Unai con sus padres en una imagen del pasado mes de julio
Unai con sus padres en una imagen del pasado mes de julio

La familia de Unai estudia recurrir la sentencia que les dejó sin indemnización

  • La Asociación El Defensor del Paciente expresa su indignación por el fallo, que califica de «injusto»

La familia del joven vallisoletano de 14 años, Unai H. Á., se mostró ayer «triste» por la decisión de la Audiencia Provincial de Valladolid de revocar un anterior fallo del Juzgado de Primera Instancia 12, en el que se reconocía el derecho a percibir una indemnización de 840.549 euros por la deficiente atención que se le prestó durante su estancia en un campamento de verano, en el que sufrió un brote de meningitis que conllevó días después la amputación de las dos piernas y de dos falanges de tres dedos.

La actividad veraniega se desarrolló en agosto de 2010 en San Salvador de Cantamuda (Palencia), y había sido organizada por la parroquia Santo Tomás de Aquino de Valladolid. El fallo, del pasado 15 de diciembre, exime a la iglesia del abono de dicha cantidad, tras considerar que no existía obligación de disponer de un médico o ATS, ya que la normativa no lo exige y había un centro de salud en Cervera de Pisuerga.

Tras revocar la anterior sentencia, la familia dispone de unos días para decidir si recurre la misma en casación ante el Tribunal Supremo. Ángel Hontiyuelo, el padre del menor, expresó su desaliento por la decisión judicial.

Mientras, el letrado de la familia dijo ayer que se trataba de «una sentencia profundamente injusta, que no refleja lo que realmente ocurrió». Santiago Díez sostuvo que aunque la normativa de la Junta no obligue a los organizadores a disponer de un médico en los campamentos, la parroquia que promovió la actividad debía de tener un protocolo de actuación para los monitores. Pese a que la Audiencia sostiene que los mismos colaboraron de forma voluntaria y altruista, el abogado demandante recuerda que la parroquia cobró a los padres unos 300 euros, por lo que ello implicaba que debían de prever la asistencia sanitaria en casos como el de Unai. «Y no fue así, sino que fueron los monitores, sin preparación sanitaria alguna, los que medicaron al niño y analizaron los síntomas que registró, entre ellos la fiebre y los vómitos. No se obliga a tener un médico, pero el sentido común decía que faltó un protocolo de atención para los 49 niños». Los peritos que intervinieron en el juicio aseguraron que el retraso en el traslado contribuyó al desarrollo de la patología.

Santiago Díez, que considera que se adoptó la peor decisión la de dejar de llevar al niño al médico, añadió que al año siguiente la parroquia elaboró un protocolo de intervención para enfermedades de los niños, que sí comunicó a las familias.

El letrado cuestionó también otro de los argumentos para revocar la condena, como eran los antecedentes familiares de una prima carnal fallecida con un cuadro de sepsis menigocócica. «Eso es como predeterminar que podemos tener un accidente, porque lo tuvo otro familiar nuestro hace años», dijo.

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, también se pronunció ayer calificando el fallo como «decepcionante, frustraste, y sumamente injusto, puesto que deja impune una conducta sumamente reprochable».

Flores añadió que «es inexplicable que los magistrados de la Audiencia hagan caso omiso a las pruebas que acreditaban que no existía ningún protocolo en el campamento», al tiempo que censuró que el tribunal provincial equipare la actuación de los monitores a la de los propios padres. En este sentido recordó que los monitores tampoco actuaron como «un buen padre de familia, ya que ni siquiera utilizaron el sentido común de un padre que es llevar al niño al médico cuando está enfermo».