El exconcejal Manuel Sánchez declara como investigado por el caso de la 'comfort letter'

  • Por el Juzgado de Instrucción número 4 también pasará el que fuera asesor del Ayuntamiento para la operación ferroviaria, Carlos Baró

 

El exconcejal responsable del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid en 2011, Manuel Sánchez, declarará este jueves, como investigado, en el marco de las diligencias abiertas con motivo de la carta de conformidad que el entonces alcalde del PP, Javier León de la Riva, firmó por su cuenta y riesgo y que comprometía al Consistorio a devolver 100 de los 400 millones que un consorcio bancario concedió para la operación del soterramiento del tren a su paso por la capital.

La declaración de Sánchez está prevista a partir de las 11.00 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Verónica María Marcos, acto en el que estará representado por el letrado José María Tejerina, mientras que aproximadamente media hora más tarde será el turno para el interrogatorio, también en calidad de investigado, del que fuera asesor del Ayuntamiento para la operación ferroviaria, Carlos Baró, este último asistido por el abogado Jesús Gómez Escolar, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La citación del primero de ambos responde a las manifestaciones efectuadas el pasado día 17 de enero por el que fuera concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, quien, en su declaración también como investigado, alegó que no tuvo participación alguna en la tramitación de la carta de conformidad y no tuvo conocimiento tampoco de la necesidad de la misma, ya que por cuestión de la materia la operación no era de su competencia sino de la Concejalía de Infraestructuras, ocupada por Sánchez, que tampoco fue informado de la referida garantía exigida por los bancos.

Negociación exclusiva

Para afianzar aún más su desvinculación con el caso, Blanco precisó entonces que la persona que llevó todas las negociaciones del soterramiento del ferrocarril y que estaba al cabo de todas ellas era el alcalde, así como que él se limitaba a asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en calidad de representante del Ayuntamiento, pero sin participación alguna porque no tenía competencias en la materia.

En el marco de las pesquisas, que investigan presuntos delitos de falsedad y prevaricación administrativa, el turno de interrogatorios lo abrió el 22 de noviembre de 2016 el principal investigado, el exregidor durante veinte años Francisco Javier León de la Riva.

En el transcurso de su interrogatorio, también representado en aquel acto por el letrado José María Tejerina, el exalcalde se escudó en su desconocimiento de la trascendencia de lo que implicaba la polémica carta de conformidad, pues era un documento mercantil muy poco conocido en aquella época y, además, el primero que firmaba, de ahí que estampara su firma porque pensaba que no se trataba de una póliza de préstamo o línea de crédito y no formaba parte de un expediente administrativo que sí hubiera sido necesario tramitar.

Testigos

Desde entonces han pasado por el juzgado, como testigos, el interventor municipal en aquella época, Jesús Velázquez, y el actual secretario municipal, Valentín Merino, quienes reconocieron que la carta firmada por el alcalde no siguió trámite alguno y que ni siquiera la conocía, así como, igualmente como testigo, la que fuera secretaria del entonces regidor, María Cristina García.

La instrucción de la presente causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Valladolid admitiera a trámite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento--personado como acusación particular--contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de sobreseer la denuncia que se presentó contra León de la Riva por firmar dicho documento, que fue anulado en vía administrativa tras el acuerdo del pleno celebrado en septiembre de 2016 que desvinculaba al Ayuntamiento de la obligación de afrontar la devolución de esos 100 millones de euros.