El Norte de Castilla

La Abogacía del Estado analiza su personación en la causa contra tres guardias civiles

Cuartel de Herrera de Pisuerga, donde estaba la vivienda concedida al teniente.
Cuartel de Herrera de Pisuerga, donde estaba la vivienda concedida al teniente. / EL NORTE
  • La jueza de Carrión de los Condes toma declaración por vez primera a los oficiales tras inhibirse el Tribunal Militar IV de La Coruña

Los servicios jurídicos del Estado en la provincia de Palencia estudian la posibilidad de personarse en las diligencias abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carrión de los Condes, después de que este órgano haya asumido la investigación contra tres oficiales de la Guardia Civil (un teniente y dos capitanes) a los que, junto con el dueño de una empresa de mudanzas de Palencia, el Juzgado Togado Militar 42 de Valladolid procesó en agosto del 2015.

La jueza y la Fiscalía Jurídico Militar imputaron al teniente, con destino en la compañía de Medina de Rioseco, y al dueño de la mercantil de mudanzas, por un presunto delito contra la Hacienda militar, relacionado con el cobro de dietas por el traslado profesional al cambiar de destino.

Al teniente se le imputa «la sustracción al erario público de la cantidad de 3.130 euros», por «presentar documentación falsa y solicitar la indemnización por traslado de residencia». La normativa interna de la Benemérita establece ayudas económicas para el traslado del mobiliario, así como dietas para los integrantes de la familia de los guardias civiles.

A los dos capitanes, uno de Tráfico y otro de la Comandancia de Palencia, la jurisdicción castrense les responsabiliza de un delito de deslealtad, por haber autorizado las dietas sin realizar las comprobaciones pertinentes.

Tras dos años de investigación, la jueza Togado procesó también al teniente por el uso del vehículo oficial para ir y venir al Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga desde su domicilio en Grijota (Palencia) durante más de un año. Las diligencias partieron de la denuncia presentada en marzo del 2014 por el delegado en Palencia de la Asociación Profesional Unión de Guardia Civiles (UGC), que aseguró que el teniente no ocupaba regularmente la vivienda que se le había asignado en cuartel de Herrera. Varios agentes testificaron que la familia del oficial tampoco residía en el pabellón.

Modificación del Código Militar

La jueza de Carrión, Paloma Lázaro, tomó este miércoles por vez primera declaración a los cuatro investigados, después de que este verano el Tribunal Militar Territorial IV de La Coruña se inhibiera en favor de la jurisdicción ordinaria, tras la modificación en enero del Código Penal Militar, que establece penas más favorables y remite algunas conductas al régimen disciplinario de la Guardia Civil.

Las declaraciones ayer por este sumario, que comprende cerca de un millar de folios, se prolongaron por espacio de 90 minutos en los que los letrados defensores volvieron a reclamar el archivo de las diligencias por considerar que no se habría cometido ninguno de los delitos.

De hecho, el empresario que realizó la mudanza del teniente, por la que percibió 1.875 euros, ha sostenido que efectuó el transporte y rechazó en su día ser enjuiciado por un tribunal militar al ser civil.

La jueza de Carrión de los Condes ha estimado inicialmente que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito leve de estafa. En este sentido, uno de los letrados de los dos capitanes, ha asegurado que "la instrucción se ha sobredimensionado por unos hechos que consideramos que no se han cometido".

Este abogado solicitó hace meses que la denuncia se trasladase a la jurisdicción civil, ya que en el supuesto de que se hubiera cometido "las cantidades que se mencionaban no podrían ser tipificadas contra la Hacienda militar, sino que serían contra el Ministerio del Interior al estar adscrito el teniente al departamento de Tráfico".

Fuentes de la Dirección de la Guardia Civil indicaron ayer que los tres oficiales continúan en sus puestos y destinos, y se espera una resolución del juzgados ordinarios «para decidir sobre el caso».