Los concejales de Toma la Palabra Rosalba Fonteriz, Alberto Bustos y la responsable de Medio Ambiente, María Sánchez.
Los concejales de Toma la Palabra Rosalba Fonteriz, Alberto Bustos y la responsable de Medio Ambiente, María Sánchez. / A. M.

La cruzada se intensifica: el Ayuntamiento urge a Agualid a que entregue el material

  • PP y Ciudadanos auguran problemas para la plantilla y precios más altos con la gestión directa

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Los apocalípticos auguran un naufragio seguro. Los optimistas remunicipalizadores ven cristalinas las ventajas de la gestión directa del servicio. El tiempo dará y quitará razones, porque, de momento, solo son pronósticos. A 24 días para que el Ayuntamiento de Valladolid recupere la gestión directa del agua, tras veinte años en manos de una empresa privada, el pleno del Consistorio vivió ayer una sesión con marejada, que dejó clara la falta de consenso en el seno de la corporación sobre este proceso. El equipo de gobierno tan solo consiguió la abstención de la oposición a la moción presentada por Toma la Palabra para reclamar a la concesionaria colaboración en el traspaso de poderes. Frente al llamamiento de la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, para poner fin a las «continuas zancadillas» por parte de Aguas de Valladolid, PP y Ciudadanos descargaron duras críticas por lo que consideran una «decisión errónea», que perjudicará al servicio, empeorará las condiciones laborales de la plantilla que se subroga e incrementará el precio del líquido elemento, según reiteraron.

Equipos y sistemas informáticos, mobiliario, teléfonos y algunos vehículos en ‘renting’ son el objeto de esta última reclamación del Consistorio en su cruzada contra la cruzada de la compañía, que «se resiste a poner las cosas fáciles» en la transición. «Piensan que es de su propiedad», criticó la responsable del área.

La edil buscaba la aquiescencia de todos los grupos en lo que considera una «defensa de la autonomía municipal», pero se encontró con el reproche de ambas formaciones, que dicen no entender por qué el ejecutivo local reclama apoyo cuando lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley, «sin querer descargar las consecuencias de sus decisiones en toda la corporación», según acotó la edil de Ciudadanos. «Otras veces nos les tiembla el pulso para utilizar sus servicios jurídicos», les espetó el popular Carlos Fernández. Tanto él como Pilar Vicente no auguran «nada bueno» con el cambio de modelo, pero ya advirtió el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, que el Consistorio «no se va a arrugar y llevará hasta sus últimas consecuencias la defensa del interés público», al tiempo que acusó a ambos partidos de «trabajar por el negocio, en vez de por los vecinos». «Son ustedes unos piratas de lo público;están esperando con los dedos cruzados a que esto falle», les dijo a los concejales de la bancada popular.

En la misma línea, la máxima representante de Sí se Puede, Charo Chávez, llamó la atención sobre la postura «bochornosa» de la empresa y del Gobierno central, que pretende «usurpar la soberanía de la Administración Local» con la presentación de un recurso en los tribunales contra la remunicipalización. Jesús Presencio, quien votó a favor del toque de atención a la concesionaria, sí lamentó que se haya dejado el grueso de la labor «para el último mes», además de criticar que el ejecutivo local tache de «malos» a los que no les apoyan a pies juntillas en sus decisiones.

En la guerra del agua, que inundó la sesión de principio a fin, la concejala Sánchez tiene un plan B. Mientras espera que el llamamiento a la empresa dé resultado –finalmente la concesionaria entregó las nóminas que le habían pedido–, el Ayuntamiento ya se pertrecha para que a la entidad pública no le falte lo que ahora reclama. Así, ha iniciado la licitación de ordenadores, sistemas informáticos, mobiliario y un portal web de atención al ciudadano. También ha alquilado una sede en el número 10 de la calle Muro ante la negativa de Aguas de Valladolid de ceder temporalmente el local de General Ruiz, situado a la vuelta de la esquina.

Durante el debate de los acuerdos que tumbaron los recursos de la concesionaria contra la tasa del agua y el estudio de gastos e ingresos se reprodujo el enfrentamiento. Pilar Vicente aseguró que dentro de la bancada del PSOE hay voces que «con la cabeza gacha y en los pasillos» reconocen no estar de acuerdo con el proceso, mientras que el presidente del PP, José Antonio Martínez Bermejo, acusó a Puente de «poner en riesgo el trabajo de la plantilla de Aguas de Valladolid únicamente por mantener el sillón de la Alcaldía». El aludido calificó de «enternecedora» la defensa de los populares de los trabajadores, pero les recordó que el comité de empresa apoya una decisión, en la que, según recordó María Sánchez, se ha contado con la opinión de los empleados, algo que el PP no hizo cuando decidió sacar a concesión el servicio en 1997.