Aguas de Valladolid alega contra la remunicipalización

Aguas de Valladolid alega contra la remunicipalización
/ Planta de agua de Las Eras.
  • Solicita la paralización del proceso tras detectar irregularidades y no descarta iniciar acciones legales si el pleno lo aprueba

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La empresa Aguas de Valladolid ha presentado en el registro del Ayuntamiento una batería de alegaciones por los, en su opinión, defectos de fondo y de forma que sus servicios jurídicos han detectado en el proceso de remunicipalización del servicio. En su escrito, con entrada el pasado 27 de diciembre, la actual concesionaria solicita la paralización de cualquier acuerdo en el seno de la Administración Local, que tiene previsto celebrar mañana un pleno para aprobar la creación de un entre público empresarial que gestione esta prestación básica. Así, advierte de que, en los términos formulados, la decisión para establecer una forma de gestión directa «sería gravemente contraria a Derecho». El vicesecretario general de la institución comunicó ayer a los grupos la entrada de estas alegaciones, pero matizó que no serán debatidas en la sesión, sin perjuicio de que sean sometidas a un dictamen de los letrados municipales.

La empresa, que plaga su informe de jurisprudencia, acota que el Consistorio no ha dado audiencia a la compañía como, a su juicio, obliga la normativa «ante una decisión de gran importancia, que afectará a sus trabajadores y a la continuidad de la propia sociedad», al tiempo que recuerda que este proceso requiere la aprobación preceptiva de la Junta de Castilla y León y del Tribunal de Defensa de la Competencia.

La concesionaria, que ya avanza que se reserva el ejercicio de las acciones legales en el caso de que el Ayuntamiento «adopte decisiones manifiestamente ilegales», considera que la fórmula elegida «no parece la más ventajosa». Del informe del interventor interpreta que la gestión directa «parece generar más riesgos y dudas para las obligaciones de estabilidad presupuestaria, que la gestión indirecta».

Respecto a la subrogación de la plantilla de Aguas de Valladolid, recalca que pasarían como indefinidos no fijos, una figura destinada a paliar situaciones anómalas, que no se podrá mantener en el tiempo, ya que la ley obliga a sacar las plazas respetando los principios de mérito y capacidad, «lo que provocará la extinción se los contratos laborales de los indefinidos no fijos». Además, añaden, el cambio provocará la «precarización de sus relaciones laborales y de sus derechos adquiridos, ya que el convenio colectivo actual no estará vigente en el futuro».

Aguas de Valladolid insiste en que si la nueva entidad pública empresarial se considerase parte del sector de Administraciones Públicas, los gastos y deudas asociados a la gestión del servicio impactarían en la sostenibilidad del Consistorio, lo que podría dar lugar a la impugnación de la decisión por parte del Ministerio de Hacienda.

Las alegaciones también ponen en entredicho los argumentos del Ayuntamiento respecto al cobro para optar por esta fórmula. Mientras que el Consistorio asegura que las tarifas deben configurarse como tasas y estas solo pueden ser recaudadas mediante la gestión directa, la concesionaria cree que es incorrecto y aseguran que la controversia jurídica aún no se ha resuelto. No obstante, acotan que existen fórmulas para llevarlo a cabo, además de detectar fallos en la memoria como el caso de la amortización de inversiones, «que no se calculan en todos los casos a 15 años, lo que desvitúa totalmente el análisis» realizado por la comisión.