El Norte de Castilla

El Ayuntamiento aprueba la enajenación mediante subasta de dos parcelas en ‘Las Eras’

  • El propósito municipal es que se destinen a vivienda de protección pública en la modalidad de precio general

La Junta de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana el expediente de contratación para la enajenación mediante subasta de las parcelas residenciales FN3 y FN4 del ámbito ‘Las Eras’, situadas entre las calles Mieses, Trilla y Sementera, en donde estuvieron ubicadas las dependencias del Servicio de Limpieza.

El tipo mínimo de licitación, excluidos los impuestos, es de 4.014.669,65 euros, que resulta de detraer del valor total del suelo, 4.721.250,00 euros (según la tasación que obra en el expediente y que ha sido realizada de acuerdo con la Guía Metodológica para las Valoraciones Municipales aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de septiembre de 2014).

Este ingreso, 4.014.669,65 euros, está previsto en el vigente presupuesto municipal. El importe de las parcelas no supera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.

De esta cantidad. 706.580,35 euros corresponden a los costes estimados de demolición de las edificaciones existentes en dichas parcelas, así como los de tratamiento y urbanización de la parcela colindante, como espacio libre ajardinado, costes que han de ser asumidos por el adjudicatario.

Las parcelas tienen una superficie total cercana a los 4.000 metros cuadrados y su edificabilidad suma 15.000 m2.e. Ambas, que constituirán un único lote en orden a su adjudicación, son de propiedad municipal, tienen el carácter de patrimoniales, están calificadas como de uso residencial de acuerdo con la ordenación establecida en el PGOU y no forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo. El plazo para la presentación de las ofertas es de treinta días hábiles.

El propósito municipal es que dichas parcelas se destinen a vivienda de protección pública en la modalidad de precio general, con posibilidad de locales comerciales en planta baja, tal y como se acordó en el Pleno del 7 de mayo de 2002.