El Norte de Castilla

El Procurador da la razón al PP y reclama información sobre los móviles del Ayuntamiento

  • Los 'populares' recuerdan que no es la única queja que han presentado por «ocultación» de información a la oposición

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho pública este jueves la resolución por la cual el Procurador del Común reclama al alcalde, Óscar Puente, que remita a la oposición toda la información solicitada sobre el inventario de los teléfonos móviles de propiedad municipal y quién los usa.

En la resolución se expone no obstante que la Institución solicitó al Ayuntamiento información sobre esta reclamación del PP, que pidió la información por primera vez en octubre de 2015, a lo que el equipo de Gobierno apuntó que el concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Alberto Bustos, había remitido por email una información sobre los terminales de telefonía móvil que los 'populares' consideraron insuficiente.

El escrito del Procurador del Común resuelve que la Alcaldía de Valladolid debe remitir una respuesta formal a todas las solicitudes que presenten los concejales de la Corporación «en ejercicio del derecho a la información» en el plazo de cinco días naturales desde su recepción. Además, señala que debe emitir el informe en el que se especifiquen los datos que hasta el momento no hubieran sido facilitados al concejal del PP Jesús Enríquez, quien presentó la solicitud el 8 de octubre de 2015.

El Grupo Popular interpreta, como han explicado Enríquez y el presidente de la formación, José Antonio Martínez Bermejo, en rueda de prensa, que el Procurador «conmina a la Alcaldía» a que cumpla con sus obligaciones legales de facilitar a los concejales la información que le soliciten en el ejercicio de su función.

Los 'populares' han recordado que la información solicitada en ese caso era la relativa al uso por parte de la corporación municipal, de teléfonos móviles de titularidad pública e inventariados, con los datos asociados a los mismos, todo ello derivado de la polémica que se produjo en octubre de 2015, cuando el nuevo alcalde de la ciudad obligó a varios ediles del PP a devolver los terminales móviles que aún tenían en su poder varios meses después del cambio en la Corporación municipal.

Según ha reconocido Enríquez, el edil Alberto Bustos le remitió una información al respecto por correo electrónico que considera incompleta y que no cumple el procedimiento formal exigido, pues consideran que debería ser el alcalde quien emita la respuesta oficial.

Martínez Bermejo ha apuntado que ahora el alcalde tiene un plazo de dos meses para aceptar o no la resolución del Procurador del Común. En el primero de los casos, se abriría un nuevo periodo de cinco días para que se remita la información completa requerida por el Grupo Popular y, en el segundo, supondría que el Ayuntamiento sería «incumplidor de las resoluciones del Procurador».

Otras cuatro quejas

El PP ha recordado que en el escrito enviado al Procurador en el que se hacía referencia a la falta de información sobre este caso se incluyeron otras cuatro quejas, de las que también fueron admitidas a trámite las relativas a el gasto que supuso la Fiesta de la Moto 2016, el contrato de los Comedores Escolares en el verano de 2015 y la información relativa al proyecto ferroviario a la que tiene acceso el Ayuntamiento como miembro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

La quinta queja quedó en suspenso al encontrarse en trámite judicial y es la relativa a información asociada a la exigencia a la oposición de justificación de sus asistencias, publicación de agendas y la compensación por asistencia a órganos colegiados.

El Grupo Popular ha conminado a Puente a que acepte y cumpla la resolución «si no quiere sumar a su deliberada falta de transparencia y de ocultación de información a la oposición», al tiempo que han censurado que «por desgracia» la «actitud ocultista» de la Alcaldía «no se limita al supuesto de la queja presentada», sino a muchas otras informaciones solicitadas por el PP en el ejercicio de su labor de oposición.

Por ello, han reconocido públicamente la «eficiencia, constancia y profesionalidad» de la institución del Procurador del Común que «con su trabajo frena la actitud política partidista, como es el caso de lo actuado por la Alcaldía de Valladolid».

Asimismo, Enríquez ha recalcado que el Grupo «no cejará en el empeño» de reclamar la información necesaria al equipo de Gobierno para que «los ciudadanos sepan en qué se gasta su dinero».