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Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, en un ac to público.
Fiscalía apunta de nuevo a Blanco y Sánchez

Fiscalía apunta de nuevo a Blanco y Sánchez

Solicita que León de la Riva y sus ediles vuelvan a ser interrogados por los avales del soterramiento y exime al asesor ferroviario

J. Asua

Jueves, 16 de marzo 2017, 11:12

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La investigación sobre el aval del crédito del soterramiento no debe cerrarse, sino que hay que ampliarla tras haberse conocido nuevos hechos relevantes y conexos entre sí. Eso es lo que pretende la Fiscalía de Valladolid, que ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 4, y subsidiario de apelación a la Audiencia, contra el auto de imputación del exalcalde Francisco Javier León de la Riva por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

El Ministerio Público, a la vista de las nuevas pruebas presentadas por el Ayuntamiento de la capital, destaca que los hechos puestos en conocimiento por el Consistorio la firma de otras dos cartas de conformidad en 2008 y 2010 al préstamo de la operación ferroviaria sin haber seguido los preceptivos trámites legales «no solo tienen relevancia para ponderar la presunta responsabilidad en los ya conocidos de los investigados, sino que también, por sí, reúnen, en principio, los elementos integradores de sendos delitos de prevaricación y falsedad documental de la misma naturaleza y características que los que han sido objeto de la instrucción», según se lee en el recurso.

La Fiscalía apunta con claridad, además de a León de la Riva, a los dos concejales que en su momento fueron consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad: el exedil de Hacienda y actual miembro de la bancada del PP en el Consistorio Alfredo Blanco y al que fue responsable del área de Infraestructuras Manuel Sánchez, ya jubilado, porque asistieron a los consejos de administración donde se negociaron las condiciones de las garantías del préstamo, por lo que se supone que eran conocedores de la exigencias de las entidades.

De eta manera, requiere a la magistrada para que vuelvan a ser interrogados. En el caso del que fuera asesor ferroviario del exalcalde, el ingeniero de Caminos Carlos Baró considera procedente que se mantenga el sobreseimiento provisional al no haberse hallado pruebas suficientes de su participación en el asunto.

En su escrito, la Fiscalía, representada por Ana María Valle, subraya que se trata de otros dos actos administrativos dictados por «un órgano carente de competencia» para ello «prescindiendo absolutamente de los trámites preceptivos y con perjuicio de la Causa Pública, reflejándose en esos documentos cuyo contenido, salvo las sumas garantizadas a las entidades financieras hechos que no coinciden con la realidad».

Los mismos delitos

Así, subraya que en esas dos comfort letter de 2008 y 2010 se daba por supuesta la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de acuerdos y autorizaciones que, según se desprende del nuevo informe de Intervención Municipal, tampoco se habían producido.

El Ministerio Público califica de «esencial» la práctica de nuevas pruebas aun cuando no se ampliara el objeto de la instrucción. Cita el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recordar que los delitos conexos pueden ser investigados y enjuiciados en la misma causa.

Nuevas pruebas

En su opinión, en el presente caso está claro que ese principio podría aplicarse pues se trata de delitos «presuntamente cometidos por la/s misma/s persona/s», cuyo plazo de prescripción no ha transcurrido y que tienen analogía y relación entre sí. Por eso, considera que esta ampliación no supondría excesiva complejidad al precisar únicamente de nuevas declaraciones de los investigados y pruebas documentales de fácil obtención, lo que no dilataría el proceso, cuyo plazo de instrucción ya fue ampliado en un auto de fecha 23 de enero de 2017.

Entre las nuevas pruebas que solicita la Fiscalía, se requiere un informe del departamento de Intervención Municipal acerca del procedimiento que debería haberse seguido en las firmas de las cartas de conformidad de 2008 y 2010 y si las garantías que se ofrecían a los bancos que financian la operación entonces eran acordes con las limitaciones de endeudamiento del Consistorio vigentes en aquellos dos ejercicios.

También se piden copia certificada de los decretos de delegación de atribuciones en los concejales de las áreas de Hacienda y Función Pública y de Planificación e Infraestructuras, dictados por la Alcaldía entre los años 2008 y 2011, con el objeto de conocer quiénes eran sus responsables y cuáles eran sus competencias en aquellos años.

La Fiscalía también quiere conocer cómo fueron los debates sobre la financiación de la operación en el seno del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Por un lado, solicita certificar la identidad de los representantes municipales en ese órgano en los años 2008 y 2010. Por otro, pretende que remita copia de las actas de las sesiones en las que se trató la suscripción del contrato de crédito firmado en julio de 2008, la novación del mismo, suscrita en enero de 2010, y la póliza por importe máximo de 70 millones de euros, que se formalizó en septiembre de ese mismo año.

El Ayuntamiento se ha adherido a este recurso. Fuentes jurídicas dan por hecho que la titular de Instrucción 4 aceptara estas nuevas pruebas. Si no lo hiciera, sería la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia la que tendría que resolver el recurso. Cabe recordar que fue esta instancia judicial la que ordenó a la instructora reabrir el caso tras ser sobreseído provisionalmente.

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