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Martes, 9 de enero 2018
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El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy por unanimidad una moción por la que insta al Gobierno de España a iniciar las negociaciones para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que deben garantizar el «acceso universal» a unos servicios locales de «calidad».
Esta iniciativa corporativa ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, así como del concejal no adscrito, por lo que ha sido el propio alcalde de la ciudad, Óscar Puente (PSOE), el encargado de leer en el salón del pleno esta moción de ocho puntos que también ha pedido que se acuerde una reforma fiscal bajo el principio de la progresividad.
Concretamente, los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid han pedido que estas cuentas generales satisfagan las necesidades de las entidades locales en sus competencias educativas, en los servicios sociales y de dependencia, en el suministro de agua, en la atención al público o en los planes de dinamización de la economía local y de empleo.
Del mismo modo, los grupos han demandado un aumento en las inversiones públicas, que deben ir encaradas a la construcción de infraestructuras que, «además de generar empleo, garantizan la cohesión social», ha reflejado la moción aprobada.
Por otro lado, el texto también incluye la petición de flexibilizar las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales y la tasa de reposición, que permita al Ayuntamiento ofertar nuevas plazas de empleo público, con el fin de recuperar los empleos perdidos desde el 2012.
Asimismo, la moción plantea el desarrollo del Estatuto del Empleado Público y la promoción de negociación colectiva real en cada administración con sus empleados públicos con el fin de «devolver las cantidades salariales sustraídas a las empleadas y empleados públicos, así como las otras condiciones laborales detraídas».
Por último, los grupos municipales han subrayado en esta moción la necesidad de incluir unas «cláusulas sociales obligatorias» en la contratación pública, que garantice la «eficiencia y transparencia» del servicio, el empleo, las condiciones laborales y la subrogación de las personas trabajadoras.
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