Cerca de 7.000 profesores aportan el certificado antipederastia

Alrededor de 6.800 profesores, tanto de la enseñanza pública como de la privada concertada de la provincia de Valladolid, han aportado ya el Certificado Negativo antipederastia, que les permite poder ejercer la profesión docente de acuerdo con una modificación de la ley de Protección Jurídica del Menor, que entró en vigor en julio del año pasado.

Esta nueva regulación exige a todas aquellos profesionales que trabajen con niños o adolescentes la obligación de aportar un certificado negativo de no haber sido condenado con sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye conductas como los abusos sexuales, la corrupción de menores, el exhibicionismo o la pornografía infantil.

A finales del curso pasado, la Consejería de Educación comunicó a los directores de los centros la obligación de todos los docentes de aportar este certificado, que expide el Ministerio de Justicia.

Aunque desde la Junta se llegó a advertir de que se abriría expediente a partir de septiembre, que podría derivar en una posible sanción a todos aquellos que no lo entregasen, fuentes de la Consejería han indicado que «se han aportado todos» después de que se facilitase con una aplicación informática la expedición del mismo a través de este departamento.

Esta era una cuestión que generó malestar entre los sindicatos educativos, que cuestionaron el requisito de la ley, y las demoras que se registraban al pedirlo de forma individual al Ministerio de Justicia.

En la provincia vallisoletana ejercen, según fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), 4.800 profesores en la escuela pública y alrededor de otros 2.000 en centros privados y concertados. Atodos ellos, la Junta se lo ha exigido. En Castilla y León ambas cifras alcanzan los 26.500.

La exigencia de este documento a los docentes, que también incluye a otras profesiones como los empleados en los comedores escolares, en gimnasios, entrenadores deportivos, monitores de ocio, o catequistas, mantiene todavía puntos sin resolver.

Entre ellos figura el plazo de vigencia de dicho Certificado, y si es preciso entregarlo cada curso. «Hay preguntas que se quedan en el aire, cómo cuando habrá que hacer unos nuevos. El documento certifica si hay o no condena en ese momento, pero las circunstancias pueden cambiar. En todo caso por los profesores no va a quedar cualquier actuación para perseguir este tipo de delitos, pero tenemos dudas de que con este procedimiento se logre», dijo Pedro Escolar, portavoz de STE.

Desde este sindicato se ha pedido a Educación que aclare si la autorización que dieron los profesores para tramitar el Certificado es para toda la vida o temporal.

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