El Norte de Castilla

Rechazan utilizar autobuses para trasladar a militares por riesgo terrorista

Sede de la Aalog 61, en la base militar del Empecinado, en Santovenia de Pisuerga.
Sede de la Aalog 61, en la base militar del Empecinado, en Santovenia de Pisuerga. / F. JIMÉNEZ
  • CGT y UGT solicitaron al Juzgado de lo Social que se cumpliera este punto del convenio, suspendido tras los atentados de ETA

Por segunda vez consecutiva en dos años el Juzgado de lo Social 3 de Valladolid ha desestimado la pretensión de representantes de los trabajadores civiles de la Agrupación de Apoyo Logístico 61 (Aalog), con sede en Santovenia de Pisuerga, de que se cumpliese el convenio colectivo, donde se recoge un acuerdo con el Ministerio de Defensa para trasladar a diario al personal en vehículos hasta acuartelamientos. Esta circunstancia se pactó como medida socio-laboral, al igual que realizan otras administraciones, como la Junta o Instituciones Penitenciarias.

Hasta el año 1995, Defensa establecía rutas de transporte por la capital con autocares que recogían a empleados civiles y militares para trasladarles hasta dependencias castrenses. Sin embargo, fue a raíz de los atentados de ETA de esos años cuando se optó por suspender dichos viajes de forma colectiva alegando medidas de seguridad.

El abandono de la lucha armada, anunciado por ETA hace cinco años, y el traslado definitivo de la Aalog 61, en enero del 2015, del barrio de la Rubia a la base del Empecinado, dio lugar a que UGT y CGT reclamasen la reposición de dicho traslado en autocares. Los representantes en el Comité de Empresa de Defensa calculan que los trabajadores realizan unos 180 kilómetros a la semana de ida y vuelta a Valladolid, lo que supone un gasto anual en combustible de cerca de 1.496 euros.

Aunque en un auto de abril del 2014 el Juzgado de lo Social rechazó en este conflicto colectivo la pretensión sindical, afirmando que el acceso a Santovenia solo era posible por la carretera de Cabezón, lo que suponía una «vulnerabilidad importante» en caso de atentado, los sindicatos volvieron a reclamar los autocares tras la apertura de la nueva Ronda Exterior (VA-30) en julio de 2015, que tiene una salida cerca de la base militar.

En un nuevo auto, la jueza de lo Social recuerda que esta obligación de transporte del Ministerio de Defensa «está condicionada cuando las medidas de seguridad así lo aconsejan (...), y a día de no se dan las mismas para restablecer dicho servicio».

Para desestimar la petición sindical, la magistrada se apoya en un informe del Abogado del Estado que sostuvo que se mantiene la situación de Alerta A+, «la cual ha sido acreditada por el Ministerio de Defensa mediante la aportación de documentos públicos. La situación de alerta persiste en cuanto la banda terrorista ETA, a día de hoy, no ha renunciado de forma incondicional al uso de las armas, ni ha manifestado un pleno respeto al Estado de Derecho, y no se ha producido la plena integración de la banda terrorista en las instituciones democráticas», dice el auto.

Fuentes del Comité de Empresa de Defensa reconocen que su reclamación se ha complicado más después de los atentados yihadistas de Francia y Bélgica ocurridos en 2015.