El Norte de Castilla

El juicio contra los 'charlines' se convierte en un duelo de interpretaciones

  • Los abogados del clan gallego, cuyos miembros se enfrentan a siete años de cárcel, califican de «auto de fe» el informe policial que les vincula con la compra de heroína

«Pues sí, Yolanda se apellida Charlín y su padre (José Luis) ha cumplido veinte años de prisión por narcotráfico, pero eso no la convierte a ella en narcotraficante sin prueba alguna que lo demuestre», alegó ayer el abogado defensor de Yolanda Charlín, la sobrina del histórico líder del clan gallego, Manuel Charlín –José Luis es su hermano–, quien comparte banquillo estos días con su marido Walter y con un amigo, Víctor Ramón, acusados de comprar una partida de seis kilos de heroína a la red liderada por el traficante vallisoletano Carlos Pérez, su exnovio (él ha confesado ser el cabecilla), a finales de 2013.

La fiscal, de hecho, considera que los tres sí cerraron aquella operación en sendas visitas a Carlos realizadas por Víctor Ramón, el presunto compinche del matrimonio gallego, y la pareja los días 28 de noviembre y 1 de diciembre. Y lo hace sobre la base, eso es cierto, de indicios, identificaciones y deducciones policiales sustentadas por los pinchazos de sus teléfonos móviles.

«Los policías sitúan a Víctor Ramón en el laboratorio de Fuensaldaña –donde la red elaboraba la droga– el día 28 y Yolanda y Walter reconocen que comieron con Carlos tres días después en Valladolid», recordó la representante del Ministerio Público antes de incidir en que fue precisamente durante aquella comida cuando Carlos le pidió al responsable del laboratorio «otros seis». Mucha casualidad si se tiene en cuenta que tres días después, el 4 de diciembre, fue interceptado un envío de seis kilos de heroína en un coche con destino, a juicio de los agentes y de la fiscal, a Galicia. «Qué casualidad», espetó la acusadora pública antes de aclara que existe «prueba indiciaria suficiente para condenar por tráfico de drogas a los tres y pertenencia a grupo criminal». Por estos delitos solicita una pena de 6 años y 10 meses de prisión para cada uno, algo menos de su petición inicial de 8 años.

¿Será suficiente? Pues los abogados de la ‘conexión gallega’ entienden, claro, que no. «Lo único que tenemos contra Yolanda es una llamada, que ella misma reconoce, en la que queda con Carlos para ir a comer a su casa junto a su marido y sus tres hijos como habían hecho otras muchas veces», explicó su letrado, quien incidió en que «nadie puede reprocharle a Yolanda a quién elige como amigos, pero eso no implica que participe de sus negocios ilícitos».

Así que el abogado siguió por esta línea y tildó de «acusaciones gratuitas» las afirmaciones de los policías que «la sitúan en la órbita del narcotráfico cuando lo cierto es que nunca ha sido condenada por este motivo». Yolanda, añadió, «cometió un error hace veinte años –ella y el propio Carlos, su novio entonces, fueron detenidos y condenados por el secuestro de un ciudadano turco– y lo ha pagado con siete años de cárcel». Cuatro, en realidad, estuvo entre rejas y «desde su salida ha ordenado su vida, es madre de tres hijos y cuenta con un trabajo estable en una gasolinera». Aquello, prosiguió, «le sirvió de lección».

Así que, a juicio del letrado, «Yolanda tiene derecho a que se acabe este calvario que surge de un auto de fe policial». Estas palabras fueron recibidas con un emocionado «¡Sí, señor!» por la propia Yolanda Charlín, a la que le faltó aplaudir el alegato.

Menos efectista, aunque en una línea similar, fue la intervención del defensor de su marido Walter: «La fiscal quiere criminalizar una comida familiar como si fuera una reunión mafiosa, pero lo cierto es que ni una sola prueba lo acredita más allá de esa llamada de Carlos –las defensas piden a mayores la nulidad de las escuchas– para pedir ‘otros seis’». En cuanto al último acusado, Víctor Ramón, su abogado incidió en que «se enfrenta a una acusación huérfana de prueba cuando lo único a lo que se dedica es a vender coches –a eso, en teoría, vino a Valladolid–».

El juicio, en el que seis de los nueve acusados han asumido su culpabilidad –todos menos los tres gallegos–, quedó visto para sentencia. Los magistrados dirimirán si el apellido Charlín supone un estigma o una realidad vinculada al narcotráfico.