Las asociaciones vecinales piden que el traslado a las nuevas sedes se adelante

Sede de la Asociación de Vecinos del Barrio de Delicias, en el número 3 de la calle Levante, el año pasado.
Sede de la Asociación de Vecinos del Barrio de Delicias, en el número 3 de la calle Levante, el año pasado. / Henar Sastre

Veinticuatro agrupaciones denuncian el trastorno que supone para sus actividades dejarlo para diciembre

Alexandra Rodríguez Ibarra
ALEXANDRA RODRÍGUEZ IBARRAValladolid

Algunas durante veinte años, otras cerca de treinta, después de tanto tiempo es momento de marcharse. La carta certificada que anunciaba aquellas asociaciones de vecinos con locales arrendados por el Ayuntamiento que deberían abandonar su sede llegó un día de mayo de 2016. El decreto número 3.418 del 25 de abril de 2016, emitido por el Área de Hacienda, Función Pública y Promoción, pretendía rescindir los contratos de alquiler de estos establecimientos, algo que afectó a veinticuatro de las casi cuarenta asociaciones de vecinos locales, que no tardaron en alarmarse y presentar alegaciones.

No obstante, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, Alberto Bustos transmitió tranquilidad a las agrupaciones. En un principio, los contratos quedarían extintos el 31 de diciembre de ese año, pero no fue lo que sucedió. Pasaron las navidades y enero trajo consigo una nueva carta del Ayuntamiento, el día en que los alquileres serían rescindidos seguía siendo un 31 de diciembre, aunque pasó a fecha de 2017.

El concejal asegura que fue fruto del consenso entre el gobierno local y estas asociaciones: «Todos estuvieron de acuerdo»; a lo que añade que «se dialogó con todas las agrupaciones», a través de varias reuniones y convocatorias. Por ello no comprende que algunas de estas comunidades afectadas reclamen ahora que el proceso quede resuelto entre los meses de septiembre y octubre.

A inicios de año se abrió un periodo mediante el que estos grupos debían comunicar a la Concejalía si querían o no quedarse en su local actual, para así «estudiar su caso»; además de presentar un registro de posibles locales aptos para convertirse en la nueva sede. «Algunas nos han dicho que querían cambiarse hace un mes», explica Alberto Bustos, pues esto influye a la hora de gestionar cada situación particular, «los procedimientos no son tan fáciles», este es el motivo por el que, según indica, se estableció una fecha límite que permitiese concluir el proceso de forma adecuada y en igualdad de condiciones para todas las asociaciones.

Unos argumentos con los que no parecen estar de acuerdo algunas de las agrupaciones implicadas. Carlos Vallelado, presidente de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Rosario del barrio de La Rubia, afirma estar viviendo una situación de «desprecio» hacia estos conjuntos por parte del Ayuntamiento y la Concejalía. El principal problema de las asociaciones vecinales vallisoletanas ante esta tesitura es el trastorno que van a sufrir durante esos meses tras el ajetreo del verano, en los que las actividades y los talleres que organizan comienzan a recibir asistentes y a desempeñar su labor. Sobre esto, Alberto Bustos reconoce que «los cambios siempre pueden ser traumáticos», pero asevera que todo el proceso «ha sido dialogado y cordial».

Pero, según denuncia el presidente de La Rubia, la comunicación entre ambas partes no ha sido «transparente». Hasta el momento, se han producido más contactos por medio de reuniones que por intervenciones oficiales a través de documentos escritos. Algo que algunas de estas asociaciones afectadas consideran como la fuente de las confusiones que se han producido.

Por ello, la Federación Conde Ansúrez ha transmitido un comunicado a la Concejalía como petición para que los futuros intercambios se produzcan por vía escrita. Carlos Vallelado asegura que se sienten «ninguneados» porque, según declara, se les han anunciado diferentes fechas en las que tendría efecto ese traslado a un nuevo local: «primero era mayo, luego fue junio, después julio y ahora noviembre». Alberto Bustos se pronuncia sobre este aspecto ratificando que «la fecha oficial siempre ha sido el 31 de diciembre». «No nos hemos comprometido en ningún momento de hacerlo antes».

Sin embargo, en el caso de la asociación de La Rubia, el daño ya está hecho ya que, pensando que su traslado llegaría en septiembre, han desalojado la actual sede. Todos los muebles y demás elementos de cada una de las salas han sido retirados, en poco más de un mes comienza su periodo de actividades y el local está desnudo. «Peligrarían las fiestas del barrio de La Rubia por primera vez en veinte años», advierte Vallelado.

Preocupados

«Se ha cogido el toro por los cuernos», explica Alberto Bustos, después de todo, resulta complicado coordinar a más de veinte asociaciones vecinales y estudiar cada caso en concreto, con sus perjuicios y coyunturas especiales, para que todas tengan «absolutamente el mismo trato», asevera el concejal.

Hay posturas de todo tipo: algunas asociaciones presentan una actitud más reivindicativa, otras se muestran resignadas, otras pacientes y otras valoran como buena la actuación global de la Concejalía en este asunto. No obstante, en algo coinciden todas ellas y es en su preocupación por las actividades que desarrollan y que comienzan entre los meses de septiembre y octubre, pues estas asociaciones se organizan por cursos y no por años.

Además de eso, cada agrupación cuenta con un caso especial que hace más complicado esta transición. Teresa, presidenta de la Asociación de Vecinos Feria de Muestras , comparte su preocupación por este asunto debido a la cercana sustitución integral de la administración de la organización. «La asociación pidió el cambio de local porque en septiembre entra otra junta directiva más joven con intención de hacer otras iniciativas y con nuevas ideas», explica, pues esto queda directamente relacionado con las nuevas necesidades que surgirán y que el local actual no puede asumir. Sin embargo, reconoce que comenzaron «tarde» este proceso: «Hasta ahora no nos hemos metido en esto porque no pensábamos cambiar», aclara.

Improvisación

Con cierta resignación declara que «lo ideal sería que esto se solucionase antes de septiembre» pero, de no ser así, seguirían «como hasta ahora solo que añadiendo más horarios para poder acoger a los socios». No entienden el retraso de todo este proceso: «En nuestro caso, la dueña del local que nos interesa no nos pone ningún problema». Se encuentran «a la espera», concluye Teresa.

«Esto no es normal» es la opinión de María, presidenta de la Asociación de Vecinos Calderón de la Barca. Su situación es muy diferente a la de los socios de Huerta del Rey, ya que se ven obligados a abandonar su actual sede: «Nos dijeron que no podíamos estar en un piso», esto se debe a que la nueva normativa especifica que los locales de estas asociaciones deben estar a pie de calle para garantizar un fácil acceso y una rápida identificación de los mismos a los vecinos. Pero no es esto lo que María denuncia, sino la gestión del Ayuntamiento y, como en el resto de casos, los plazos tan desafortunados para adaptar las actividades: «Da la sensación de que es todo muy improvisado», valora la presidenta.

José Antonio fundó en 1984 la Asociación de Vecinos La Paz del barrio Las Villas, en pleno centro del distrito, ahora lo mandan a un local que está a un kilómetro, que necesita de «dos meses para adaptarlo» y que es más pequeño que la sede en la que lleva treinta años. «Las personas mayores no quieren moverse de aquí» explica el presidente, este rango de edad es el que representa a la mayoría de los socios de la agrupación. «Si no queremos cambiar, que nos dejen», pide José Antonio, que no se ve con fuerzas para seguir con la dirección de la asociación, por lo que admite: «Si nos mandan allí, cerramos». Una decisión que afectaría a las cerca de 170 familias de participantes. Bustos está al tanto de esta situación y afirma que «con Las Villas están viendo posibilidades».

Un poco de paciencia

Los portavoces de los socios en este asunto son las dos grandes agrupaciones de asociaciones vecinales vallisoletanas, que representan a las cerca de veinte afectadas ante la Concejalía durante las convocatorias: la Federación Conde Ansúrez y la Federación Antonio Machado. La presidenta de esta última, Margarita García, reconoce que «el tema de los plazos es el más conflictivo» porque «todo está yendo con retraso».

La dirigente de la federación confiesa: «Nos gustaría que todo hubiese sido más ágil. Se propuso adelantar el plazo a septiembre». Sin embargo, habla de una buena actitud por parte de la Concejalía que, según declara, al fin y al cabo es la primera que «querrá quitarse este problema cuanto antes». Margarita García aboga por la serenidad y habla de «amarse de paciencia» durante estos meses: «Queremos confiar en el Ayuntamiento, para ellos lo más importante es cuidar de sus asociaciones».

Alberto Ariño, vicepresidente de la Federación Conde Ansúrez, también protesta por la «lentitud con la que se está tramitando todo esto». La raíz del problema, según estima, está en el hecho de que «el Ayuntamiento consideró que para septiembre podría estar solucionado, pero el tiempo se les ha venido encima».

La postura de PP y Ciudadanos

El asunto de la extinción de los contratos de alquiler de los locales de las asociaciones de vecinos es algo que se ha tratado en varias ocasiones en el Pleno, según asegura Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento: «Llevamos con este tema desde inicios de año», a través de los diversos ruegos que se han dirigido al Ayuntamiento. La política afirma que Alberto Bustos prevé resolver la tesitura este año, pero que es algo que «deben solucionar jurídicamente cuanto antes». Además, denuncia que «no se preocupan por mantener el contacto directo con las asociaciones» y advierte de que «se está poniendo en peligro el tejido asociativo de Valladolid».

«Creemos que nos está mintiendo», manifiesta con dureza Mercedes Cantalapiedra, responsable de cultura del Partido Popular, sobre el mensaje tranquilizador que pretende transmitir el concejal. Denuncia que las asociaciones «no pueden programar nada» y que están «paralizadas y en una situación de indefensión» sin unos locales asegurados en los que llevar a cabo los actividades y talleres para el vecindario.

Cantalapiedra califica de «irresponsable» la gestión del Ayuntamiento por unas «medidas inadecuadas» y retrata la demanda principal de las asociaciones sobre los plazos: «Cuando tienes que hacer un cambio de esta trascendencia, se hace con antelación».

Menciona la necesidad de las asociaciones por hacer una petición de contacto por escrito como una señal de que «han dejado de creer en el concejal». La partidaria del PP no acepta más excusas y asevera que «la solución es ponerse a trabajar».

«La asociación me anima a salir de casa»

Estas agrupaciones vecinales desempeñan una importante labor con las actividades y talleres que destinan a sus socios, así como la naturaleza de comunidad que se crea, en especial, para un colectivo vulnerable como los ancianos.

Henar es una viuda que disfruta en los talleres de pintura que organiza la asociación de La Rubia, declara que es una distracción que le hace salir del hogar a ella y otras muchas amas de casa, viudas o jubiladas: «Nos distrae, nos viene bien y nos hace relacionarnos». Henar afirma que le daría «mucha tristeza» no poder acudir a esas actividades. Al igual que Carmen, que disfruta de su afición por hacer bolillo junto a sus compañeras, a las que «no le gustaría dejar de ver».

La demanda de Henar es firme: «Que nos atiendan más y se pongan en nuestro lugar. Nuestro tiempo también es importante».

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