El Norte de Castilla
Caso Arroyo
El alcalde en el centro, durante el juicio. / Ramón Gómez

El alcalde de Arroyo, en el juicio: «Solo autoricé gestiones urbanísticas avaladas por los técnicos»

  • Méndez responde durante una hora y veinte a las preguntas del fiscal, pero rechaza contestar al letrado de la acusación particular

Durante una hora y veinte minutos el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, imputado por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos ha respondido a las preguntas del fiscal, José María Martínez Matesanz, en la vista que se inició ayer por la mañana en la Audiencia de Valladolid para esclarecer una presunta trama de corrupción urbanística en Arroyo. El procesado, que ha advertido al tribunal de que no respondería a las preguntas de la acusación, sí ha contestado a todas las cuestiones planteadas por el ministerio público sobre recalificaciones de suelo.

El fiscal ha tratado de probar si el alcalde modificó el uso de dos sectores urbanísticos, el SAU 9 y el 13, el primero para aumentar el volumen de edificación y, el segundo, para cambiar el uso de suelo de industrial a comercial y, luego, a residencial, aun conociendo la imposibilidad de hacerlo por la propia catalogación del suelo. Méndez ha asegurado que todas las decisiones que ha tomado respecto a posibles cambios de uso del suelo han sido políticas, «en beneficio de la expansión del municipio» y aprobadas en pleno con los correspondientes informes técnicos favorables.

Durante el duro interrogatorio que ha mantenido el fiscal, este ha tratado de delimitar las vinculaciones personales entre el alcalde de Arroyo con su socio y accionista de Mahía, José Presas Zobra, y el presidente de Mahía, Ramón López Casal, para establecer la conexión con los posibles delitos de prevaricación y cohecho. En el interrogatorio, el fiscal ha cuestionado desde la procedencia de los 30 millones que Méndez pagó a Mahía en concepto de un préstamo personal para saldar una deuda de su empresa, Recreativos Dema, hasta el cambio de titularidad de las escrituras de la vivienda actual del regidor o el regalo de unos columpios de desecho a un pueblo de Galicia sin que se hubieran desafectados como bien municipal, trámite que según Méndez no es necesario porque la obra del nuevo parque ya había sido adjudicada y sería a esa empresa a la que correspondería la propiedad de los inmuebles. Además, ha dicho, esos inmuebles se ofrecieron a los pueblos de la zona de Torozos y alguno, como Geria, se llevaron las papeleras.