Acuerdo en Laguna para gestionar las viviendas sociales destinadas a personas en riesgo de exclusión

Juan Carlos Suárez-Quiñones y Román Rodríguez firman el documento./S. B.
Juan Carlos Suárez-Quiñones y Román Rodríguez firman el documento. / S. B.

Ayuntamiento y Junta firman un convenio para agilizar los trámites

Jesús Nieto
JESÚS NIETOLaguna de Duero

Las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Familia e Igualdad de Oportunidades han acordado con el Ayuntamiento de Laguna de Duero la gestión coordinada del parque público de alquiler social, en un convenio que ya se ha firmado con los municipios de León y Segovia, y que en los próximos días se hará extensivo a todas las localidades mayores de 20.000 habitantes.

El alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez, señaló que con esta firma se da un paso más en el trabajo que diariamente se hace desde el Consistorio en favor de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Por su parte, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó que la prioridad es aunar esfuerzos para facilitar el acceso temporal a una vivienda en alquiler a las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad y contribuir así a su integración social».

El convenio se enmarca en el protocolo de colaboración firmado el pasado mes de noviembre entre lambas consejerías con la Federación Regional de Municipios y Provincias para gestionar de forma coordinada las viviendas que actualmente conforman el parque público de viviendas destinado a cubrir situaciones difíciles para las familias. El convenio incide en facilitar al ciudadano la gestión de recursos mediante su solicitud en un solo organismo, sin reenvíos ni necesidad de acudir a ninguna otra instancia.

Comienza el pago de las ayudas 2017

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Carlos Suárez-Quiñones, anunció que ya se ha iniciado el pago de las subvenciones concedidas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria de 2017 por un importe de 11.733.004 euros. De los 11.533 beneficiarios iniciales, 2.235 solicitantes no accedieron a la ayuda por falta de presupuesto. Pero la consejería pondrá ahora en marcha un mecanismo de repesca para los solicitantes que figuraban en la lista de espera.

«A las 9.298 personas a las que se les concedió la ayuda recibirán esta misma semana la subvención, y las 2.235 restantes tendrán una comunicación para que acudan a justificar los requisitos que dicen cumplir y aquellos que los cumplan recibirán también la ayuda», apuntó el consejero. Suárez-Quiñones informó también que han flexibilizado los requisitos: «Ya no pedimos unos ingresos mínimos, hemos aumentado el tipo y el tiempo de contrato y también hemos incrementado el porcentaje de ayuda por beneficiario». concluyó.

«Para que la persona con necesidad no tenga que acudir a un rosario de trámites por distintos lugares, lo hemos centralizado en los ayuntamientos, de manera que con acudir al CEAS del municipio sea suficiente», afirmó Suárez-Quiñones Así, el Centro de Acción Social (CEAS) valorará las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias y acreditará la necesidad de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, dando directamente traslado de la petición a la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Fomento para dar lugar a la actuación singular solicitada.

El CEAS facilitará información, asesoramiento y orientación profesional necesarias para el acceso, en régimen de arrendamiento, a una vivienda del parque público de viviendas destinadas a alquiler social, cuando constituya un medio para la integración social de las personas y sus familias.

El parque público de viviendas en alquiler en Castilla y León dispone actualmente de 1.765, de las que 584 se encuentran en Valladolid y seis de ellas en Laguna de Duero.

El parque se nutre de viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social, otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la incluidas en el programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural, y las viviendas de protección pública, propiedad de Somacyl, que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción de compra.

Estos inmuebles están destinados para las personas que más lo necesitan, que tienen mayor dificultad para acceder a una vivienda. «Pero dentro de estas personas, hay otro grupo más reducido que está en riesgo de exclusión social y donde su integración se hace más necesaria. Este grupo será el preferente para la adjudicación de estas viviendas, de forma rápida y fácil», se comprometió el consejero.

Asimismo, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades de Laguna, Margot Rodríguez, subrayó que gracias a este convenio, y a través de la comisión de seguimiento, el Ayuntamiento conocerá el número de viviendas disponibles, información de la que carecían hasta ahora.

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