La Audiencia Nacional deja vista para sentencia la estafa de Riverduero de 23 millones

Antiguas oficinas de Riverduero, en la Plaza Mayor de Valladolid.
Antiguas oficinas de Riverduero, en la Plaza Mayor de Valladolid. / GABRIEL VILLAMIL

Más de un centenar de afectados por la agencia de fondos reclaman la responsabilidad subsidiaria del banco portugués Caixa General

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

En el 2008, el letrado Francisco Llanos Acuña, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), que representa a la acusación particular en la estafa piramidal de Riverduero a más de un centenar de afectados de Valladolid, Palencia y Sevilla estimó que el procedimiento de Riverduero se prolongaría más de tres años. Y no se equivocó, porque han sido nueve.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia este procedimiento, que ha sentado en el banquillo al único acusado principal, el financiero vallisoletano Joaquín M. C. C., (el otro, Luis B. P., falleció el pasado año), y a otras dos personas más como partícipes a título lucrativo.

Los más de cien perjudicados, entre los que hay empresarios, médicos, pensionistas y algún exmagistrado de la capital, no han podido recuperar sus aportaciones que, según la Fiscalía, sumaron en conjunto 23.117.174 euros. Desde los 2.300 euros hasta los 316.000, es la media de los depósitos que se captaron por parte de los dos acusados, con la ‘garantía’ de una rentabilidad de hasta un 14% anual. Entre los reclamantes figuran solo dos, con aportaciones de 1,6 y 2 millones de euros.

Tras nueve días de vista oral en Madrid, los estafados confían en que la Audiencia Nacional reconozca la responsabilidad subsidiaria de Caixa General, el banco portugués donde estaba la cuenta para el dinero que fue posteriormente extraído.

La fiscal Ana Noé mantuvo su acusación de seis años de cárcel por un delito continuado de estafa y añadió otro de falsedad documental. Por su parte, Adicae rebajó sus penas de 15 hasta los 9 años.

'Nicho' para la confianza

Según las acusaciones pública y particular, la oficina en la calle Santiago 3-4 de Valladolid fue el ‘nicho’ desde donde la confianza en Joaquín M.C. y Luis B. P. sirvió para captar la mayoría de los fondos. Funcionó el boca a boca a partir de la trayectoria de Joaquín M.-C. que había trabajado en el antiguo Banco Ibérico (adquirido luego por el Banco Central)

Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión S. A. se constituyó el 17 de enero de 1991, y de la sociedad formaban parte Gestión Integral de Fortunas, Ribercop S. L. y particulares como Joaquín M.C. que aportaron 20 millones de pesetas.

En el año 1996, Riverduero abrió una segunda oficina en Sevilla, que pasó a ser dirigida por dos sobrinos de Luis B. P. Allí se captaron fondos haciendo valer que figuraba inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agencia de valores hasta octubre de 1992, de BT Asociados Financieros (1993-1996), y de Gaesco Bolsa, hasta 1998.

Sin embargo, desde el 15 de diciembre de ese año, Riverduero no figuraba en ningún registro de la CNMV como agente autorizado, aunque continúo operando publicitándose como intermediario de Gaesco. Según las acusaciones, «a partir del 2000 Joaquín y Luis, obrando de común acuerdo y con evidente ánimo de lucro, idearon una trama financiera de tipo piramidal, destinada a defraudar a inversores captados por Riverduero (...) sirviéndose de la permisividad de Caixa General». Este banco había comprado el Simeón, origen de los depósitos.

Un informe de la Agencia Tributaria, de noviembre de 2008, estableció que en la cuenta 730 abierta en este banco, hasta noviembre del 2008, se realizaron ingresos por importe de 23,3 millones de euros, y se produjeron salidas de fondos de 23,4 millones. «Es decir, los administradores de Riverduero solo invirtieron el 1,18% de las cantidades captadas a sus clientes, y además solo consiguieron con ellas un reintegro de 218.151 euros», dice.

Otro informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Valladolid estimó que la presunta estafa superaba los 27 millones de euros.

Aunque Gaesco llegó a devolver más de 900.000 euros, Adicae sostiene que los dos acusados «se valieron del conocimientos de la sociedad vallisoletana para seguir publicitando que Riverduero era representante de Gaesco, captando nuevas aportaciones y entregando a los teóricos inversores documentos con unos beneficios ficticios, cuando lo que realmente hacían era pagar a unos con el dinero de otros».

En la vista oral de más de una semana, los peritos de la Agencia Tributaria consideraron que se trató de una estafa piramidal, mientras que los del Banco de España indicaron que Caixa General no había incumplido con la normativa de creación de cuentas individualizas de cada cliente, tras captar los fondos a comienzos del 2000, circunstancia que sí defiende Adicae. La Fiscalía mantiene también la responsabilidad subsidiaria del banco portugués.

Gastos y cheques sin saber el destino

La falta de liquidez de Riverduero, que no pudo hacer frente a las devoluciones del dinero, provocó en febrero del 2008 la denuncia y la intervención de la Policía, que registró una oficina venida a menos, situada en la Plaza Mayor de Valladolid.

Los agentes detuvieron a Joaquín M.C. y Luis B. y la jueza de Instrucción 3, Carmen Cimas, les envió a la prisión de Villanubla, donde permanecieron hasta noviembre y diciembre de ese año. Salieron tras pagar 10.000 euros de fianza cada uno. Al existir afectados en varias provincias españolas, la magistrada se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, continuando la instrucción el juez Central, Fernando Andreu.

La investigación determinó que los gestores realizaron inversiones en bolsa, pago de cheques en ventanilla imputados a ambos acusados (3,3 millones), abonos a empresas desconociendo el motivo (449.058 euros), pagos aparte de nóminas (249.526), y abonos en cheques sin que se conozca el destino (3.320.203 euros).

En el juicio, Adicae retiró su acusación por alzamiento de bienes contra el único acusado, por entender que la venta de un chalé y vehículos «solo perseguía obtener ingresos para sobrevivir, no para especular». La sentencia podría conocerse a finales de este mes.

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