La Policía sanciona a dos hoteles por no comunicar datos de sus clientes

Unos clientes esperan en la recepción del hotel.
Unos clientes esperan en la recepción del hotel. / A. Q.
  • Interior recuerda, ante la alerta de terrorismo yihadista, la obligación de informar en 24 horas sobre la identidad de huéspedes

El Cuerpo Nacional de Policía ha sancionado en lo que va de año a dos hoteles de Valladolid por no comunicar o dar incompletos los datos de clientes que se habían alojado en sus establecimientos. Las propuestas de sanción por infracción leve, que comportan multas de entre 100 y 600 euros, se realiza de acuerdo con la legislación que está en vigor desde el año 2003, sobre los libros de registro de entradas de viajeros en establecimientos de hostelería, una normativa cuyo celo se ha visto incrementado por los atentados terroristas yihadistas ocurridos este 2015.

Además, se ha producido la entrada en vigor de la ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en la que se establece que tanto «las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos (...) quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información» para facilitar a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía Nacional dispone en la capital de un grupo especializado en el cumplimiento de la normativa turística, relacionada con los alojamientos. Entre sus cometidos se encuentra la supervisión de los datos de hospedaje no sólo en hoteles, sino también en pensiones, hostales, bungalows, campings, y apartamentos turísticos. Estos controles también los realiza la Guardia Civil en poblaciones más pequeñas.

Desde julio del 2003, los dueños de establecimientos de hospedaje están obligados a cumplimentar el libro de registro, así como a presentar o remitir a las correspondientes comisarías o puestos de la Guardia Civil, el parte de entrada de los viajeros.

Muchos clientes desconocen que los datos que el hotel debe de facilitar no son sólo del que hace la reserva, se hospeda o paga la factura, sino de todos los que se alojan, incluidos los menores. Según los hoteles, con esas edades nadie se puede hospedar si no está acompañado de un adulto.

Los datos de los clientes que hay que comunicar son los que figuran en el DNI, pasaporte, o carné de conducir, con la fecha de expedición del documento, la nacionalidad, fecha de nacimiento y de entrada. La ley fija la obligación de comunicar los datos de la hoja de registro «inexcusablemente» antes de las 24 horas de la entrada, una comunicación que aunque tradicionalmente se ha venido realizando mediante fax, se ha actualizado desde hace meses mediante una aplicación informática, que conecta en el acto con la base de datos del Ministerio de Interior.

De la eficacia del sistema lo demuestran algunas visitas a hoteles.

«Es verdad que en este año han venido a comprobar cuando tuvimos una pareja de nacionalidad marroquí alojada. A las pocas horas de remitir los datos al Registro, la Policía se presentó en el hotel para conocer más detalles sobre estos huéspedes», explica una responsable de un hotel de la capital.

Apartamentos turísticos

Aunque las supervisiones policiales en los locales tradicionales parecen funcionar bien, no es menos cierto que los agentes reconocen que no pueden supervisar los alojamientos que se realizan en los llamados apartamentos turísticos, puestos en marcha por particulares sobre todo desde la crisis. Se trata de pisos de particulares que se anuncian en redes sociales o páginas de Internet. En este punto tanto Policía como los dueños de hoteles coinciden. Es la Junta de Castilla y León la que tiene el control de los pisos vacacionales, y la que posee competencias sobre inspección y sanciones en materia de turismo.

Los hoteles insisten en que estos pisos les hacen la competencia, sin que paguen impuestos ni estén sometidos a controles.

Molestias a los viajeros

Noelia Esteban, miembro de la Asociación Provincial de Hostelería, que agrupa a propietarios de hoteles, pensiones, hostales, restaurantes y bares, asegura que los locales de Valladolid tratan de cumplir con la normativa.

«Es cierto que en ocasiones nos vemos un poco indefensos. Por un lado, porque pedimos los carnés de los que se alojan y, por otro, si alguno no se incorpora a la ficha se nos sanciona. Muchos se sienten molestos y te dicen que no tienen en ese momento el carné, que se lo han dejado en el coche, y por qué no basta con el de su marido. Tratamos de ser flexibles. Pienso que la labor de los hoteles no es la de controlar a los clientes».

Un decreto de 1959 establece la obligatoriedad de que «toda persona mayor de dieciséis años que ingrese en uno de estos establecimientos deberá de firmar el parte de entrada». Al mismo tiempo, otro decreto de 1965 recoge no sólo esta obligación, y la de llevar un libro de registro, sino que define lo que son alojamientos turísticos, e incluye a los albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, ciudades de vacaciones o establecimientos similares «destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas».

A pesar de que han sido dos las propuestas de sanción por irregularidades en los datos de los clientes, fuentes de la Comisaría Provincial insisten en que «el grado de cumplimiento de la normativa de viajeros es, en general, alto o muy alto, especialmente cuanto más grande es el hotel o si pertenece a una cadena». Tras la entrada en vigor de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, los agentes de Valladolid han informado a los representantes de los establecimientos de hostelería de cómo les afecta y las obligaciones que tienen.

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