El agua, la eterna pelea de Valladolid
El Canal del Duero, cuya construcción permitió colmar la urgente necesidad de ampliar el abastecimiento de aguas / Archivo Municipal

El agua, la eterna pelea de Valladolid

  • En marzo de 1959, tras siete años de ardua negociación, la Corporación municipalizó el servicio y liquidó la concesión que disfrutaba la Sociedad Industrial Castellana

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Cuando en marzo de 1959, después de una ardua negociación, el Ayuntamiento de Valladolid arrancó de manos privadas la gestión del agua y procedió a municipalizar el servicio, lo hizo por una razón palmaria: era imprescindible mejorar un sistema a todas luces deficiente, incapaz de satisfacer las necesidades de una capital que avistaba un futuro inmediato de pujanza industrial. En ese momento, España entera se adentraba en la senda del desarrollismo económico, una vez comprobados los malos resultados de la política autárquica del primer franquismo, y Valladolid no podía permitirse continuar con un sistema de abastecimiento de agua que los vecinos, especialmente los de los barrios periféricos, juzgaban ineficiente y de dudosa calidad. El concesionario privado, en poder del servicio desde 1900, no gozaba de credibilidad.

Para comprenderlo en sus justos términos hay que viajar en el tiempo hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando la ciudad se abastecía básicamente de las aguas traídas desde Argales, de las tomas de pozos y de los aguadores del río Pisuerga. Un sistema rudimentario que apenas colmaba las necesidades más urgentes de la población, pues aportaba medio cuartillo por persona al día, denunciaban los ediles en 1862. La situación llegaba a ser a tan crítica, que hasta se probó arbitrar manantiales alternativos como los de Villanubla, el llamado sitio de Las Callejas o la misma fuente de la Ría.

El mismo Manuel Saravia, teniente alcalde de la Corporación que va a recuperar la gestión municipal del agua, lo ha detallado en el libro ‘El surtido de aguas a Valladolid: de la concesión a la municipalización (1864–1959)’, firmado junto a Pablo Gigosos y editado por el Ayuntamiento en 1993. Fue, en efecto, en mayo de 1864 cuando el Consistorio, empeñado en abastecer a la población de «agua pura», autorizó la concesión a la recién creada Unión Castellana; el cometido de ésta era construir un canal que transportase las aguas del río Duero y, desaguando en el Pisuerga, sirviesen para abastecer el riego de todos los terrenos situados entre Tudela y la capital y proveyesen a la población. La crisis de la sociedad, sin embargo, mantuvo el proyecto embarrado durante diez años.

Luego, en julio de 1878, la concesión de la Unión Castellana fue transferida a la Sociedad Canal del Duero, creada por José de Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca, junto al Banco General de Madrid, que en 1883 inició las obras. Si en un primer momento la concesión fue a perpetuidad, una ley aprobada en 1882 terminó reduciéndola a 99 años. La inauguración del servicio se verificó el 17 de noviembre de 1886, «haciendo constar que las aguas habían llegado al depósito de San Isidro y están en condición de prestar servicio a esta capital», aseguraba El Norte de Castilla.

A través del nuevo Canal, de más de 30 kilómetros de longitud, las aguas del Duero llegaron a la ciudad y comenzaron a ser distribuidas por medio de canalizaciones metálicas construidas al efecto. Aunque el decano de la prensa no dudó en interpretar este acontecimiento como un hecho histórico de beneficiosas consecuencias para los ciudadanos, enseguida alertó de la necesidad de «proceder al alcantarillado de la población, que permita utilizar las aguas que corren por todas nuestras calles y que no podrán aprovecharse si no se estudia el modo de darlas salida». Además, los propios vallisoletanos seguían echando de menos la calidad de las aguas del manantial de Argales, y consideraban las de los ríos Duero y Pisuerga de dudosa potabilidad.

Este hecho, unido a la deficiente extensión de la red (los problemas para abastecer a los barrios eran prácticamente insalvables) y a la escasa rentabilidad del negocio, acabaría por enturbiar las relaciones entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento, hasta el extremo de que el 30 de junio de 1900 el servicio pasó a manos de una nueva entidad privada, la Sociedad Industrial Castellana (SIC), creada dos años antes. Presidida por Teodosio Alonso Pesquera, la ocupación principal de la Sociedad consistía obtener azúcar a partir de la remolacha, de ahí que, como ha escrito Luis Javier Coronas, estuviera muy interesada en esta infraestructura para poder desarrollar el regadío en la comarca.

Uno de los problemas más acuciantes, aparte de la calidad, era el de la extensión del servicio de agua potable a los barrios, como pudo comprobarse a raíz de las quejas procedentes de Delicias, Tranque, San Isidro, La Rubia, La Esperanza, La Victoria, Pajarillos, Vadillos y Pilarica. Este asunto contribuyó enormemente a dificultar las relaciones entre la Sociedad Industrial Castellana y el Ayuntamiento, sobre todo a partir de los años 30; de hecho, a principios de esta década se distinguían dos calidades del agua: la mejor, para el centro de la ciudad, y otra solamente decantada para los barrios. Por si fuera poco, las constantes dudas sobre la potabilidad del agua, la libertad de tarifas y el compromiso de disponer de la red limitada a solo 20 kilómetros pusieron aún más trabas a la gestión eficaz que el Ayuntamiento demandaba.

Servicio deficiente

Este cúmulo de divergencias explica la decisión edilicia de municipalizar el servicio. José A. González Regueral, nombrado alcalde en 1949, acometió el proyecto a comienzos de la década de los 50. Las razones aducidas por la Corporación fueron, básicamente, que «no todo el agua suministrada por la Sociedad concesionaria reúne las mismas condiciones de potabilidad», cuestión ésta que preocupaba especialmente en los barrios, «la vieja y deficiente red de distribución en muchos trayectos», que además se extendía «con gran lentitud a la mayor parte del casco urbano», el no menos deficiente «abastecimiento en altura», las trabas impuestas a la inspección municipal y la solicitud, por parte de la Sociedad Industrial Castellana, de proceder a un incremento de tarifas del 400%, algo totalmente desorbitado.

El agua, la eterna pelea de Valladolid

Impulsada por el ingeniero municipal Francisco J. de Quevedo, la municipalización se planteó en el pleno el 21 de mayo de 1952, después de que los capitulares aprobasen por unanimidad rescindir el contrato a la SIC si ésta, en el plazo de tres meses, no se avenía a las condiciones de mejora exigidas por el Ayuntamiento. Como no hubo acuerdo, una Comisión especial creada en cumplimiento del artículo 168 de la Ley de Régimen Local redactó una ‘Memoria sobre la municipalización del servicio de abastecimiento de agua’, que El Norte de Castilla publicó en dos entregas.

De inmediato se interpusieron tres recursos: de la Sociedad afectada, que también publicó sus alegaciones en el decano de la prensa, de la Comunidad de Regantes y de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. El Ayuntamiento hubo de esperar hasta junio de 1956 para poder aprobar la Memoria. A finales de este año, además, se hizo pública la orden ministerial que concedía la municipalización del servicio, contra la que presentaron recursos ante el Tribunal Supremo la Sociedad Industrial Castellana -por motivos evidentes- y el propio Ayuntamiento, en desacuerdo con la limitación que el Ministerio de la Gobernación imponía a la expropiación de terrenos, pues la restringía a las redes de la ciudad y no a toda la extensión del Canal del Duero desde Quintanilla de Onésimo.

El agua, la eterna pelea de Valladolid

Tras más de dos años de litigio, en marzo de 1959, ya con José Luis Gutiérrez Semprún al frente de la alcaldía, se llegó a un acuerdo amistoso con la Sociedad Industrial Castellana, en virtud del cual se firmaba el definitivo convenio de municipalización del agua. Aprobado por unanimidad en el Pleno extraordinario del día 17, establecía un precio de 27.650.000 pesetas por los bienes y elementos del servicio de agua potable, que el Ayuntamiento debía pagar de una sola vez y en el plazo de seis meses; en caso de no hacerlo en su totalidad, el convenio establecía un año más de plazo, devengando la parte aplazada un interés del 4%.

En agosto de 1959 quedó establecido el órgano especial de administración del servicio, presidido por el teniente de alcalde Tomás Bulnes-Villalobos; González Regueral actuaba como vicepresidente y los vocales eran Martín Santos Romero, Manuel Téllez Ballesteros, Lucio Burgos Cruzado, Antonio Rodríguez San Martín y Julián Martín de Francisco. Tal y como informaba El Norte de Castilla del día 7, durante un periodo de transición de nueve meses la gestión seguiría en manos de la Sociedad Industrial Castellana, bajo la inspección del Ayuntamiento.

En opinión de Saravia y Gigosos, los principales factores que habían posibilitado la municipalización del agua fueron la nueva Ley de Régimen Local, el ejemplo de ciudades próximas, las facilidades dadas por el Banco de Crédito Local, el incremento progresivo de la vivienda en propiedad frente al inquilinato, el aumento del nivel de vida de la población y el importante crecimiento económico de la ciudad, muy por encima de las previsiones con las que se había establecido el régimen de concesión. Así establecido, el nuevo servicio municipal se marcó tres objetivos prioritarios: conseguir una mayor pureza bacteriológica del agua, lograr la máxima calidad del abastecimiento y extenderlo a todos los sectores posibles sin ánimo de lucro.

Las realizaciones más inmediatas fueron la ampliación de la estación de San Isidro, el acondicionamiento del Canal del Duero, la elevación desde el Pisuerga y la elevación de agua al Canal de San Cristóbal. Fue en enero de 1983, durante la primera legislatura del socialista Tomás Rodríguez Bolaños, primer alcalde democrático de la ciudad tras la dictadura franquista, cuando se acordó crear la sociedad privada municipal ASVA, constituida en noviembre para la gestión y administración del ciclo integral del agua. Esta sociedad anónima, que partía con un capital social de mil millones de pesetas, totalmente suscrito y desembolsado por el Ayuntamiento, duraría hasta poco después de la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, liderado Francisco Javier León de la Riva, en las elecciones de mayo de 1995. En efecto, el pleno municipal de 31 de julio de 1996 aprobó privatizar el servicio. Una vez verificada la adjudicación por concurso a la UTE formada por Aquagest, Interagua y STU, el 1 de julio de 1997, previo pago de un canon inicial de 2.755 millones de pesetas, dio comienzo la gestión privada del agua en Valladolid. Atrás quedaban 38 años de control estrictamente municipal.