevas ruedas de reconocimiento», resumieron ayer fuentes jurídicas de la investigación.

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