Justicia, desbordada por la avalancha de certificados penales antipederastia

La Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valladolid, que comprende a cinco provincias de la comunidad autónoma, se está viendo desbordada por la petición de certificados de antecedentes penales negativos de profesionales como profesores, monitores de tiempo libre, de campamentos, socorristas, entrenadores, supervisores en comedores escolares infantiles o catequistas, entre otros, con los que deberán de acreditar no haber sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores.

Este certificado de penales es obligatorio después de que entrase en vigor la nueva ley, el pasado mes de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, mediante la cual el Estado ha adaptado la legislación de 1996 de Protección Jurídica del Menor, introduciendo además cambios que permiten prevenir los abusos sexuales y los malos tratos. Los casos de pornografía infantil y de abusos a niños, registrados en la última década, están en el transfondo de estos cambios.

Con la nueva ley 26/2015 se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales en el que se recogerá a partir de ahora datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas contra la libertad e indemnidad sexuales. Este tipo de condenas incluyen las de abuso sexual, acoso, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, explotación y corrupción de menores.

Requisito para trabajar

La certificación se justifica en el artículo 13, en cuyo apartado 5 se recoge que «será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme», por algún delito sexual o corrupción de menores. La nueva norma exige, tanto a las administraciones públicas como empresas privadas, que tengan actividades relacionadas con los niños, que puedan demandar a sus empleados una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

En el caso de Valladolid, el departamento encargado de emitir estos certificados de penales, previo pago de una tasa por importe de 3,70 euros, es la Gerencia Territorial de Justicia (en Burgos hay otra).

Desde septiembre pasado, este órgano ministerial, que tiene su sede en el edificio de Usos Múltiples, ha doblado el número de solicitudes en el último trimestre respecto al mismo periodo del 2014. Así, si en septiembre del año pasado las peticiones de antecedentes penales fueron 315, éste alcanzaron las 846, de las cuales 297 se realizaron a través de ventanilla y 99 por fax.

En octubre de este año fueron 1.045 (406 en el mismo mes de 2014) y en noviembre han sido las 1.562, de las cuales 790 se han cursado a través de la ventanilla. En ese mismo mes del 2014, los certificados de antecedentes penales apenas llegaron a los 307. En Valladolid, dos funcionarios se encargan de entregar el certificado en el acto.

El malestar por este apartado de la ley ha llegado incluso a los sindicatos, a los que trabajadores se han dirigido para consultar sobre la legalidad y pasos a seguir una vez que las empresas han comenzado desde hace unas semanas a pedir las certificaciones antipederastia.

En el caso de las administraciones públicas, la Consejería de Educación se ha puesto en contacto con la Gerencia de Justicia para concretar el modo en el que se puede expedir el certificado para los docentes de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Se estima que alrededor de 7.000 profesores de Valladolid (34.500 en la región) han de aportar el certificado. Por ello se estudia realizarlo mediante una aplicación.

Datos sensibles, dice STE

«Los profesores estamos de acuerdo con la ley, pero expresamos nuestro malestar por el proceder de las Administraciones Educativas por no informar convenientemente a sus trabajadores», dice Pedro Escolar, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STE).

El representante sindical añade que «nos oponemos a la exigencia del certificado de penales porque consideramos que la exigencia de mismo constituye una vulneración a nuestro juicio del derecho a la intimidad del trabajador. El certificado incluye información sensible en manos de la Administración o patronal que puede condicionar contratos».