La ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid, cerca del colapso

La ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid, cerca del colapso
  • La concejalía detecta reticencias de los usuarios a contratar servicios privados y pide más apoyo a la Junta

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Preocupados. Y mucho. Responsables y técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales advierten de que o se toman cartas en el asunto o el servicio de ayuda a domicilio para mayores de 65 años se podría colapsar. El Ayuntamiento acumula una lista de espera en esta prestación de 335 personas, una cifra récord y que va a ir a más en los próximos meses si alguien no pone remedio. Las razones son dos, según explican en el área. Primera, desde que en julio de 2015 se incorporó el grado 1 de dependencia –la más moderada–, el número de veteranos a los que se le ha reconocido esta condición se ha disparado considerablemente. Segunda, los mayores así clasificados y que tienen derecho a la prestación vinculada –la Junta les aporta el dinero para que ellos busquen una empresa en el mercado privado– o son incapaces por su estado y edad de gestionar esa contratación o prefieren que sea la Administración Local la que les atienda.

El departamento encabezado por la edil Rafaela Romero está realizado, a través de los centros de acción social, entrevistas personales a los mayores que esperan recibir ese necesario respaldo profesional en sus hogares para conocer su situación y urgencia. De las 137 personas encuestadas hasta el momento, 79 (58%) tienen reconocido el derecho a la prestación vinculada. Sin embargo, únicamente doce han acudido al mercado privado. Pero ojo, porque los pocos que lo han hecho se mantienen inscritos en la lista ‘oficial’ a la espera de que sea el Consistorio el que les ofrezca el apoyo. Confían más la supervisión municipal, según sostiene la concejala.

¿Por qué el 85% aún no lo ha tramitado? Según este informe, el 15% alega motivos económicos, ya que tiene que adelantar el dinero y justificar el pago para que el Ejecutivo regional les reintegre las cantidades, otro 13% expresa desconfianza en las empresas privadas, el 10% alega dificultades para poder gestionarlo y el 4% no cuenta con respaldo familiar en una ayuda sensible al conllevar la entrada de personas extrañas en sus domicilios. El Ayuntamiento estaría dispuesto a incorporarlos a su nómina de beneficiarios, pero las arcas municipales no dan para más.

«Son gente mayor, con problemas de salud importantes, se sienten desprotegidas y recurren a nosotros», explica Romero, quien recalca que «no estamos en contra del sistema de la prestación vinculada», pero se está confirmando como ineficaz para un sector de población al que le queda muy grande buscarse la vida para contratar la asistencia y realizar trámites y pagos.

A día de hoy, el Ayuntamiento atiende en este servicio, adjudicado a la empresa Clece, a un total de 3.101 usuarios, que reciben un apoyo en sus hogares de entre 11 y 70 horas mensuales, dependiendo de su estado y del grado de dependencia reconocido. El coste de esta prestación, muy bien valorada por los que la utilizan, asciende a 5.820.000 euros, de los que 4,4 son aportados por la Junta y el resto salen del presupuesto municipal. Los beneficiarios, dependiendo de sus rentas, también aportan un porcentaje. La concejala de Servicios Sociales recuerda que las cuentas municipales han sido chicle para poder seguir financiando la atención. Se arrancó con una consignación de 733.500 euros, pero el incremento de solicitudes ha obligado a ir sumando nuevas aportaciones hasta los 1,3 millones en el presente ejercicio «cuando en principio el Ayuntamiento únicamente tendría que poner medio millón».

Romero ofrece un dato que habla de necesidades perentorias en una ciudad envejecida. «En 2011, el 21,2% de la población de Valladolid tenía más de 65 años, el pasado año el porcentaje ya había subido al 24,8% con una esperanza de vida cada vez mayor; eso nos va a obligar a prestar cada vez más horas de ayuda», avanza la edil. Según las estimaciones de los técnicos de su área, el dinero necesario para sostener el sistema en 2017 sería de 6.650.000 euros, a los que habría que sumar una partida de 200.000 euros cada ejercicio para financiar nuevas incorporaciones.

Con este panorama, Rafaela Romero muestra su inquietud porque en pleno diseño de las cuentas municipales aún no sabe qué dinero llegará de la Junta de Castilla y León para la financiación de servicios sociales dentro del acuerdo marco, que este año ha supuesto una inyección de más de nueve millones de euros, cantidad, que, a juicio de la concejala, es escasa para unas necesidades crecientes.

«Llevo dos meses esperando que el gerente me reciba y sin tener una confirmación por escrito de esa transferencia, no se puede consignar la partida en los presupuestos», explica. Por ello Romero urge a mantener una reunión para abordar una situación que preocupa. Y mucho.